Greenpeace denuncia a la UE que España retrasó un espacio protegido por las prospecciones

• Han presentado una queja ante la Comisión Europea
• Afirman que se demoró a propósito la tramitación de una zona protegida
• Greenpeace ha protestado con otros representantes a bordo del Arctic Sunrise

Julio Barea, portavoz de Greenpeace; Ezequiel Navío, responsable de Acción Canarias; Joel Stewart, capitán del buque de Greenpeace Artic Sunrise, y Juan Ramón Roger, pescador de Fuerteventura.

La organización ecologista Greenpeace ha presentado una queja ante la Comisión Europea en la que acusa a España de "haber retrasado intencionadamente" la declaración de un espacio marino protegido en Canarias y de haber reducido su perímetro para facilitar los sondeos petrolíferos que pretende hacer Repsol.

La organización sostiene que el Ministerio de Medio Ambiente demoró a propósito la tramitación del lugar de interés comunitario (LIC) de las aguas situadas al este de Lanzarote y Fuerteventura para poder aprobar con carácter previo la declaración de impacto ambiental del proyecto de búsqueda de hidrocarburos.

“Los puntos de perforación están a 11 km del área protegida“

En una rueda de prensa ofrecida a bordo del barco Arctic Sunrise en Lanzarote, el portavoz de Greenpeace, Julio Barea, ha explicado que, en su queja ante la Comisión Europea, también denuncian que España ha reducido el área de amortiguación que rodea el LIC para evitar obstáculos a los planes de Repsol, cuyos puntos de perforación distan once kilómetros del área marítima protegida.

Valor ambiental de la zona

Greenpeace argumenta que las prospecciones autorizadas por España en esa zona del Atlántico afectan a un lugar de elevado valor ambiental, porque en él habita la tercera parte de las especies de cetáceos del mundo y allí se encuentra uno de los cinco únicos puntos del planeta donde los océanos se enriquecen de nutrientes y oxígeno gracias al afloramiento natural de aguas profundas.

“En la zona habita la tercera parte de las especies de cetáceos del mundo“

El barco de Greenpeace Arctic Sunrise arribó el viernes al puerto de Arrecife, en Lanzarote, para continuar su campaña "La solución a las prospecciones" contra los proyectos de perforación en aguas profundas y a favor de un escenario energético 100% renovable.

Durante su rueda de prensa de este lunes, el capitán del buque, Joel Stewart, ha recordado que esta es la primera campaña del Artic Sunrise tras haber sido retenido durante diez meses por el Gobierno ruso por sus actos de protesta contra una plataforma en el Ártico.

El capitán del buque de Greenpeace ha subrayado que la batalla contra las explotaciones petrolíferas en el mar es "muy importante" para la organización, porque, a su juicio, "no se puede permitir hacer prospecciones en lugares como Canarias, donde hay tanta biodiversidad y una economía basada en el turismo".

Supuestas irregularidades

La organización ecologista alega que hay múltiples irregularidades en el procedimiento seguido para autorizar los sondeos que pretende realizar Repsol al este de Lanzarote y Fuerteventura y critica la campaña de "desinformación" que, desde su punto de vista, está realizado la multinacional española con ayuda del Gobierno.

Greenpeace mantiene que se han falseado las cifras de creación de empleo y los antecedentes contaminantes de la empresa, así como el argumento de que Marruecos ha encontrado crudo en esa misma zona.

Su portavoz en esta campaña, Julio Barea, ha acusado a la petrolera española de ignorar a la población local, aumentar artificialmente sus cifras de inversión, inventar datos económicos y despreciar los riesgos asociados a las prospecciones.

Temor a un vertido

Por su parte, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Gran Tarajal (Fuerteventura), Juan Ramón Roger, ha advertido de que, si como consecuencia de las prospecciones hubiera un vertido de petróleo al mar, "todo el sector pesquero de las islas estaría afectado y miles de familias verían peligrar su modo de vida".

Roger ha añadido que el daño de un hipotético vertido no quedaría ahí, ya que tanto Fuerteventura como Lanzarote podría ver comprometido su suministro de agua potable, que depende de las desaladoras de agua del mar situadas en la costa.

El responsable de la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanzarote, Ezequiel Navío, ha considerado que las autorizaciones otorgadas a Repsol en este caso "suponen uno de los casos más flagrantes de connivencia entre una multinacional y el Gobierno de un Estado".