La ley de seguridad ciudadana inicia su trámite con toda la oposición en contra

• Interior cree que la ley respeta el equilibrio entre seguridad y libertad
• Para la oposición es "represiva, innecesaria, fascista y mordaza"
• Varias plataformas han protestado a las puertas del Congreso

La ley de seguridad ciudadana inicia su trámite con toda la oposición en contra

El proyecto de ley de seguridad ciudadana ha arrancado este jueves su tramitación parlamentaria con el único respaldo del PP y el rechazo de toda la oposición en pleno, que la ha tachado de "represiva" e "innecesaria" ante la defensa del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha la calificado de "garantista".

El PP ha hecho efectiva su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para rechazar con sus votos las nueve enmiendas a la totalidad que habían presentado todos los grupos de la oposición contra la ley.

Muy retocada tras las aportaciones de los órganos consultivos y de otras entidades, la iniciativa sigue sin convencer a los grupos parlamentarios.

Un proyecto que ha contado con la férrea defensa de Fernández Díaz, que ha reprochado a la oposición no habérselo leído y haber presentado una "caricatura" del texto con "poco rigor" y "con algunas acusaciones sin fundamento".

El ministro defiende el proyecto de ley

Porque, a juicio del titular de Interior, la futura ley, que sustituirá a la de 1992, "respeta el necesario equilibrio entre seguridad y libertad", es "profundamente garantista" y tiene "perfecto encaje en el ordenamiento jurídico".

El ministro ha dicho que la ley "no trata en absoluto de sancionar más, sino de sancionar con mayores garantías y con menor discrecionalidad".

Cree que su ministerio ha propuesto al Congreso "una ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana acorde a las exigencias del siglo XXI".

La oposición no escatima en críticas al texto

Frente a estas definiciones, la oposición no ha escatimado críticas al texto. "Represiva, innecesaria, fascista o mordaza" son algunos de los calificativos que este jueves han usado los portavoces de todos los grupos de la oposición para definir el proyecto de ley de seguridad ciudadana, cuya toma en consideración se debate en el pleno del Congreso.

Es "la ley de la represión ciudadana", ha sentenciado Isabel Rodríguez, del PSOE, para quien el Gobierno ha conseguido poner en un texto "el sello del PP", poner a todos los partidos en su contra y afrontar una "reforma ideológica" para "reprimir la libertad" de los españoles.

Ha sido el diputado de CiU Feliu Guillaume el único que ha visto algo positivo en el texto -que las manifestaciones no comunicadas sean infracción leve y no grave como hasta ahora-, pero como el resto de los portavoces ha asegurado que la nueva ley impedirá ejercer los derechos fundamentales con el "mismo truco" de la ley de Tasas Judiciales: las sanciones.

Izquierda Plural cree que se quiere "perseguir" la protesta ciudadana

Desde la Izquierda Plural, Ricardo Sixto ha visto en el proyecto una "vuelta más de tuerca" a la intención del Gobierno e "perseguir" la protesta ciudadana, según el diputado, quien ha censurado la "impunidad de la actuación policial" que ampara la iniciativa.

Rosa Díez, de UPyD, ha pedido al Ejecutivo un ejercicio de reflexión después de que toda la oposición haya pedido la retirada de una propuesta que ve "innecesaria", que es "lesiva" también para los policías y que genera "inseguridad jurídica" y problemas "donde no existían".

Por el PNV, Emilio Olabarria ha reprochado el concepto de orden público "perverso" que se desprende del texto, que incrementa el "poder punitivo del Estado" y colisiona con las competencias autonómicas.

Más duros se han mostrado aún los representantes de los partidos minoritarios y, así, Joan Baldoví, de Compromís, ha opinado que con el proyecto "pintan bastos y siempre para los de siempre, los de abajo".

Y la música la ha puesto Mikel Errekondo, de Amaiur, que al son de "mucha policía, poca diversión", ha aludido a la frase de Manuel Fraga "la calle es mía" para resumir su opinión sobre el texto. Para ilustrarla, se ha puesto un mordaza cuando hablaba en la tribuna, pero la vicepresidenta de la Cámara, Celia Villalobos, le ha exigido que se quitara "esa maldita mordaza" porque "aquí se viene a hablar".

Joan Tardá, de ERC, ha exhibido en la tribuna desde la que ha intervenido algunas fotografías de "brutalidad" policial y otras de la "pasividad" de los agentes ante manifestantes con esvásticas para denunciar la actitud en uno y otro caso, y ha tildado el texto de "vergüenza".

La diputada del BNG Rosana Pérez ha considerado que el Gobierno pretende "censurar, silenciar y amordazar cualquier crítica y protesta" y dar una "vuelta de tuerca" a las "ya mermadas" libertades ciudadanas.

Uxue Barkos, de Geroa Bai, se ha dirigido al ministro para decirle que en este proyecto le asiste la "fuerza" de la mayoría parlamentaria, pero "no de la razón", y ha advertido al Gobierno de que no va a poder impedir la protesta de los ciudadanos.

Varias plataformas protestan en el Congreso

Además, los representantes de varias plataformas ciudadanas se han concentrado este jueves a las puertas del Congreso para protestar por la ley que denominan "mordaza".

Diputados de IU -entre ellos el líder de la formación, Cayo Lara- y Compromís, así como el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, han acompañado a estos colectivos y han posado en las escaleras de la puerta de los leones del Congreso con la boca tapada.

Mientras, enfrente, en la fachada del hotel Villa Real, tres activistas de Greenpeace, vestidos de naranja, han tratado de desplegar una gran pancarta contra la ley, aunque la Policía se lo ha impedido finalmente rajando la tela y retirándola.

Los tres miembros de Greenpeace, que habían pernoctado en el hotel para preparar la protesta, han estado unas dos horas sentados en una cornisa de la fachada, en el último piso del edificio, y tras ser identificados por la policía, se han marchado.

Además, los agentes han puesto fin a la concentración de estas organizaciones al desalojarles de la plaza de las Cortes.

Durante la protesta, los manifestantes han coincidido en denunciar que el proyecto de ley es antidemocrático e impide la libertad de expresión y de manifestación.