El PP pide que se siga cazando en parques nacionales y el Gobierno insta a esperar la ley

• El PP en el Senado ha introducido una enmienda a la ley de parques nacionales
• Las ONG creen que no se protegerían los parques con ciertas actividades
• El Gobierno insta a esperar el resultado de la tramitación legislativa

Los lagos de Covadonga, en el parque nacional de los Picos de Europa.

La caza y otras actividades como la pesca y las extracciones mineras podrían estar permitidas sin límite en los 15 parques nacionales españoles si prospera una enmienda presentada a última hora por el PP al proyecto de Ley de Parques Nacionales, que se está empezando a tramitar en el Senado.

Este lunes terminó el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran las modificaciones oportunas al texto aprobado por el Congreso de los Diputados. Al registro de la Cámara Alta han llegado siete propuestas de veto y 278 enmiendas, según informa Servimedia.

El PP, con mayoría absoluta en el Senado, ha presentado 17 enmiendas. La mayoría son de carácter técnico relacionadas con las competencias autonómicas en los parques nacionales, pero la última de ellas esconde una modificación importante respecto de la actual ley de 2007 que afecta a un conjunto de actividades consideradas prohibidas en estos espacios verdes.

Estas limitaciones son la prohibición de la caza, la pesca, las actividades forestales y mineras, los aprovechamientos hidroeléctricos, la tala con fines comerciales, entre otras. Asimismo, los parques deben tener una superficie continua y no fragmentada, una proporción relevante de especies y comunidades propias y un número mínimo de hectáreas.

Enmienda polémica

La enmienda señala que las administraciones públicas promoverán la celebración de acuerdos voluntarios en los casos en que la adecuación de los parques nacionales afecte a derechos de terceras personas y añade una novedad.

"Los plazos anteriores (de cuatro años) se entenderán prorrogados hasta la celebración de dichos acuerdos o la aplicación de cualquier otro procedimiento para el rescate de los correspondientes derechos".

Como ha explicado el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, la ley vigente de parques nacionales daba un plazo hasta 2017 para que las administraciones públicas tomaran medidas para adecuar estos espacios protegidos a la legislación.

Así, el Gobierno y las comunidades autónomas pueden promover acuerdos voluntarios si hay terceras personas afectadas, como los propietarios de terrenos.

La enmienda del PP en el Senado reduce este plazo a cuatro años. Según han señalado varias ONG conservacionistas en un comunicado, la modificación plantea "la no entrada en vigor del régimen jurídico de protección de un parque nacional hasta que el propietario titular de los terrenos no lo decida".

En opinión de Oberhuber, "las prohibiciones se quedan sin aplicación hasta que haya acuerdos voluntarios o la administración indemnice por esos derechos. Como al dueño no le va a interesar un acuerdo voluntario y la administración puede decir que no tiene dinero para indemnizar, todas las actividades prohibidas, que son el corazón de los parques nacionales, estarán permitidas 'sine die'".

El Gobierno insta a esperar el resultado

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha defendido este martes que hay que esperar al "resultado final" de la tramitación del Proyecto de Ley de Parques Nacionales para saber si se abre la puerta a la caza, como aseguran las principales ONG ecologistas.

En declaraciones a los medios, Ramos ha respondido que la ley está en sede parlamentaria, y que hay que esperar al debate de las enmiendas. Ha añadido que "todavía es pronto" y que por lo tanto "no hay nada que decir al respecto", según recoge Efe.

Para el Grupo Parlamentario Popular, estas enmiendas se han presentado con el objetivo de clarificar la situación que afrontan los ayuntamientos y propietarios de terrenos incluidos en estos espacios protegidos.

Su portavoz de Medio Ambiente en la Cámara alta, Vicente Aparici, ha recordado que según la vigente Ley de Parques Nacionales, aprobada por el Gobierno socialista en 2007, los titulares de estos terrenos, perderían en 2017 determinados derechos y dejarían de ejercerlos a cambio de ser indemnizados por el Estado.