Granados era el presunto conseguidor y Cofely, la empresa con más adjudicaciones

• Granados conectaba a instituciones con los empresarios de la trama
• Han sido detenidos también cuatro empleados de Cofely

La Guardia Civil analiza la documentación incautada de ayuntamientos en la Operación Púnica

El principal detenido en la 'operación Púnica', Francisco Granados, hacía las labores de conseguidor de la trama desarticulada por la Guardia Civil, mientras que la empresa Cofely -filial de la multinacional francesa GDF Suez- era "la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama", según fuentes de la investigación.

El que fuera 'número dos' del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid hacía valer su influencia en los despachos de alcaldes municipales para lograr las adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales, según las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado.

Fuentes de la investigación han explicado a Europa Press que, aunque Granados llevaba al menos tres años fuera de la primera línea política, era la persona que conectaba a las instituciones públicas con los empresarios implicados en la trama. Sólo en los dos últimos años esta red defraudó 250 millones de euros.

Las pesquisas también sitúan en este plano de conseguidores al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa y a Alejandro de Pedro Llorca. También ha sido arrestado un ambos detenidos al igual que Francisco Javier Bueno, relacionado con una de las empresas de De Pedro Llorca.

No en vano, el nombre de la Operación Púnica sale de un juego de palabras de los investigadores entre Granados y el nombre científico en latín del granado, el árbol de la granada: 'Punica granatum'. Se trata de un recurso habitual de las fuerzas de seguridad a la hora de bautizar sus operaciones para señalar al principal sospechoso como ya ocurrió con la trama Gürtel ("correa", en alemán) en relación al nombre del principal detenido, el empresario Francisco Correa.

Las pesquisas han estado coordinadas por el juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y han corrido a cargo del Grupo de Delitos contra la Administración dependiente del Departamento de Delincuencia Económica. Se trata del mismo Departamento que investiga los ERE de Andalucía.

La empresa Cofely

En este caso, según las mismas fuentes, era la empresa Cofely la que se benefició de la mayoría de las adjudicaciones públicas, aunque no era la única. Su sede en Madrid ha sido registrada durante horas por los efectivos de Guardia Civil.

Cofely presta servicios de eficiencia energética y en su propia página web anunciaba hasta este lunes por la tarde que en 2013 resultó "adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla". El contrato tenía una duración superior a 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros.

Según indicaba, a cambio "tiene previsto conseguir unos ahorros energéticos cercanos al 40% en el alumbrado público y de más del 6% en el consumo eléctrico de los edificios, lo que supone la disminución de casi 1.000 toneladas anuales de CO2". En eso consiste básicamente el negocio de eficiencia energética. Precisamente el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, es otro de los arrestados este lunes.

Sin embargo, Cofely ha eliminado de su página web toda la información que pudiera tener sobre adjudicaciones con ayuntamientos implicados en la trama. A primera hora de este martes ya no hay rastro de la información y cuando se quiere intentar 'leer más' acerca de esta, dice que la "noticia ya no existe". De hecho, la última información que aparece en este apartado de 'Actualidad' corresponde a diciembre de 2012 sobre un proyecto de Cofely lidera junto a la ciudad de Zamora para impulsar las Smart Cities.

La Guardia Civil ha detenido también a cuatro altos cargos de la empresa Cofely en Madrid, entre ellos a su director general, de nacionalidad francesa, en el marco de la macrooperación, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que han precisado que hay otros dos detenidos en Valencia, trabajadores de otra empresa también implicada con la trama.

En la sede madrileña de Cofely trabaja desde abril de 2013 Miguel Ángel Villanueva, que fuera vicealcalde de Madrid hasta su dimisión tras la tragedia del Madrid Arena, aunque él no se encuentra entre los cuatro detenidos por la Guardia Civil este lunes, según las citadas fuentes.

Al menos una treintena de detenidos

La Fiscalía Anticorrupción emitió a primera hora un comunicado en el que daba cuenta de 51 detenidos, pero fuentes de la investigación confirmaron a Europa Press que en torno a las 18.00 horas eran 30 las personas arrestadas en Madrid, León, Murcia y Valencia.

La 'Operación Púnica' se saldó con el arresto de un total 17 personas relacionados a la política municipal y regional -entre ellos, los alcaldes de seis municipios madrileños-, tres funcionarios de varios ayuntamientos madrileños y 14 empresarios.

Anticorrupción habla de "una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas".

Aunque Granados figura como el elemento principal de la trama hay otros detenidos a los que la Guardia Civil también otorga el papel de conseguidores. Es el caso del exalcalde de Cartagena en la década de los noventa, el socialista José Antonio Alonso Conesa o el empresario David Marjaliza.

Seis alcaldes madrileños en activos y varios colaboradores

Hasta seis alcaldes municipales madrileños en activo han sido detenidos en esta operación. Se trata del alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP); el alcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP); el alcalde de Casarubuelos, David Rodríguez Sanz (PP); el alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Hernández, del partido independiente Unión Democrática Madrileña (UDMA) y el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP).

Dos jefes de gabinete de alcalde, un arquitecto, un técnico y una ingeniera municipal de municipios de la Comunidad de Madrid completan la rama política de la trama desarticulada.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación se trata del jefe de gabinete del alcalde de Parla, Antonio Borrego Fortea, y el jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, Alfredo Ovejero López. El arquitecto municipal de Valdemoro, José Luis Navarro, y la ingeniera municipal de Parla, Elena María Fernández Pérez, han sido también arrestados.

Comisiones de entre el 2 y el 3%

Los políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los cinco y los siete millones y medio de euros.

La conclusión de los investigadores, por tanto, es que la trama tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a diferentes partidos y no la financiación de sus respectivas formaciones, según han informado fuentes jurídicas.

La Guardia Civil ha movilizado para esta operación a un total de 150 efectivos entre los agentes de la UCO y de Seguridad Ciudadana de las Unidades Territoriales que han prestado apoyo en todas las detenciones y registros. Ya por la tarde comenzaban a llegar la Audiencia Nacional las cajas con documentación incautadas en los numerosos registros.