Reabierta la causa contra 22 controladores de Palma por el cierre del espacio aéreo de 2010

• Para la Audiencia Provincial de Baleares es prematuro el sobreseimiento
• El tribunal asegura que aún faltan diligencias por practicar

La Audiencia Provincial de Baleares ha acordado reabrir las investigaciones contra 22 controladores que fueron imputados por el abandono masivo de sus puestos de trabajo al inicio del puente de la Constitución de 2010 que se saldó con el cierre del espacio aéreo. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia, la instrucción fue sobreseída de manera prematura sin realizar todas las diligencias necesarias para corroborar que, como sostenía la juez, no había indicios de delito.

De esta forma el tribunal de la Sección Segunda ha revocado el auto por el que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Ana Cameselle, archivó el pasado mes de marzo la causa contra los controladores por considerar que los hechos no eran constitutivos de un delito de sedición por el que fueron encausados en el marco de estas investigaciones.

La Sala argumenta su decisión en que no puede afirmarse en este momento que los hechos imputados a los 22 controladores aéreos no sean típicos (que no se ajusten a un delito descrito en el Código Penal, delitos 19 y 20 de la Ley de Seguridad Aérea o 544 a 549 ­-sedición- y 409 del CP) y que la instrucción no ha finalizado.

Faltan diligencias por practicar

Según el auto, es prematuro el sobreseimiento, ya que faltan diligencias por practicar, como un informe forense sobre la supuesta afectación psicopatológica de los controladores aéreos los días 3 y 4 de diciembre, cuando se produjeron los hechos.

"Hay posibles comportamientos delictivos que impiden el sobreseimiento de la causa en este momento y exigen la continuación de la investigación", destaca en su auto el juez ponente, Juan Jiménez, que recuerda que muchas de las bajas por ansiedad y nervios que justificaron el abandono de las funciones de los controladores carecían de amparo médico.

Los jueces de la Audiencia destacan que "tras la declaración del estado de alarma (por parte del Gobierno) cesaron las indisposiciones y los incidentes", por lo que es preciso un informe forense que aclare "si es posible y creíble una explosión epidémica de tal intensidad".

"Necesario es contar con información forense acerca de la credibilidad y alcance de las manifestaciones de los afectados, incidiendo de forma ilustrativa sobre la aparente capacidad terapéutica del real decreto que declaró el estado de alarma", inciden. En su resolución, la Audiencia recoge parte de las comunicaciones de los controladores que fueron grabadas entre el 3 y el 4 de diciembre de 2010.