La Junta reclama a UGT-A el reintegro de 15,3 millones por el caso de las facturas falsas

• En septiembre la Junta ya había reclamado 4,9 millones a este sindicato
• UGT-A recurre los reintegros y acusa a la Junta de querer "limpiar su imagen"

La Junta reclama a UGT-A el reintegro de 15,3 millones por el caso de las facturas falsas

La Junta de Andalucía ha reclamado a la UGT-A la devolución de 15,3 millones de euros por las irregularidades detectadas en los expedientes de las subvenciones recibidas por el sindicato a raíz de la investigación abierta por el caso de las presuntas facturas falsas.

Por su parte, UGT-Andalucía ha presentado un nuevo recurso contencioso-administrativo en los juzgados contra las seis resoluciones presentadas por el Gobierno andaluz hasta el momento.

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha comparecido este jueves en el Parlamento andaluz para informar sobre la situación en la que se encuentran los procedimientos de revisión de las subvenciones de UGT-A iniciados y tramitados por la Junta, y ha elevado a 10,4 millones el importe derivado de los procedimientos de reintegros.

Esta cantidad se suma a los 4,9 millones que la Junta había cuantificado hasta principios de septiembre los procedimientos de reintegro de subvenciones.

Maldonado ha detallado que de los 10,4 millones, 3,9 millones corresponden a siete expedientes de subvenciones otorgadas por la Dirección General de Relaciones Laborales.

La Junta asegura que no hace "causa general"

El consejero ha asegurado que el Gobierno andaluz no hace una "causa general", sino que se trata de un caso particular que había generado "alarma social", y ha garantizado el rigor de la investigación administrativa que la Junta ha llevado a cabo durante más de un año sobre 21 expedientes de ayudas a UGT y en los que se han detectado que las cantidades "no estaban bien justificadas".

Ha recordado que esos expedientes están en poder del juzgado que investiga el caso de las presuntas facturas falsas de UGT-A y ha resaltado que la Junta ha hecho lo que los servicios jurídicos le han marcado.

Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo y la dedicación de los funcionarios que han participado en esta labor de revisión de expedientes, que ya ha concluido.

El diputado del PP Rafael Carmona ha llamado la atención por el hecho de que le reclame la devolución de más de la mitad del importe de los expedientes investigados, ya que suman casi 26 millones y les exigen el reintegro de 15,3 millones.

También ha emplazado al consejero a que desvele si había o no facturas falsas y, en el caso de que sea así, le ha recordado que está obligado a adoptar actuaciones judiciales por indicios de delitos penales, al tiempo que le ha preguntado si la Junta ha seguido dando subvenciones a UGT tras este caso.

En representación de Izquierda Unida Ignacio García ha cuestionado al consejero sobre si este caso se ha producido por las exoneraciones en la justificación de las ayudas que ha practicado la Junta durante algunos años, y ha mostrado su preocupación por si este caso pudiera afectar a los fondos europeos que recibe Andalucía.

El diputado del PSOE Carmelo Gómez ha valorado el ejercicio de transparencia del Gobierno andaluz y ha sostenido que hay que "tomar nota" para que no ocurra en el futuro.

UGT-A recurre seis resoluciones de reintegro

Por su parte, UGT Andalucía ha presentado en los juzgados de Sevilla recursos por vía contencioso-administrativa contra las seis resoluciones de reintegro notificadas hasta el momento por la Junta de Andalucía para reclamar la devolución de subvenciones concedidas al sindicato por "presuntas irregularidades y falta de justificación" detectadas en su revisión.

Así lo ha anunciado este miércoles el propio sindicato en un comunicado hecho público minutos después de que el consejero de Economía informase en el Parlamento de que la cantidad reclamada por la Junta asciende a 15,3 millones de euros.

En la nota, UGT-A acusa a la Junta de haber "emprendido injustificadamente una causa general indiscriminada contra todas las actividades formativas del sindicato en Andalucía con el único objetivo de limpiar su imagen".

"La Junta debe contestar a estas preguntas: si en los años investigados dio por buenas las justificaciones de los programas, ¿por qué ahora, cinco o en algunos casos seis años después, cambia de criterio? ¿No hizo bien su trabajo la Junta de Andalucía? ¿O busca ahora un chivo expiatorio para preservar su imagen y su respaldo electoral?", señala UGT en el comunicado.

Según el sindicato, la administración pública y todos los andaluces deben saber que UGT no aceptará responsabilidades que le correspondan, porque recuerda que desarrolló y llevó a término todos y cada uno de los expedientes investigados, presentaron "todas y cada una" de las justificaciones necesarias ante la Administración "y la Junta no solo las aceptó y las revisó".

Recuerda que la Junta también las dio por buenas "y por lo tanto las validó", por lo que dice que no va a aceptar que "se erija en la nueva inquisición española y que intente quemar en la hoguera a la Unión General de Trabajadores de Andalucía con tal de salvar su imagen".

Una operación "integral y orquestada"

UGT ha solicitado al juez la suspensión de ejecución de los expedientes de reintegro por considerar que "son completamente vagos e inconcretos, no señalan vicio alguno en la justificación de la subvención ni revelan la existencia de indicios que muestre la necesidad de revisar los expedientes".

"Es la administración quien debe demostrar que se incumplió alguna exigencia formal o material en el destino de la subvención y no UGT Andalucía quien ha de probar su inocencia justificando nuevamente unas subvenciones cuyo pleno cumplimiento ya acreditó en su día", añade la central sindical.

A su juicio, se trata de una "operación integral y orquestada mediante la que se pretende revisar exhaustivamente todos los expedientes de subvenciones sin que exista un concreto motivo para la incoación singularizada de los reintegros".

En el recurso se añade que "las operaciones holísticas y ciegas de revisión como las que ha emprendido la Junta de Andalucía contra UGT Andalucía son radicalmente inválidas porque conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva".