Los inspectores piden que la renta de políticos y empresarios sea pública y una oficina antifraude

• Habría que modificar la ley de protección de datos para publicar la declaración
• La oficina antifraude incluiría la Fiscalía Anticorrupción y equipos especializados

La organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha reclamado modificar la Ley de Protección de Datos para poder publicar las declaraciones de renta de personas físicas y jurídicas que se presentan en España, sobre todo de políticos y empresarios.

Así lo han señalado los inspectores durante su XXIV Congreso, donde el presidente, Ramsés Pérez Boga, ha reconocido que se trata de una propuesta difícil de implementar y que posiblemente nunca verá la luz. De hecho y ante esta dificultad, proponen empezar primero por empresarios y políticos y avanzar más adelante hacia el resto de ciudadanos.

Según los inspectores, esta medida supondría dar un paso adelante en el estándar de transparencia y mejoraría un clima de conocimiento mutuo que generaría mayor conciencia cívica tributaria.

"Todos conoceríamos lo que declara cualquier contribuyente, lo que evitaría tentaciones de defraudar o no declarar correctamente", señala el documento que han presentado los inspectores durante el congreso, que incluye 34 propuestas de lucha contra la corrupción y la delincuencia económica.

Los inspectores creen que esta medida, que ya se aplica en algunos países como Suecia, supondría un refuerzo en la lucha contra el fraude por el rechazo social que puede causar a una persona que no se presenta declaración el verse descubierto públicamente. Pretende el mismo efecto que la lista de morosos y defraudadores.

En el documento también se propone llevar a cabo un plan de comprobación de representantes políticos y otro de las personas y entidades que se hayan acogido a la amnistía fiscal, al tiempo que reclaman la inclusión en el Plan de Control Tributario de entidades y personas implicadas en supuestos de corrupción y delincuencia.

Creación de un oficina antifraude

Asimismo, reclaman la creación de la Oficina Antifraude (ONAF) como máximo órgano responsable y coordinador en materia de prevención, investigación y represión de la corrupción, delitos de blanqueo de capitales y otros económicos.

Esta oficina, tal y como han explicado, integraría la Fiscalía Anticorrupción y contaría con unidades especializadas en la localización y administración de bienes procedentes de la delincuencia económica. Dependería del poder legislativo y su presidente sería nombrado por el Parlamento. Además, contaría con una forma específica de trabajar y un plan de control con un procedimiento propio.

Pérez Boga ha reconocido que habría grandes problemas institucionales para crear un órgano de este tipo, que estaría a caballo entre varios ministerios (Hacienda, Economía, Interior y Justicia), aunque éste sería el momento para sacarlo adelante porque la opinión pública no está contenta y quiere un cambio ante los numerosos casos de corrupción.

Por otro lado, los inspectores abogan por reforzar la denuncia pública garantizando confidencialidad a los ciudadanos o empleados de empresas e instituciones que quieran transmitir información relevante para la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción.

Asimismo, se muestran partidarios de regular el pago a confidentes para supuestos de denuncia de delitos y no solamente en los casos de contrabando, piden la creación de la policía fiscal y sugieren el reconocimiento a la Agencia la competencia necesaria para investigar los delitos contra la Hacienda Pública.

En este sentido, apuestan por dar a la Agencia competencias para investigar los delitos de blanqueo asociados a delitos contra la Hacienda Pública y a delitos de contrabando y narcotráfico, así como por crear equipos integrados especializados en delitos contra la Hacienda Pública en sentido amplio.

Lucha contra los paraísos fiscales y la corrupción

Los inspectores piden volver a establecer una lista internacional de paraísos fiscales y territorios cooperantes actualizada y ampliada. Asimismo, creen que hay que tipificar como infracción tributaria o como delito el ofrecimiento de productos o servicios destinados al fraude.

Por otro lado, consideran que debería ser obligatorio obtener el NIF español cuando se opera en España e identificar a los clientes de filiales y sucursales de entidades españolas en paraísos fiscales. Además, reclaman la implantación de la tasa sobre transacciones financieras internacionales.

A nivel internacional, proponen considerar el intercambio automático de información, obligar a los bancos a proporcionar información de la entidad de los clientes de sus filiales en paraísos fiscales y promover en España la revisión de los acuerdos de intercambio firmados con paraísos fiscales como Andorra.

De otro lado, los inspectores proponen aprobar una ley anticorrupción, modificar el Código Penal, negar el indulto a cualquier condenado por delito fiscal, delito contable o delitos económicos, supuestos de inhabilitación en casos de corrupción, así como la creación de los juzgados especializados en delitos económicos.

En cuanto al control y la gestión del gasto público, los inspectores piden revitalizar el Tribunal de Cuentas, evitar la politización de la Autoridad Fiscal y establecer en los Presupuestos del Estado y de las comunidades un sistema de valoración de la eficacia del gasto, entre otras cosas.