El exalcalde de Toledo Molina niega el cobro de una comisión de 200.000 euros por un contrato

• Niega haber cobrado una comisión o "adoptado un acuerdo ilegal" en su vida
• El ex primer edil del PP ha declarado como imputado en el caso Bárcenas
• Un ex técnico municipal asegura que el expediente careció de un informe

El exalcalde de Toledo José Manuel Molina a su salida de la Audiencia Nacional

El exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP), imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en el caso Bárcenas, ha negado este lunes ante el juez Pablo Ruz que adjudicara en 2007 un contrato millonario para la recogida de basuras a Sufi, filial de Sacyr, a cambio de una comisión ilegal de 200.000 euros. Un dinero que, según el extesorero del PP, habría servido para financiar la campaña de la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en las autonómicas de hace siete años para presidir el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Molina ha asegurado que no ha "adoptado ningún acuerdo ilegal" ni ha "cobrado una comisión" en su "vida", a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar como imputado durante una hora y cuarto.

El exalcalde de Toledo ha afirmado, en declaraciones a la prensa, que se siente "muy satisfecho" por haber tenido "la oportunidad de defenderse" de "injurias y calumnias" y ha asegurado que ha aportado "pruebas" al magistrado que demuestran su "inocencia absoluta". "El mayor patrimonio que tengo es mi honor personal e iniciaré las acciones necesarias para defenderlo", ha dicho antes de indicar que hasta ahora no había podido hacerlo porque trabaja en la Embajada de España en el Congo, informa Europa Press.

Preguntado por aspectos concretos de la declaración no ha querido responder "por respeto a su señoría" y porque, según ha reiterado, ha aportado pruebas para defenderse.

El ex primer edil del PP ha sido citado por la supuesta adjudicación irregular en 2007 por parte del Ayuntamiento de Toledo de una contrata de limpieza a Sufi, filial de Sacyr.

En el auto en el que acordó imputarle, Ruz afirmaba que el papel de Molina en el proceso de adjudicación del contrato a Sufi por un periodo de 14 años, que finalmente costó al consistorio 11 millones de euros, podría ser constitutivo de delitos contra la Administración Pública (prevaricación, cohecho y tráfico de influencias).

El alcalde de Toledo afirma que les tocó "asumir el marrón"

Después estaba citado a declarar como testigo Emiliano García Page, el actual alcalde de Toledo, del PSOE, quien ha afirmado ante los periodistas que no teme ser imputado en este asunto: "Me parece que le alegraría seguramente a Cospedal pero lo cierto y verdad es que ni soy primo hermano de Bárcenas, ni le conozco, ni me he llevado un duro en mi vida. Yo estoy para ayudar al señor juez a encontrar dónde están los 200.000 euros".

A su gobierno le tocó, ha dicho, "asumir el marrón" de ese aumento de la adjudicación en 11,3 millones, un acuerdo por el que se vio vinculado en virtud a un protocolo que tenía "muchas desavenencias técnicas".

Ante el juez ha explicado que durante la etapa de Molina como alcalde se adjudicó otro contrato a Sufi sobre mantenimiento de viales dos meses antes de las elecciones por 1,4 millones, un acuerdo "hecho en baja temeraria".

Sobre si efectivamente se pagaron los 200.000 euros como comisión, ha afirmado que lo único que ha reconocido Bárcenas al juez es que se dio ese dinero para la campaña de Cospedal y esta última "reconoció que había 200.000 euros de Génova a la campaña del PP que ahora no aparecen por ningún lado".

"Tienen que explicar que dónde están esos 200.000 euros", ha añadido, lo que a su juicio necesita de "una explicación contundente" por parte del PP.

Un ex técnico municipal señala que faltaba un informe

También ha declarado como testigo el senador Sebastián González, responsable de Organización nacional del PP, quien ha negado al juez que actuara como intermediario y le dijera a Bárcenas que Cospedal tenía interés de "plantear un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo", tal y como declaró el extesorero a Ruz.

También ha declarado el exviceinterventor del ayuntamiento Francisco Javier Sánchez Rubio, quien emitió un informe en 2008 afirmando que el protocolo por el que el PP concedió los 11,3 millones más a la concesionaria era nulo porque la empresa debía haber tenido previstas las revisiones salariales.

A su salida de su comparecencia como testigo, el técnico municipal ha explicado a los periodistas que el expediente debía haber contado con un informe de fiscalización, cosa que no se hizo, ya que hasta 2008 no se le encargó un análisis, aunque no ya sobre el contrato de adjudicación, sino sobre la modificación posterior.

Declaran empleados de la adjudicataria

Las comparecencias del caso Bárcenas siguen este miércoles, cuando deberán comparecer como testigos cinco empleados de Sufi, que en su día fueron interrogados por la UDEF para elaborar el informe sobre esta adjudicación.

Con estas citaciones, el magistrado pretende completar la investigación de estos hechos denunciados por Bárcenas "al efecto de constatar la realidad o no de los mismos, y, en último término, el grado de participación que en ellos hubiera podido tener persona o personas aforadas", lo que supondría la remisión de estas pesquisas al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha.

Por esa contrata ya estaba imputado en esta causa el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, quien presuntamente recibió de Bárcenas los 200.000 euros que supuestamente entregó Sacyr y que aparecen anotados en la contabilidad paralela que llevó el extesorero.