La Justicia italiana juzgará a 21 latinoamericanos por la Operación Cóndor
- Investiga la desaparición de 23 italianos durante las décadas de 1970 y 1980
- Entre ellos se juzagará a expresidentes y generales de Bolivia o Chile
La Justicia italiana ha ordenado este lunes procesar a 21 miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por los delitos de secuestro y homicidio durante la denominada Operación Cóndor, dijeron a Efe fuentes jurídicas. La Operación Cóndor fue un plan ideado por el dictador chileno Augusto Pinochet que coordinó con los regímenes dictatoriales de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia para la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980.
El juez Alessandro Arturi, que instruye la fase preliminar de este proceso, y que investiga la desaparición de 23 italianos durante las décadas de 1970 y 1980, ha aplazado su decisión sobre once de los uruguayos imputados en espera de recibir más información.
El juicio a los 21 procesados, entre los que se encuentran el expresidente boliviano Luis García Meza Tejada; el general chileno Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, y el expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez, comenzará el 15 de febrero de 2015 ante la Sección Tercera del Tribunal Penal de Roma.
Los militares urugayos imputados
En su dictamen de este lunes, el juez ha separado el caso de algunos de los militares uruguayos imputados, pues, según la información presentada, ya habían sido procesados en su país por el homicidio de los italianos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco Gatti, María Emilia Islas y Juan Pablo Recagno.
Al respecto, el magistrado envió una solicitud al ministro de Justicia italiano, ya que, conforme a la legislación, debe autorizar si pueden volver a ser procesados por los mismos cargos. Se trata del exabogado Juan Carlos Blanco, los militares Jose "Nino" Gavazzo Pereira, José Ricardo Arab, Ricardo José Medina Blanco, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Luis Alfredo Maurente Mata, José Felipe Sande Lima, Ernesto Soca, Jorge Alberto Silveira Quesada y Ernesto Avelino Ramas Pereira.
En otros casos de militares uruguayos, el juez se ha reservado su decisión hasta obtener las sentencias penales de primer y segundo grado con las que fueron condenados en sus países de origen. Estos son el militar Juan Carlos Larcebeau y el exdictador Gregorio "Goyo" Conrado Álvarez Armellino, encarcelado en Uruguay desde 2007 por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985) y que fue presidente de facto de 1981 a 1985.
Por otra parte, el juez Arturi ha eliminado el delito de masacre a los cargos de los 21 imputados, ya que fue introducido posteriormente al inicio del juicio, y confirmó los de homicidio y secuestro.
Líderes de la década de los 80
Mientras se espera la decisión sobre alguno de los uruguayos, los latinoamericanos enviados a juicio son los bolivianos Luis García Meza Tejada -el expresidente que lideró el golpe de Estado del 17 de julio de 1980 y la represión durante su dictadura, que incluyó el asesinato de ocho líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1981- y el general Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980.
Entre los chilenos figuran Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía; el militar Sergio Víctor Arellano Stark, el general Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, el brigadier Pedro Octavio Espinoza Bravo, Carlos Luco Astroza, el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez.
También están imputados el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.
Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez, Martín Martínez Garay, Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.
Los uruguayos son Juan María Bordaberri Arocena, Carlos Calcagno, Pedro Antonio Mato Narbondo y Iván Paulós.
La Operación Cóndor, un plan ideado por el chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.