La nueva Ley de Propiedad Intelectual se aprueba de forma definitiva con los votos del PP

• La oposición ha votado en contra tras un debate lleno de críticas
• Incluye una tasa que los agregadores de Internet pagarán a editores de noticia
• Las universidades también tendrán que pagar una compensación a los autores
• La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2015

La nueva Ley de Propiedad Intelectual se aprueba de forma definitiva con los votos del PP

El Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) con los únicos votos del Partido Popular, tras un debate en el que la oposición ha criticado duramente el "daño" que puede causar la ley a la economía digital y a la cultura, así como tampoco resolverá, han dicho, la vulneración de los derechos de autor.

La Cámara ha aprobado con 172 votos a favor del grupo popular el proyecto de ley así como las cinco enmiendas del PP añadidas al texto en el Senado.

En contra se han pronunciado 144 diputados y tres se han abstenido: el diputado del PSOE Guillermo Meijón; Enrique Álvarez Sostres de FAC y Salvador Armendáriz, de UPN.

La ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015, tendrá que volver a reformarse próximamente ya que está pendiente de aprobación una nueva directiva europea en la materia.

El propio ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, ha asegurado en los pasillos del Congreso al terminar la votació, que el compromiso del Gobierno es poner en marcha una nueva reforma y más "profunda" antes de que finalice esta legislatura, según recoge Europa Press.

Wert ha defendido que la ley trata de poner un "remedio puntual" a una serie de cuestiones como la regulación de la copia privada, el régimen de gestión y control de las entidades de gestión colectiva de derechos, así como la trasposición de una serie de directivas europeas sobre obras huérfanas y las fonográficas.

Principales medidas de la ley

Las principales medidas que recoge la nueva norma son una tasa que tendrán que pagar los agregadores de noticias a los editores de información por incluir enlaces y fragmentos de sus contenidos en sus páginas web (como Google News y Menéame) y una compensación que tendrán que abonar las universidades y centros de investigación a los autores

También se prevén multas máximas de hasta 600.000 euros para los responsables de páginas con “contenidos declarados infractores” que no los retiren -en un principio el Gobierno había previsto sanciones de hasta 300.000 euros-.

En cuanto a la copia de contenidos, ahora se contempla que "se lleve a cabo por una persona física para su uso privado, no profesional ni empresarial" y que la reproducción se realice a partir de obras a las que haya accedido legalmente".

Asimismo, la copia conlleva una compensación que va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, dinero público. Sobre esta medida el Tribunal Supremo presentó un auto con dos cuestiones prejudiciales que ponen de manifiesto sus dudas sobre su legalidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Daño a la cultura y a la economía digital

Durante el debate final en el pleno del Congreso, la oposición ha manifestado que la LPI va a perjudicar a la industria cultural española, la economía digital y se ha considerado que no aportará soluciones en la lucha contra la piratería.

El diputado de AMAIUR, Rafael Larreina, ha criticado que la ley "está dando la espalda al nuevo mundo de la economía digital" y que "las entidades privadas acabarán cobrando derechos que no les corresponden".

El parlamentario se refiere a la intermediación en el cobro de derechos de las sociedades de gestión -hay ocho en España-, en nombre de autores y editores que no son miembros de dichas entidades y que, por lo tanto, podrían no llegar a sus destinatarios.

El diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha opinado que la ley "se dedica a bloquear a emprendedores" y ha pronosticado que la tasa a los agregadores de contenido "seguramente será vetada por el Tribunal de la UE".

El grupo catalán ha votado en contra, según ha afirmado la parlamentaria Montserrat Surroca, para manifestar su discrepancia "por no haber sido capaces de conseguir mejoras que necesitaba el sector cultural".

Un proyecto controvertido

La tramitación de la nueva LPI ha estado rodeada de polémica. Contra la tasa conocida como Canon AEDE (por la Asociación de Editores de Diarios Españoles, que agrupa a partidarios de este impuesto), se creó la Coalición Pro Internet, una plataforma formada por empresas, entidades y medios, entre ellas Google y la asociación de editores de prensa AEEPP.

Como ha defendido AEDE, "el reconocimiento de los derechos que amparan a los editores sobre los contenidos que elaboran sus medios resulta hoy esencial", frente al actual 'statu quo' de Google, que ejerce una "amenazante posición" de dominio al aprovecharse "del esfuerzo ajeno", según recoge Europa Press.

Otras asociaciones como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han reiterado su defensa del "derecho a decidir del empresario" sobre si cobra o no el Canon AEDE, así como la Plataforma por los Derechos de Autor de los Periodistas, que instó al PP a aceptar las enmiendas de la oposición para incluir a periodistas y a fotorreporteros como titulares de los derechos a percibir una remuneración.

Sobre el canon, el diputado del PP, Juan de Dios Ruano, ha defendido durante el debate plenario que han limitado el derecho de cita para reconocer "el derecho de las empresas editoras a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos".

También que se ha establecido "una nueva base jurídica que facilita la negociación entre las plataformas de agregación, editores y autores de noticias", ha aclarado Ruano.

Por su parte, representantes del sector cultural han ido celebrando concentraciones, la última, a final de septiembre, cuando tuvo lugar manifestación encabezada por afamados actores en la que pedían que se revisara el sistema de copia privada, mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual y el impulso de la oferta legal en el entorno digital.