El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional la consulta alternativa del 9N

• Así se ha decidido este viernes en la reunión del Consejo de Ministros
• Se ha tenido en cuenta el informe del Consejo de Estado que lo avalaba
• El Gobierno fundamenta su recurso en los "efectos jurídicos" del 9N

El Gobierno recurrirá al Constitucional la consulta alternativa del 9N

El Gobierno ha acordado este viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la consulta alternativa del 9 de noviembre que quiere celebrar la Generalitat de Cataluña y lo hace basándose en el informe aprobado este jueves por el Consejo de Estado que avalaba este recurso. Esta misma tarde, el TC ha registrado el recurso de inconstitucinalidad.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de que será este mismo viernes por la tarde cuando el Ejecutivo presente el recurso de inconstitucionalidad al considerar que la consulta planteada por el presidente catalán, Artur Mas, no tiene "ninguna base legal y ninguna de las garantías democráticas más básicas".

La vicepresidenta ha recordado que se trata de "una consulta convocada para la misma fecha" que la que ya fue suspendida por el Constitucional, "con la misma pregunta, las mismas papeletas y las mismas urnas"; además de no contar con ninguna administración electoral que la respalde y estar pilotada por "quienes defienden un resultado concreto".

Recurso de inconstitucionalidad

En cuanto al recurso, Sáenz de Santamaría ha explicado que incluye una solicitud para "suspender las actividades" promovidas por la Generalitat para celebrar la consulta y cualquier otra que pretenda realizar en los próximos días "para la preparación de la misma".

Y lo hace después de que el órgano consultivo haya determinado que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar la convocatoria, así como "cualesquiera otras actuaciones -con independencia de su naturaleza- en relación con dicho proceso".

La vicepresidenta ha resumido algunos de los argumentos esgrimidos por el Consejo de Estado para avalar la impugnación de una consulta y ha recordado que no hay censo, que no hay administración electoral y que lo organizan voluntarios "captados, seleccionados e instruidos por los promotores".

"El hecho de que la consulta se vaya a hacer con voluntarios eleva la gravedad del asunto porque así se evita la neutralidad de los participantes y atenta contra la igualdad", ha defendido.

"Proteger los derechos de los catalanes"

Con su recurso, ha asegurado que el Gobierno pretende asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y el Estado de Derecho, proteger la democracia, garantizar los derechos de los catalanes y, especialmente, los de los funcionarios a los que considera que Mas pretende "colocar a la intemperie" sin darles "ninguna cobertura legal".

"Recurriremos porque la consulta alternativa es contraria a los derechos de los catalanes", ha advertido Sáenz de Santamaría. Y es que precisamente uno de los principales motivos argumentados por el Gobierno es "proteger los derechos de los catalanes", en especial, de los funcionarios públicos ya que, ha recordado, esa es "la obligación del Gobierno".

La vicepresidenta ha explicado también que es necesario "proteger la democracia, la igualdad y la libertad" de Artur Mas, a quien acusó de "no querer asumir su responsabilidad" y de pretender delegar la ilegalidad de su proyecto en los ciudadanos.

"Espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que, si en el primer referéndum incumplía la Constitución, en el segundo proceso vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos a los que representa y gobierna", ha sentenciado.

Por otro lado, ha descartado tomar medidas que afecten a la financiación de Cataluña a pesar de los incumplimientos de la Generalitat, cuyo comportamiento "ya ha perjudicado bastante a los derechos de los catalanes".

Argumentos del Gobierno en su recurso

El Gobierno argumenta en su recurso contra la nueva consulta en Cataluña que todos los argumentos de la Generalitat para organizarla "tienen efectos jurídicos y trascendencia externa", aunque no exista una convocatoria por escrito, y que la consulta vulnera los artículos 23, 81, 92, 149.1.1, 149.1.18 y 149149.1.32 de la Carta Magna.

Como pruebas, según recoge Europa Press, el recurso recoge la página web participa2014.cat, las comunicaciones del Govern, la orden a los medios de incluir publicidad gratuita e incluso vídeos con intervenciones públicas del presidente catalán Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega y el portavoz de la Generalitat Francesc Homs.

Además, considera que todas las actuaciones del Gobierno de Artur Mas buscan el mismo efecto jurídico que un decreto de convocatoria y solo buscan "evitar infructuosamente" la impugnación.

En este sentido, aporta la doctrina del Constitucional sobre casos admitidos, en los que el Gobierno recurrió por "puras actuaciones materiales" y documentos "sin fecha ni firma".

Las preguntas de la consulta son idénticas a las de la consulta suspendida, asegura el Gobierno, y se vuelve a llamar a los ciudadanos a opinar "sobre el futuro político de Cataluña", señala el recurso.

Entre los documentos que aporta el Gobierno están el acuerdo del Consejo de Ministros aprobado este viernes par impugnar la consulta, el dictamen que lo avala y un acta para el ofrecimiento de prueba documental autorizada ante notaria del contenido de la página web participa2014.cat. También adjunta anuncios, cuñas radiofónicas invitando a la participación, notas de prensa, cartas a sindicatos de enseñanza y otros extractos de prensa.