El Gobierno aprobará en 2014 la reforma para que las menores requieran autorización para abortar

• Las menores de 16 y 17 años necesitarán la autorización de sus padres
• El Gobierno prevé incluirlo en un plan de apoyo a la familia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El Gobierno prevé aprobar antes del fin de 2014 la modificación de la legislación actual sobre el aborto, para que las menores de 16 y 17 años necesiten la autorización a sus padres en la interrupción voluntaria de un embarazo. Esta modificación forma parte, según ha explicado este jueves el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de un paquete de medidas de apoyo a la familia que está "prácticamente terminado".

Catalá ha respondido así, en declaraciones a Onda Cero, a una pregunta sobre la reforma de la ley del aborto y ha avanzado que previsiblemente antes de final de año el Ejecutivo tendrá terminado un paquete de medidas de apoyo a la familia y a la mujer, para que "ninguna mujer" se vea obligada a interrumpir su embarazo "por motivos laborales, sociales o económicos".

Esta modificación se incluirá, previsiblemente, en el plan de la familia que el Ejecutivo prevé aprobar antes de final de año, que está recogido en dos anteproyectos de ley que fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado abril y que actualmente están a la espera de que varios órganos consultivos se pronuncien al respecto.

En colaboración con el Ministerio de Sanidad

Tras recordar que el Gobierno del PP está muy "disconforme" con la actual ley del aborto, que modificó el anterior Ejecutivo socialista en el año 2010, Catalá ha destacado que, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, se está ultimando la modificación para que "cuando una menor se plantee la posibilidad de tener una experiencia tan traumática" como un aborto, deba contar con el consentimiento de sus padres.

En relación al paquete de medidas de apoyo a la mujer, que estará aprobado previsiblemente antes de 2015, Catalá ha destacado que se trata de "crear las condiciones" para que las mujeres no se vean obligadas a decidir la interrupción de un embarazo por motivos laborales o económicos.

El Gobierno modifica así la legislación sobre el aborto vigente, después de que retirase el proyecto de reforma impulsado por el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por el que las mujeres solo podrían abortar en caso de violación o grave riesgo para la salud.