Dimite el último de los seis alcaldes madrileños imputados en Púnica que mantenía su cargo
- El alcalde de Casarrubuelos, del PP, ha anunciado su dimisión este martes
- Se trata de cuatro alcaldes del PP, uno del PSOE y otro de la UDMA
- La Comunidad de Madrid retira la Medalla del Dos de Mayo a Granados
- El presidente de la Diputación de León podría seguir aún hasta final de año
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La renuncia de David Rodríguez Sanz, del PP, a la alcaldía de Casarrubuelos, anunciada este martes, tras su imputación en la trama que investiga la Operación Púnica supone que ninguno de los seis regidores madrileños, cuatro del PP, uno del PSOE y otro de la UDMA, presuntamente implicados en la red corrupta, sigue ya en el cargo.
El alcalde de Casarrubuelos, último en anunciar su dimisión, se encuentra en libertad con la obligación de comparecer mensualmente. Según los autos dictados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se habría puesto en manos de varios empresarios para la redacción de los pliegos de un contrato de eficiencia energética que fue adjudicado a la empresa Cofely.
Rodríguez Sanz ha comunicado a los vecinos de la localidad su decisión que atribuye a la situación personal en que se encuentra que espera "se aclare lo antes posible".
Aunque desde el PP de Madrid llevan días tratando de conseguir que renunciara a su cargo, no ha sido hasta este martes cuando ha tomado la decisión. En este caso una moción de censura no era posible porque la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) impide que un concejal pueda firmar durante su mandato más de una.
A mediados de junio de 2012 IU perdió la Alcaldía después de que prosperara una moción de censura presentada por los cuatro concejales del PP y los dos de la Asociación Vecinal de Casarrubuelos (AVC).
El pasado viernes acudió al Ayuntamiento retomando sus funciones como alcalde.
Los alcaldes imputados
De los regidores que fueron detenidos en la operación, el de Valdemoro, José Carlos Bozá, también el PP, todavía no ha formalizado su dimisión, pero desde la cárcel ya ha anunciado su intención de hacerlo.
Los primeros en abandonar la Alcaldía fueron los regidores de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), que dimitió el pasado viernes, y Parla, José María Fraile (PSOE), quien también dejó la Alcaldía el 31 de octubre después de que la propia secretaria de Organización del PSM, Maru Menéndez, le instara a ello.
Este lunes, una semana después de conocerse la supuesta trama, que encabezarían Granados y el empresario David Marjaliza, presentaron su dimisión dos regidores más: el de Collado Villalba, Agustín Juárez, y el de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez, del partido independiente Unión Democrática Madrileña (UDMA) para quien el juez ha decretado este martes prisión eludible bajo fianza.
Sánchez presentó su dimisión a las 16.00 horas de este lunes en el registro del Ayuntamiento, después de que esa misma mañana agentes Unidad Central de Operativa (UCO) impidieran que el alcalde se llevase cajas de documentación del Ayuntamiento.
El presidente de la Diputación de León puede seguir
Una situación opuesta se da en el caso del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, encarcelado por supuesta corrupción, que podrá seguir hasta finales de año como máximo responsable de la institución provincial, mientras la Guardia Civil analiza la documentación procedente de la institución provincial en el marco de la Operación Púnica.
Pese a que el PP ha intentado agilizar los trámites para desalojar a Martínez Barazón de la Presidencia de la Diputación, éste podrá mantenerse en el cargo hasta finales de año ya que el expediente disciplinario que se le ha abierto para expulsarle del partido contempla un plazo para que presente alegaciones que, en función de determinadas circunstancias, puede alargarse hasta 25 días.
Una vez que concluya el plazo para que Martínez Barazón pueda presentar alegaciones, la dirección del partido tendrá que tomar una decisión sobre su expulsión y, en caso de ser así, será entonces cuando el Grupo Popular en la Diputación de León, formado actualmente por catorce diputados, promueva una moción de censura contra él, que no podrá ser votada hasta que transcurran otros diez días.
Con todo, aunque Martínez Barazón sea expulsado de la presidencia de la Diputación sí podrá seguir como alcalde de Cuadros, municipio muy próximo a León cuya corporación preside desde hace 23 años.
Los seis concejales del PP en este municipio de apenas 2.000 habitantes se han rebelado contra la dirección del partido y han decidido mantener su apoyo a Martínez Barazón, cuya inocencia defienden.
En consecuencia, la dirección del PP ha procedido a expulsarlos del partido y también ha solicitado la "disolución" del grupo municipal popular, que cuenta con siete ediles del PP, incluido Martínez Barazón, y dos del PSOE, por lo que no existe posibilidad de que la oposición haga prosperar una moción de censura contra el regidor.
Retiran la Medalla del Dos de Mayo a Granados
Mientras, la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a retirar la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo al exconsejero Francisco Granados a quien se considera uno de los cerebros de la trama investigada en la red corrupta.
Así lo ha confirmado el propio presidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González, durante una visita a la localidad de Torrejón de Ardoz, al ser preguntado por esta cuestión. González ha dicho que se le retirará la distinción a Granados en cumplimiento del decreto que lo regula.
También se ha referido a ello el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno autonómico, Salvador Victoria, quien ha especificado que la regulación de esa distinción prevé que se le pueda retirar a quien realice "actos que perjudiquen notablemente la imagen de Madrid y los intereses de la Comunidad".
Francisco Granados recibió la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo el 30 de octubre de 2013 al dejar su cargo de consejero, porque es una distinción que se concede a todos los que han formado parte del Gobierno regional en agradecimiento al trabajo realizado en favor del desarrollo de la región.