El Senado aprueba la Ley de Parques Nacionales que prorroga la caza hasta 2020

• Se ha incorporado una prórroga del plazo para dejar actividades prohibidas
• Solo el PP ha votado a favor de la ley y se ha rechazado un recurso del PSOE
• La ley se aprobará de forma definitiva próximamente en el Congreso

Parque Nacional de Cabañeros, donde se llevan a cabo actividades de caza.

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Parques Nacionales, que vuelve al Congreso para su aprobación definitiva, con los únicos votos a favor del Partido Popular y con el rechazo de toda la oposición.

Así, han criticado la prórroga de seis años (hasta 2020) para que en estos espacios protegidos puedan realizarse actividades prohibidas en fincas de los parques cuya propiedad recae en particulares y que están recogidas en la propia norma, entre ellas la caza o la tala de árboles, entre otras.

La prórroga retrasa la fecha límite en la que se pueden hacer acuerdos voluntarios por los que las administraciones públicas indemnizan a los dueños de terrenos.

El texto ha concluido de esta manera su accidentado paso por el Senado después de más cuatro horas y media de debate y votaciones en el Pleno de la Cámara Alta, en las que se expusieron 7 propuestas de veto y 271 enmiendas.

Finalmente, se han aprobado diez enmiendas, entre ellas algunas relativas a que el proceso de declaración debe contar con un diagnóstico de la accesibilidad para que los parques nacionales puedan ser utilizados por todas las personas.

Rechazo a un recurso del PSOE

La jornada comenzó con la decisión de la Mesa del Senado, reunida con carácter extraordinario, de rechazar un recurso del PSOE para que se pospusiera la aprobación de la norma.

Además, los portavoces de ONG ecologistas Theo Oberhuber (Ecologistas en Acción), Asunción Ruiz (SEO/BirdLife) y Juan Carlos del Olmo (WWF) han intentado influir en las últimas 24 horas para que los grupos parlamentarios aceptaran una propuesta de enmienda transaccional que limitaría hasta 2018 la prórroga.

Las prohibiciones que contempla la ley son la pesca deportiva y recreativa, la caza deportiva y comercial, la tala con fines comerciales; aprovechamiento hidroeléctricos, vías de comunicación y redes energéticas; las explotaciones y extracciones mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras, y el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura.

Enmienda polémica

La enmienda incluida en la ley señala que las administraciones públicas promoverán la celebración de acuerdos voluntarios en los casos en que la adecuación de los parques nacionales afecte a derechos de terceras personas y añade una novedad.

Como explicó anteriormente el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, la ley vigente de parques nacionales daba un plazo hasta 2017 para que las administraciones públicas tomaran medidas para adecuar estos espacios protegidos a la legislación.

Así, el Gobierno y las comunidades autónomas pueden promover acuerdos voluntarios si hay terceras personas afectadas, como los propietarios de terrenos, tres años más, hasta 2020.

Responsables de las ONG conservacionistas, que han negociado hasta el último minuto y han llevado a cabo una campaña y una recogida de firmas -impulsada por una plataforma ciudadana-, consideran en un comunicado que los intereses particulares de los grandes propietarios de fincas "han pesado más para el Partido Popular que la defensa del bien común y la protección de la naturaleza" y que "los parques nacionales quedan desprotegidos ante la caza".

Por su parte, once directores y co-directores de los 15 Parques Nacionales españoles expresaron en una carta dirigida al director del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), Basilio Rada, su "honda preocupación" por la enmienda ya que creen que implica "socavar en lo más profundo el concepto del interés general y las bases de la existencia" de los Parques Nacionales.