El fiscal de Nóos discrepa con la decisión de dar libertad al juez Castro para decidir sobre la infanta

• Considera que es algo inaudito en un Estado de derecho
• Rechaza la imputación de la infanta como cooperadora necesaria

La infanta Cristina, tras declarar como imputada en febrero de 2014.

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha asegurado este martes que no comparte la posición de la Audiencia de Palma de conceder "libertad de criterio" al juez, José Castro, en relación con si la infanta Cristina debe o no ser incluida como acusada de delitos fiscales en el auto de apertura de juicio por esta causa.

Después de que el tribunal provincial mantuviera la imputación de la infanta por delitos fiscales, en un auto en el que señaló que corresponde al instructor decidir si aplica o no la llamada doctrina Botín y si la incluye en el auto de apertura de juicio, acusada solo por la acusación popular de Manos Limpias, Horrach ha manifestado este martes su discrepancia en una entrevista con la Cadena Ser.

"No comparto que conceda al juez de instrucción libertad de criterio, cosa inaudita en un Estado de derecho, para interpretar una norma procesal de carácter imperativo", ha asegurado Horrach en relación con dicha doctrina, fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007.

Los jueces de la Audiencia señalaron en el auto que "existe un matiz" que diferencia el caso de Botín del de la infanta, que es que ella está imputada como cooperadora de los delitos fiscales que cometió su esposo, Iñaki Urdangarin, a quien la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí que tienen intención de acusar.

Horrach rechaza la imputación de la infanta

Horrach rechaza la imputación de la infanta como cooperadora necesaria de delito fiscal, ya que considera que la Audiencia le atribuye una responsabilidad objetiva "por el mero hecho de ser socia partícipe de una entidad mercantil instrumental (Aizoon), circunstancia ésta que por sí sola, en España, nunca se ha contemplado como delito".

El fiscal anticorrupción ha recalcado que su posición respecto a la infanta "ha sido la misma desde el minuto uno de la investigación" y ha defendido la independencia de sus actuaciones en esta causa.

Pero además, cree que en su imputación a la infanta por dos delitos fiscales, "de forma sorprendente" la Audiencia "construye una tesis alambicada y artificial con contradicciones técnicas e inconsistencias tributarias".

A esas contradicciones, ha dicho, responderá en su momento en su escrito de acusación, en el que ha confirmado que no incluirá a doña Cristina ni a los cuatro nuevo imputados por la Audiencia. Eso sí, en el caso del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha dicho que habrá que esperar a las nuevas diligencias de investigación que se solicitan para ver si hay datos objetivos que justifiquen la imputación.

Horrach no ha precisado cuándo presentará ese escrito y, preguntado si finalmente la infanta Cristina se sentará en el banquillo, ha replicado que "ni el juicio ha comenzado ni la instrucción ha finalizado", sino que "queda mucho camino por delante".

Eso sí, ha dejado claro que, si por él fuese, "por supuesto que no" se sentaría en el banquillo, "pero no por una decisión arbitraria o caprichosa sino por una estricta aplicación de la ley procesal y penal". "Considero que no existen elementos jurídicos ni fácticos para sentar a la infanta en el banquillo y así lo digo", ha subrayado, recordando que no es la primera ni la última vez que un fiscal recurre un auto de transformación y que el ser considerado "defensor de la Infanta" es una cuestión de los medios de comunicación".

No se siente desautorizado

Pese a discrepar de la Audiencia Provincial, Horrach ha dejado claro que él no se siente desautorizado --"revés jurídico no es el primero ni será el último que voy a tener a lo largo de mi carrera", ha dicho-- y que sigue considerando válidos los planteamientos que ha mantenido a lo largo de toda la instrucción y que no hay ningún dato nuevo que justifique cambiarlos.

También Horrach ha asegurado este martes que no ha recibido ninguna orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en el caso Urdangarin, y ha recalcado que tanto él como el fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, han "respetado y avalado" sus decisiones.

"Por supuesto, ninguna institución del Estado me ha sugerido nada", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press en la que ha criticado el auto de la Audiencia Provincial de Baleares que mantiene la imputación a la Infanta Cristina por dos delitos fiscales.

Con todo, sí ha reconocido que se ha sentido "dolido", pero no por las críticas a su trabajo, sino por la falta de reconocimiento a la autonomía de la Fiscalía y a su labor contra la corrupción, porque "un 99 por ciento de las causas de corrupción abiertas en España han sido a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción". "Si los ciudadanos saben que existe corrupción en España es porque la Fiscalía anticorrupción la ha hecho visible", ha defendido.

Sobre las discrepancias por el 9N y Jaume Matas

Por otro lado, el fiscal Anticorrupción de Baleare se ha referido también a las discrepancias entre la Fiscalía General del Estado y los fiscales de Cataluña sobre la necesidad de presentar una querella contra el presidente catalán, por el "proceso participativo" del 9N. En este sentido, ha considerado que son "un reflejo más de la autonomía y la independencia del Ministerio Fiscal".

Sin embargo, Horrach no ha querido pronunciarse sobre si hay materia para una querella, por respeto a quienes deben decidirlo. Preguntado si la repercusión social puede ser un argumento a favor o en contra de presentar una querella, ha dejado claro que esa decisión "debe ampararse única y exclusivamente en si existen o no elementos jurídicos" que la justifiquen.

En todo caso, está convencido de que Torres Dulce "actuará con la independencia y la autonomía que predica" --las mismas que le llevaron a dejar la decisión en manos de la Fiscalía en Cataluña--.

Con respecto a la revocación del tercer grado del expresidente balear Jaume Matas, Horrach cree "plenamente coherente" que la Fiscalía y el juez de Vigilancia Penitenciaria hayan decidido revocarlo, teniendo en cuenta que su pena tenía una misión "ejemplarizante" y que el tribunal que le condenó rechazó suspender la condena.

Así, ha recordado que Matas fue condenado por tráfico de influencias, que la pena tenía, fundamentalmente, "una finalidad retributiva y ejemplarizante" y que el tribunal sentenciador no quiso suspenderle la condena. En ese contexto, cree que la Fiscalía y el juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid hicieron lo que tenían que hacer.