Procesados 32 responsables de Fórum Filatélico por estafar 3.702 millones a 270.000 perjudicados

• El magistrado fija una fianza por esa cantidad que deberán pagar 22 de ellos
• Esa cantidad es la "estimación resultante del cálculo del perjuicio económico"
• El juez dice que los directivos llevaron a cabo un "fraude piramidal"
• Ruz señala que vendían sellos a un valor muy superior al del mercado

Ocho años de instrucción

El escándalo de los sellos estalló en 2006, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó sendas querellas contra Afinsa y Forum Filatélico por presuntos delitos contra la hacienda pública, estafa, blanqueo de capitales e insolvencia punible, entre otros, obligando a ambas empresas a declarar el concurso de acreedores y dejando atrapados a miles de pequeños ahorradores.

Durante los ocho años que ha durado la instrucción, la causa ha acumulado una pieza principal con más de 68.000 folios y piezas separadas que suman miles de tomos y más de un millón de folios. A modo de ejemplo, la pieza separada de denuncias cuenta con un total de 1.137 tomos y 290.000 folios.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado a 32 responsables de la empresa Fórum Filatélico e impone a 22 de ellos una fianza 3.702 millones de euros para hacer frente a las responsabilidades civiles a las que pudieran ser condenados. Esta presunta estafa afectó a un total de 269.203 clientes.

A través de un auto, el juez Ruz da por finalizada la investigación -iniciada por querella de la Fiscalía Anticorrupción, que ha impulsado el procedimiento- de una de las estafas de mayor envergadura de los últimos tiempos, tanto por el volumen de perjudicados como por las cantidades defraudadas. En concreto, calcula que Fórum captó más de 11.000 millones de euros de 2000 a 2005.

El magistrado procesa a los 32 responsables y colaboradores de Fórum, en distinto grado de participación, por delito continuado de estafa cualificada, falseamiento de cuentas anuales, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Además, impone a 22 de ellos una fianza de responsabilidad civil de 3.702 millones de euros con los que hacer frente a una eventual condena, "estimación resultante del cálculo del perjuicio económico" causado.

Entre los procesados se encuentran todos los miembros del Consejo de Administración, integrado por el consejero delegado, Francisco Briones, y los consejeros Miguel Angel Hijón Santos, Juan Maciá Mercader, Francisco José López Gilarte y Agustín Fernández Rodríguez.

Ruz reactiva la orden de busca y captura para su ingreso en prisión del huido José Manuel Carlos Llorca, y deja fuera del procesamiento a otras 15 personas.

Inflaban el precio de los sellos

Según el juez, los clientes pagaron por los sellos unos precios muy superiores a los que podían conseguir en el mercado filatélico, mientras que la sociedad se obligaba a su vez a recomprárselos más caros para abonarles la rentabilidad garantizada.

"Fórum Filatélico no contaba con el patrimonio suficiente ni generaba los recursos necesarios para hacer frente a esos elevados compromisos de pago debido a los enormes gastos de mantenimiento de su actividad, al exiguo resultado de sus inversiones y el escaso valor de su patrimonio filatélico referenciado a sus propias listas manifiestamente sobrevaloradas", recalca el auto.

Como prueba de que inflaba el valor de los sellos, menciona que la sociedad valoró su colección en más de 4.300 millones, cuando los precios de catálogo eran once veces menor, de forma que si hubiera querido liquidarla, a precios de 2007, habría conseguido 86 millones.

Mecanismo "defraudatorio piramidal"

Encabezados por Briones, los responsables desarrollaron un mecanismo "defraudatorio piramidal", en el que ofrecían a sus clientes renovar sus inversiones, de manera que con las aportaciones de los nuevos se pagaban las desinversiones y rentabilidades de los antiguos, a quienes se hacía creer que las cantidades abonadas procedían de la revalorización de sus sellos.

Un sistema que pudo sostenerse gracias a la "incesante" labor de una extensa red comercial "fuertemente incentivada" e integrada por más de 4.500 personas que solo en gastos de comisiones y dietas, al margen de los sueldos, entre 2002 y 2006, percibieron más de 178 millones.

Puesto que comercializaba bienes tangibles, no podía captar ahorro ofreciendo una rentabilidad garantizada, por lo que "tenía que instrumentar sus operaciones y contabilizarlas de forma que no aflorase la naturaleza subyacente de su actividad".

Con este propósito, se utilizó un sistema de contabilidad en el que aparecían en positivo fondos que en realidad eran negativos. En 2006, fecha de la intervención, esas cifras negativas superaban los 2.800 millones.

Para esta práctica, contaron con la colaboración "imprescindible" de José Carrera Sánchez, socio de Carrera Auditores, que durante años dio el visto bueno a las cuentas "aun conociendo que las mismas no reflejaban la realidad".

Fondos transferidos al extranjero

La investigación también desvela que una parte muy importante de los fondos captados fueron a parar a diversas sociedades extranjeras que aparentemente actuaban como proveedores de filatelia, pero que "en realidad formaban parte de una compleja red internacional de sociedades interpuestas al servicio de la actividad defraudatoria".

El juez valora que con esta operativa, en la que contaron con la colaboración de varios despachos de abogados, se detrajeron fondos por valor de cientos de millones de euros. Parte fueron utilizados por los procesados para acometer operaciones inmobiliarias en su propio beneficio, por ejemplo la adquisición de Parque Marítimo Anaga y su posterior venta a Grupo Unido, por la que Llorca se embolsó más de 15 millones.

El juez también revela que varios documentos incautados en la sede de Fórum indican "con claridad" la preocupación de sus dirigentes para que no aflorara su entramado, como dos informes jurídicos encargados por la propia entidad en los que se hace referencia a "actividades realizadas en fraude de ley", a la "ficción" de la revalorización de los sellos e "incluso a eventuales responsabilidades penales".