Colombia en su laberinto: entre la reparación a las víctimas y la reinserción de la guerrilla

• Santos busca en Europa ayuda económica para un 'postconflicto'
• La reparación a las víctimas es un punto fundamental en las negociaciones
• Las ONG's de víctimas exigen responsabilidades penales por los crímenes
• Más de 22.000 personas han muerto por en 50 años de conflicto

Soldados colombianos patrullan un camino en el departamento colombiano de La Macarena

“Estamos más cerca de la paz que nunca, pero todavía nos faltan dos puntos muy difíciles, los más complicados: La justicia transicional, es decir, respetar los derechos de las víctimas y al mismo tiempo lograr la paz, y el Desarme, la Desmovilización y la Reinserción (DDR)”. Así de optimista se ha mostrado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien ya empieza a hablar postconflicto. Sin embargo, las ONG’s, nacionales e internacionales, y analistas advierten de que quizá sea precipitado. La reparación de las víctimas, centro del debate en las mesas en La Habana, es uno de los puntos más delicados de las negociaciones.

Santos hacía estas declaraciones en una entrevista en exclusiva con el Corresponsal de TVE en Bogotá, Óscar Mijallo, poco antes de iniciar una gira europea. En ella que visita España, Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido y Portugal para recabar apoyos financieros para ese escenario postconflicto.”Una especie de Plan Marshall” para Colombia, aseguraba el presidente.

Los acuerdos parciales logrados hasta ahora en materias espinosas como el desarrollo agrario, la participación política y el narcotráfico dan muestra de la aparente voluntad de las partes por seguir negociando y avalan a Santos. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha asegurado que la Unión Europea (UE) quiere ayudar a Colombia. "Estamos dispuestos a proporcionar ayuda concreta a Colombia para implementar el acuerdo de paz, una vez que terminen las negociaciones", ha indicado Van Rompuy.

Pero el debate en las mesas en La Habana aborda ahora uno de los puntos en los que, tradicionalmente, guerrilla y Estado negaban sus responsabilidades: la reparación de las víctimas que, para las ONG’s, es el más urgente para lograr la paz.

“La reparación a las víctimas es fundamental, pero hay varios problemas, entre ellos: ¿quienes son las victimas? Hay que identificarlos y ver en qué medida los actores armados pretenden pasar de victimarios a víctimas. Y cuando hablo de actores armados, me refiero a la totalidad de los actores”, comenta a RTVE.es el analista del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud.

Más de 50 años de conflicto

Según el informe del Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia de 2013, entre 1985 y 2012 hubo más de 220.000 homicidios relacionados con el conflicto y más de 27.000 secuestrados entre 1970 y 2010. La guerra interna ha ocasionado también más de 4.000.000 desplazamientos.

María Esperanza Ramírez es una de esas víctimas. Ahora es activista de derechos Humanos y líder de la Asociación de Desplazados y Desplazadas para la Convivencia Pacífica (ADESCO). Hace quince años tuvo que huir de su hogar en Miraflores, al sur de Colombia, por los ataques del Ejército, guerrilla y paramilitares contra su pueblo.

“En el año 1994 mi pueblo fue quemado y destruido y cuatro años después volvió a suceder. Me fui a Bogotá, pero llegué allí sin saber a dónde ir, deambulaba por las calles, me convertí en una limosnera, en una pordiosera, con mis hijos… lo habíamos perdido todo”, asegura a RTVE.es.

Su marido, que se quedó cuidando de las tierras, murió poco después en uno de esos fuegos cruzados. “Cuando yo voy a denunciar la muerte de mi marido, lo que me dice el Gobierno nacional es que le lleve la prueba de que mi marido fue víctima del cruce de disparos, que si no, no podría entrar en el universo de las víctimas y no podría ser reparada”, recuerda.

María Esperanza encontró refugio en la asociación ADESCO y empezó a trabajar para ayudar a las víctimas más olvidadas del conflicto: las mujeres. “En la asociación, la mayoría somos mujeres, porque la mayoría hemos quedado viudas. Nuestros esposos han sido asesinados, desaparecidos, secuestrados, reclutados y en otras ocasiones, ellos regresan y nos abandonan, porque no encuentran el trabajo para mantenerno. Es una violencia intrafamiliar añadida a la guerra”, añade.

Desmovilización, desarme y reinserción

En su entrevista con TVE, el presidente Santos aseguraba que el Gobierno ha puesto a las víctimas en el centro del proceso y que, incluso, se ha empezado a compensar en medio del conflicto con pasos como la Ley de Reparación de 2011.

