El Gobierno impugnará ante el Constitucional la consulta de Canarias sobre las prospecciones

• El Consejo de Ministros lo autoriza tras recibir el informe del Consejo de Estado
• Canarias aprobó dos decretos para la consulta del 23 de noviembre
• El Gobierno autonómico confía en recibir el aval del Tribunal Constitucional

La plataforma GSF Arctic I pasa junto al parque marítimo César Manrique en dirección al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Permisos aprobados en 2012

Repsol obtuvo los primeros permisos para explorar posibles hallazgos petrolíferos en los fondos marinos del archipiélago canario en 2001, pero el Supremo anuló aquellos permisos porque carecían de las precauciones ambientales exigidas por la ley.

El Gobierno de Mariano Rajoy, en un nuevo decreto aprobado en marzo de 2012, volvía a adoptar aquella decisión, sobre la que ya se ha pronunciado el Supremo. En esta ocasión, a favor de lo acordado por el Ejecutivo central.

El Gobierno central impugnará ante el Tribunal Constitucional los dos decretos aprobados por el Ejecutivo de Canarias para celebrar una consulta sobre las prospecciones petrolíferas el próximo 23 de noviembre.

El Consejo de Ministros ha acordado este viernes autorizar la impugnación, tras recibir el informe del Consejo de Estado que respalda el recurso de inconstitucionalidad, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa.

Las propuestas de impugnación se plantean con invocación del Artículo 161.2 de la Constitución, que permite que se produzca la suspensión automática de los preceptos que se recurren desde el momento de la admisión por parte del TC, así como las actuaciones de preparación de la convocatoria.

“Estamos hablando de competencias no del Gobierno de Canarias sino del Estado”, ha señalado Sáenz de Santamaría, por lo que la Abogacía del Estado presentará la impugnación de ambos decretos en una fecha aún no especificada.

No cabe la "negociación"

Canarias "tiene sus competencias y respetamos su autonomía", ha explicado Sáenz de Santamaría, en este marco, "puede tomar las decisiones que considere oportunas", sin embargo, en este caso se trata de un "referéndum" que "tiene que autorizar el Estado", es una "competencia" del Estado y sobre ella "no hay" opción para la "negociación", ha insistido.

El Gobierno de Canarias fijó el pasado 2 de octubre que la consulta sobre las prospecciones petrolíferas se celebraría el próximo 23 de noviembre con la siguiente pregunta: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".

El Gobierno de Canarias aprobó dos decretos para regular la convocatoria, uno de ellos regula la organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana y el otro las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general.

El Supremo rechazó los recursos

El Gobierno central solicitó informe urgente al Consejo de Estado el pasado día 10 de octubre y el órgano consultivo aprobó su dictamen este jueves.

En concreto, le pidió opinión sobre un decreto del 25 de septiembre, que contiene el reglamento para celebrar consultas ciudadanas "en asuntos de interés general de competencia de las comunidades".

Cabe recordar que el Tribunal Supremo desestimó los siete recursos planteados por administraciones y colectivos y partidos políticos, contra el decreto del Gobierno central de marzo de 2012 para autorizar las prospecciones petrolíferas en aguas canarias, que ya contaba con una declaración de impacto ambiental favorable.

Canarias confía en recibir el aval del Constitucional

Poco después de conocerse la impugnación, el Gobierno de Canarias ha asegurado a través de un comunicado que confía en que el Tribunal Constitucional la avale porque es "absolutamente legal" y "no contraviene ningún precepto recogido en la Constitución".

El Ejecutivo de Paulino Rivero recuerda que, aunque la admisión del recurso por parte del TC conlleva la suspensión automática y cautelar del proceso, ello no significa que quepa una resolución favorable. En caso de admitirlo, el Alto Tribunal habrá de dictaminar sobre la continuidad o no de esta medida cautelar en un plazo de hasta cinco meses.

El Gobierno de Canarias considera que tanto el marco normativo como la pregunta que se formula a la ciudadanía "son plenamente constitucionales" y entiende que se trata de un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, "plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionada nunca por el Gobierno de España".

Unas horas antes de que el Consejo de Ministros autorizara la impugnación, Paulino Rivero ha asegurado que "no acepta" que por razones políticas se impida hablar a los ciudadanos, tras conocer que el dictamen del Consejo de Estado respaldaba el recurso ante el Tribunal Constitucional.

"El Gobierno -de Canarias- no acepta que por razones de tipo político se esté impidiendo que los canarios hablen, a partir de ahí seremos respetuosos con el ordenamiento jurídico y esperamos que el pueblo y la sociedad canaria se vaya sensibilizando aún más para impedir. Lo verdaderamente importante es que no queremos que se ponga en riesgo el futuro de Canarias", ha dicho en declaraciones a los periodistas.

Miles de personas se manifestaron el pasado sábado en Canarias para mostrar su rechazo a las prospecciones autorizadas por el Gobierno a la petrolera Repsol, y para reclamar su derecho a decidir sobre las mismas.