El juez interroga a 17 de los detenidos en la Operación Púnica, entre ellos cuatro alcaldes

• Cuatro de los detenidos han declarado ante el juez a lo largo de la mañana
• Francisco Granados, ex número dos de Aguirre, no declarará hasta este jueves
• Detenido un guardia civil por avisar supuestamente a Granados de la operación

El juez Velasco comienza a interrogar a los presuntos miembros de la Operación Púnica

El juez de la Audiencia Nacional que dirige la Operación Púnica, Eloy Velasco, tiene previsto interrogar este miércoles a 17 de los detenidos el pasado lunes en la macrooperación contra esta presunta trama de corrupción que habría adjudicado contratos públicos por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años a cambio de comisiones ilegales a políticos y funcionarios implicados.

Por el momento, a lo largo de la mañana han comparecido ante Velasco cuatro de los detenidos: los alcaldes de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP), y de Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), el secretario técnico del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Norberto Galindo, y el empresario Francisco Ruiz.

El juez interrogará en las próximas horas a los 13 restantes, entre los que se encuentran los alcaldes de Parla, José María Fraile (PSOE) y el de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz (PP), así como los directivos de la empresa Cofely Didier Maurice y Constantino Álvarez.

También serán puestos a disposición de Velasco este miércoles José Martínez Nicolás, consejero delegado de la agencia de informática y comunicaciones de la Comunidad de Madrid, y el técnico municipal del Ayuntamiento de Serranillos del Valle (PP), Marco Durán.

Una vez terminen los interrogatorios previstos este miércoles el juez decidirá sobre su situación y si quedan en libertad o ingresan en prisión preventiva.

Está previsto que el interrogatorio continúe este jueves con otros 18 detenidos en esta operación, entre ellos el exconsejero madrileño y esxecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, a su socio en este entramado, David Marjaliza, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción tiene previsto pedir fianzas para los alcaldes y el resto de detenidos, según han informado a Efe fuentes fiscales.

Una de las posibilidades que manejaba la Fiscalía Anticorrupción antes de iniciar los interrogatorios era reclamar la imposición de medidas cautelares y el pago de fianzas de hasta 50.000 euros para seguir en libertad, según las fuentes.

Detenido un guardia civil por el supuesto aviso a Granados

Mientras, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este miércoles a un compañero, también de esta unidad operativa del Instituto Armado. Se le acusa de un delito de revelación de secretos, por haber avisado supuestamente al ex número dos del Gobierno de Madrid Francisco Granados de estar siendo investigado por su integración en la trama corrupta desarticulada.

Fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que el arresto ha tenido lugar en las mismas instalaciones de la UCO en Madrid. El detenido no forma parte del Grupo de Delitos contra la Administración que dirige la investigación.

Las mismas fuentes consultadas precisan que la relación entre este agente de la UCO y Granados era a través de un amigo en común de Valdemoro, y que no tenían una relación fluida. Fue en un encuentro entre ambos cuando el agente se lo advirtió y Granados se mostró sorprendido.

250 millones en adjudicaciones públicas

La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos -PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA-, y no la financiación de sus respectivas formaciones.

La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.

Las investigaciones se iniciaron en diciembre de 2013

Las pesquisas contra la trama, que giraba en torno a dos conseguidores --los empresarios David Marjaliza y Alejando de Pedro Llorca--, se iniciaron en diciembre de 2013 cuando la Fiscalía de Laussanne (Suiza) informó a Anticorrupción de que investigaba a Granados y Marjaliza por un delito de blanqueo de capitales agravado.

Entre los detenidos se encuentran un total de 17 cargos relacionados con la política municipal y regional, tres funcionarios de varios ayuntamientos madrileños y 14 empresarios. A todos ellos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización Criminal.

Además de Granados y los seis alcaldes fueron arrestados el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, Marcos Martínez; el exregidor de Cartagena José Antonio Alonso Conesa (PSOE).

La Guardia Civil también detuvo al jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, Alfredo Ovejero López; el teniente de alcalde y responsable de Hacienda de esta localidad, José Javier Hernández Nieto; el concejal de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez; o el jefe de gabinete del alcalde parleño, Antonio Borrego Fortea.

También en Móstoles fue detenido el adjunto al concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, a quien se le atribuye haber firmado un contrato en mayo con la empresa Cofely de 72 millones de euros. También figuran entre los detenidos varios funcionarios como el arquitecto municipal de Valdemoro, José Luis Navarro Soto; la ingeniera municipal de Parla, Elena María Fernández Pérez; o el técnico municipal de Serranillos del Valle Marco Durán.

Otro arrestado es el supuesto "conseguidor" David Marjaliza, a cuya actividades estaban vinculados los también detenidos Ana María Ramírez, Eduardo de la Peña, José Luis Huertas, Antonio Serrano y Antonio Ruiz. También fue puesto a disposición de la Guardia Civil José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Esta institución que se encarga de controlar todo el sistema informático de la Administración regional y que depende de la Consejería de Presidencia.