Carlos Fabra ingresa en la prisión madrileña de Aranjuez para cumplir condena por fraude fiscal

• Fue presidente del PP de Castellón durante 22 años
• Además, presidió la Diputación provincial 16 años
• Está condenado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal

Carlos Fabra ingresa en la prisión madrileña de Aranjuez para cumplir condena por fraude fiscal

El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra ha ingresado este lunes en la cárcel madrileña de Aranjuez para cumplir la pena de cuatro años de prisión por otros tantos delitos fiscales por haber defraudado a las arcas públicas 693.000 euros.

Fuentes penitenciarias han informado de que Fabra ha entrado en la prisión de Aranjuez poco después de las cuatro de la tarde de forma voluntaria y después agotar el plazo máximo de cinco días -este lunes era el último- que le daba la Audiencia Provincial de Castellón.

Tras recoger el pasado miércoles este mandamiento de ejecución de la sentencia y después de que el día 21 el Gobierno denegara su indulto, Carlos Fabra manifestó que no recurriría su ingreso en prisión para cumplir una sentencia dictada hace ya un año.

Mucho más tiempo ha pasado, casi once años, desde que un empresario le denunciara y abriera el caso contra el exmandatario popular que terminó abandonando todos sus cargos públicos.

Más de 20 años presidiendo el PP de Castellón

Y es que Carlos Fabra, nacido en Castellón en 1946, presidió la diputación 16 años y el PP provincial veintidós.

Este lunes, más de una década después del inicio de la instrucción, la causa se cierra con su entrada en la cárcel que él ha decidido por razones familiares -su entorno reside en Madrid- y médicas, ya que Fabra tiene trasplantado el hígado y su médico es de la capital.

Ahora, la única vía judicial abierta que le queda a Fabra es la resolución de un recurso de amparo presentado en septiembre ante el Tribunal Constitucional tras conocer que el Tribunal Supremo había rechazado su recurso.

A la cárcel 11 años después de la denuncia del caso Naranjax

El ingreso en prisión para cumplir una pena de cuatro años cierra el caso contra el exmandatario popular casi once años después de que un empresario le denunciara.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Castellón llegó el 25 de noviembre de 2013, casi una década después de las querellas interpuestas contra él que dieron inicio al proceso y por el que Fabra terminó abandonando todos sus cargos públicos.

En diciembre de 2003, el empresario castellonense y gerente de la empresa de productos fitosanitarios Naranjax, Vicente Vilar, presentó dos querellas contra Fabra por supuestos delitos contra la salud y la propiedad industrial, en las que afirmaba que el exmandatario había mediado ante diferentes instituciones públicas para conseguir autorizaciones de los ministerios.

Esas querellas fueron rechazadas, pero la titular del juzgado número 1 de Nules (Castellón) abrió de oficio en enero de 2004 un nuevo procedimiento, cuya instrucción se prolongaría durante una década, durante la que pasaron por ese juzgado nueve jueces y cuatro fiscales.

A mediados de 2005, la Agencia Tributaria presentó una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal, que dio lugar a una investigación de las cuentas bancarias y el patrimonio de toda la familia que con el tiempo permitió descubrir que Fabra y su esposa ocultaron cerca de un millón y medio de euros sin declarar entre 1999 y 2004.

En 2008, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por Fabra contra la investigación judicial sobre su patrimonio, mientras que en mayo de 2009 el Juzgado de instrucción número 2 de Nules incoó procedimiento contra él por posible falsificación de documentos para obtener autorizaciones comerciales.

A finales de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón denegó que Fabra fuera juzgado por un tribunal, y acordó sobreseer la causa contra él y su mujer por cuatro de los cinco delitos fiscales entre 2000 y 2003 investigados en el juzgado 1 de Nules, por entender que habían prescrito.

No obstante, en diciembre de 2011 el Tribunal Supremo revocó la decisión de la Audiencia Provincial y ordenó reabrir la causa por cinco delitos fiscales. Finalmente, el 2 de octubre de 2013 comenzó en la Sección Primera de la Audiencia de Castellón el juicio.