El exconseller catalán Joaquim Nadal, imputado por supuesta estafa en una permuta de terrenos

• El exconseller de Política Territorial, del PSC, declarará el 21 de noviembre
• Un empresario denuncia que los terrenos ofrecidos son inundables
• También cita al exgerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasol)

El exconseller catalán Joaquim Nadal, imputado por supuesta estafa en una permuta de terrenos

Una juez ha citado a declarar como imputados al exconseller de Política Territorial durante el tripartito Joaquim Nadal, del PSC, y al exgerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) Emili Mas por una supuesta estafa, al ocultar a un empresario que unos terrenos que le ofrecieron como permuta eran inundables.

La juez, según han informado a Efe fuentes judiciales, ha citado a Joaquim Nadal y a Emili Mas el 21 de noviembre a raíz de la querella del empresario, que se considera estafado porque la Generalitat le ofreció en 2006 como permuta unos terrenos inundables para que renunciara a construir un polígono en el paraje natural de Solius de Santa Cristina d'Aro (Girona).

Según sospecha la Fiscalía Anticorrupción, el detonante que llevó a las administraciones a impulsar esta permuta fue la compra por parte de la familia del empresario José Manuel Lara de una finca próxima a la zona del Molí de Reixac, en marzo de 2006.

Joaquim Nadal, que fue alcalde de Girona entre 1979 y 2002 y conseller de Política Territorial entre 2003 y 2010, ya declaró en diciembre del pasado año asistido por un abogado ante la Guardia Civil por esta querella, en un caso en el que sostiene que siempre actuó con la más absoluta legalidad y en defensa del interés público, para evitar un atentado de carácter ambiental.

Un proyecto industrial con fuerte oposición

La titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona ha acordado citar como imputados a Joaquim Nadal y a Emili Mas a raíz de la querella del empresario y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, según las mismas fuentes.

La querella la presentó la sociedad Varal Real Estate SL, que, en julio de 2005, compró por 6 millones de euros una finca en el sector de Molí de Reixac -que en abril de ese año acababa de ser definido como zona urbanizable industrial- para desarrollar sus planes industriales.

Sin embargo, el proyecto del empresario se topó con una fuerte oposición vecinal y ecologista, por el alto valor natural y paisajístico de la zona donde se iba a levantar el complejo industrial.

Finalmente, el 11 de octubre de 2006, el empresario firmó un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro y el Incasòl, tras varias negociaciones promovidas por el conseller Joaquim Nadal, en virtud del cual Varal vendió a la Generalitat el 50% de la finca de la zona de Reixac por 7,5 millones de euros (más IVA), renunciando al desarrollo industrial de la zona.

A cambio, el empresario adquirió como permuta derechos urbanísticos en la zona industrial de Bernades, que resultaron ser inundables.

La Fiscalía cree que no se informó al empresario

En un escrito, el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado sostiene que un hecho que puede "considerarse inicialmente como detonante" del cambio de postura de las administraciones sobre el proyecto industrial en el Molí de Reixac "fue la adquisición por parte de la sociedad Labogar, propiedad de la familia Lara, el 13 de marzo de 2006, de la finca Can Dalmau, próxima a aquella zona".

Según el fiscal, en el convenio suscrito entre el consistorio y la Generalitat con Varal no se detalló ni informó al empresario de que adquiría derechos urbanísticos en una zona del polígono Bernades que eran inundables, lo que fue determinante para que el Incasòl renunciara finalmente en 2010 al proyecto de reparcelación de la zona.

De hecho, los problemas de humedades en estos terrenos obligaban a la promotora a afrontar una inversión mayor a la prevista y el polígono no llegó a desarrollarse, por lo que el empresario se sintió perjudicado y presentó una querella en los juzgados.

Supuesto delito de estafa

Para el ministerio público, si Nadal tenía conocimiento de la inundabilidad de los terrenos y lo ocultó al promotor, podría haber cometido un delito de estafa, ya que habría engañado al empresario.

La juez también ha imputado al exgerente del Incasòl Emili Mas, que precisamente tuvo que abandonar su cargo en diciembre de 2009, al ser imputado por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la trama Pretoria de corrupción urbanística, si bien su causa acabó siendo archivada.

Tras la imputación de Emili Mas por el caso Pretoria, el propio Joaquim Nadal, que todavía estaba al frente del departamento de Política Territorial y Obras Públicas, aseguró que ponía "la mano en el fuego" por su gestión en el Incasòl.

Al margen de su imputación en este caso, Joaquim Nadal era presidente de la Federación del PSC en Girona hasta que decidió presentar su dimisión, al ser partidario de la celebración de la consulta soberanista en Cataluña.