Informe Semanal - La paz colombiana - ver ahora

El pasado jueves, por primera vez, las FARC admitieron que sus acciones han afectado a la población civil. “Reconocemos que nuestras acciones han afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a los largo de la contienda”, señaló la guerrilla en una declaración leída por uno de sus líderes. “Asumiremos la responsabilidad que nos concierna”, añadía el documento.

Pero María Esperanza Ramírez es escéptica y exige garantías de que los crímenes no quedarán impunes. No en vano, el último proceso de desmovilización, el de los paramilitares realizado en 2006 durante el gobierno de Álvaro Uribe, no ha cumplido con las expectativas de nadie.

Pocos de los crímenes de los paramilitares han sido perseguidos. Según Amnistía Internacional, en 2014 solo 22 paramilitares han sido condenados, de los 30.000 desmovilizados. Tras la desmovilización formal surgieron otros grupos paramilitares, las llamadas ‘Águilas Negras’, que siguen actuando impunemente. El Gobierno ya no las considera parte del conflicto, sino bandas criminales, y por eso sus víctimas no tiene derecho a la reparación institucional.

“Muchas personas han ido a denunciar que han sido desplazadas por los paramilitares y el Gobierno dice: ‘¿Qué paramilitares, si ya no hay paramilitares?’ Y entonces no entran en el cupo de la reparación”, asegura María Esperanza.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue el primer paso para iniciar una transición hacia una Colombia sin guerra. El objetivo era el reconocimiento de las víctimas del conflicto, de sus derechos a la verdad, la justicia y a la reparación, con garantías de no repetición.

Con indemnizaciones, programas de ayuda y empleos, el presidente Santos puso en marcha un primer movimiento en el proceso de reparación administrativa. “Hay 466.000 víctimas reparadas ya”, aseguró a TVE.

Un paso que, para muchos, no es suficiente. “Las víctimas, con la reparación administrativa nos sentimos vilmente engañadas. Los salarios que nos ofrecen son una miseria, pero más que ese dinero, ese poquito de dinero, las mujeres queremos saber la verdad”, comenta María Esperanza.

Los analistas señalan que ese punto puede ser un obstáculo para las negociaciones. “La reparación, que es fundamental, implica la asunción de las propias responsabilidades y, por lo tanto, de las responsabilidades penales y políticas vinculadas con las mismas. Y es un escollo, toda vez que no vemos a las FARC en una posición proclive a llegar a un entendimiento de este tipo”.

El ‘postconflicto’

Con prudencia, el presidente Santos empieza a hablar del escenario de postconflicto y busca el apoyo financiero que lo sostenga. Las ONG’s por su parte, advierten de que aún es pronto para hablar de ese escenario.

Soldados colombianos patrullando por el departamento de La Macarena

“No se podrá pasar a un 'postconflicto' sin que a las víctimas se nos escuche, pero también que se hagan investigaciones”, apunta María Esperanza Ramírez, quien asegura que todos los actores armados de Colombia (Ejército, guerrilla y paramilitares) han cometido y cometen crímenes contra la humanidad que no prescriben. “Queremos que nos digan, que nos cuenten, por qué nos sacaron de nuestro territorio, por qué nos violaron, por qué nos hicieron desaparecer a los esposos, por qué nos reclutaron a nuestros hijos… ¿Por qué?”, señala.

Además, recuerda el profesor Malamud, la población colombiana no aceptará un proceso a cualquier precio. “Lo que exigen una parte no menor de la población colombiana es que el proceso de paz sea acompañado del castigo a los responsables”, apunta el analista.

Cincuenta años de conflicto han dañado mucho a la sociedad y han infectado a algunas de sus instituciones. A diario, las organizaciones de derechos humanos sufren amenazas por denunciar los crímenes de los distintos actores armados. “Cuando empezamos a decir que no queremos solamente la reparación por vía administrativa, sino que queremos también la reparación por vía judicial, ahí nos llegan las amenazas”, señala a RTVE.es María Esperanza Ramírez.

Ella ha pagado caro su osadía. Las amenazas que recibió la obligaron a huir de Colombia y refugiarse en España, acogida a un programa de protección de Amnistía Internacional. “Es mejor ser con miedo, que dejar de ser por miedo”, asegura convencida de que no habrá paz en Colombia mientras exista impunidad.

El ansiado equilibrio entre reparación y reinserción fue un laberinto en el que se perdieron otros procesos del pasado. Ahora, después de dos años del inicio de las conversaciones, lograr ese equilibrio es el gran reto.