La Fiscalía se querella contra Mas, al que acusa de "sobreponer su visión partidista" en el 9N

Consulta "por otros medios"

Es más, el fiscal cree que el 9N "no fue sino la realización, por otros medios, del designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente refrendaria igualmente suspendida por el TC", como lo demuestra que Artur Mas puso en marcha un proceso de participación ciudadana "desarrollado con la estructura de urnas, mesas y papeletas característica de los procesos electorales".

La Fiscalía sostiene que el gobierno de la Generalitat "llevó a cabo una continuada actividad administrativa destinada a dar soporte material y personal" al 9N y "ha incurrido en gasto público para llevar a cabo actuaciones delictivas", opuestas a las decisiones del Tribunal Constitucional.

En opinión del ministerio público, "hallándose jurídicamente suspendido el proceso de participación, los querellados adoptan decisiones, escritas o no, y perseveran en vías de hecho, que les sitúan extramuros del ordenamiento jurídico, y solo aspiran a hacer prevalecer su voluntad sobre el contenido de las decisiones que al respecto había adoptado el Tribunal Constitucional".

Supuesta malversación del dinero público

En cuanto al delito de malversación, la Fiscalía señala que en el 9N hubo gastos "para llevar a cabo un acto no ya contrario a derecho, sino constitutivo de delito en tanto vulnerador de la suspensión del proceso acordada por el Tribunal Constitucional".

El escrito sostiene que el gobierno catalán malversó dinero público en la organización del 9N, por los gastos que la consulta implicó en movilizar a mossos d'esquadra, distribuir propaganda electoral y mantener la web que informaba del proceso.

También considera que ocasionó gastos para elerario público la apertura de institutos y edificios públicos y delegaciones de la Generalitat en el extranjero que acogieron las urnas del 9N.

"Tanto en el sobre como en la papeleta figura como único membrete institucional el de la Generalitat de Catalunya por lo que cabe inferir que los gastosderivados del buzoneo han sido a cargo de la misma", recalca el fiscal, que sostiene que con esta carta el gobierno catalán exhortó a los ciudadanos a participar en el 9N.

Distribución de la propaganda

Así, la Fiscalía plantea un requerimiento a Unipost S.A., que distribuyó "buzón a buzón la propaganda electoral", para que aporte la documentación contractual y financiera que haya servido de soporte de los servicios prestados en la distribución de propaganda, así como la procedencia de los datos empleados para la misma.

También pide al TSJC que ordene al Departamento de Presidencia recabar la documentación relacionada con el encargo de urnas, papeletas y cartelería empleados en el 9N, así como los informes relativos a la confección y mantenimiento de la página web www.participa2014.cat, en que la Generalitat informaba del proceso.

Al mismo, el ministerio público denuncia en su querella que el gobierno catalán "exigió vía correo electrónico" a las emisoras de radio y televisión privadas que emiten en Cataluña que difundieran de forma gratuita los anuncios de la campaña informativa del 9N, aunque algunas se negaron a cumplir la orden ante las "legítimas dudas" sobre su legalidad.

Despliegue de los mossos

La Generalitat, señala el ministerio público, ha incurrido en gastos públicos al poner a disposición de la consulta suspendida a funcionarios y a Mosos d'Esquadra.

En cuanto a los funcionarios de la policía catalana movilizados, recuerda que aquellos que libraban el 9 de noviembre "recibieron cuatro días antes órdenes de sus superiores jerárquicos para que se presentaran el día de la consulta en sus puestos de trabajo".

La Consellería de Interior de la Generalitat activó a cerca de 7.000 agentes de los Mossos d'Esquadra en el dispositivo diseñado con motivo del 9N, que se centró en garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, aunque los agentes no custodiaron urnas ni locales de votación.

La Junta de Fiscales apoyó al fiscal general del Estado

La cúpula del Ministerio Fiscal apoyó el miércoles al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en la presentación de la querella, pero mantuvo posturas distintas en torno a los cargos públicos que debían ser acusados y los delitos que se les debían atribuir.

En la reunión, Torres-Dulce presentó su propuesta de querellarse contra Mas, Ortega y la consellera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de prevaricación, malversación, usurpación de funciones y desobediencia.

Estas personas y los delitos son básicamente los que ya figuraban en el primer borrador de la querella a la Fiscalía catalana al día siguiente del proceso participativo para su interposición inmediata, lo que no se produjo por la oposición de los fiscales de Cataluña.

La Fiscalía Superior de Cataluña se mostró contraria a la presentación de la querella al estimar que por el momento no procedía iniciar acciones penales contra los responsables del llamado proceso del 9N.