El Gobierno limita la instrucción de las causas penales que investigan los jueces a 6 y 18 meses

• El Ejecutivo aprueba el anteproyecto de la ley Enjuiciamiento Criminal
• Los plazos serán ampliables por un plazo igual "o incluso superior"
• Catalá espera que el anteproyecto llegue al Congreso a principios de febrero
• Justicia aparca la figura del fiscal instructor que planteó Alberto Ruiz Gallardón

El Gobierno limita la instrucción de las causas penales a 6 y 18 meses

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limitará la instrucción de los delitos -es decir, el tiempo que tienen los jueces para investigar antes de celebrarse el jucio- a seis meses para las causas ordinarias y de 18 para los sumarios más complejos, como los relativos a terrorismo, grupos criminales y corrupción entre otros.

Estos plazos podrán ampliarse cuando lo considere necesario el órgano instructor y lo apoye la Fiscalía por un plazo igual "o incluso superior", según ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha insistido en que la reforma no debe verse con "ninguna desconfianza" porque los jueces, asegura, tendrán tiempo suficiente para instruir las causas. "Una justicia tardía es una justicia de menor calidad", ha subrayado el ministro, que defiende que estos plazos pueden cumplirse sin la necesidad de aumentar las plantillas como piden los magistrados.

Rafael Catalá, que ha señalado que el próximo año se aprobará no obstante una oferta pública de empleo de "100 nuevas plazas de jueces y fiscales", ha insistido que estos plazos se podrán cumplir gracias a otras medidas contenidas en el anteproyecto que liberarán de trabajo a los juzgados -como la tramitación como juicio rápido de "asuntos de tramitación sencilla" como los delitos de conducción en estado de embriaguez, que suponen "una tercera parte de las condenas que se dictan", o la tramitación administrativa y no judicial de las faltas sin autor conocido como pequeños hurtos- y con otras iniciativas como la implantación de las nuevas tecnologías en los juzgados.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la misma idea: "Lo que se busca es una agilización de nuestra justicia penal para que no haya ninguna sensación de impunidad ni tampoco sospechas prolongadas e indefinidas en el tiempo, sino que en unos tiempos de tramitación razonables y suficientes para una investigación profunda se pueda llegar a una sentencia".

La intención del Gobierno es que el anteproyecto llegue a principios de febrero al Congreso de los Diputados para su tramitación.

División de los macroprocesos

La otra gran novedad de la reforma procesal pretende agilizar los llamados macroprocesos mediante la separación de piezas que puedan instruir otros jueces coordinándose con el instrutor que lleve la causa principal, según informa Efe.

Catalá ha explicado que actualmente hay causas complejas que acumulan muchos años de instrucción y que, aunque se dividan en distintas piezas separadas, todas ellas forman parte de un mismo sumario que lleva un mismo juez. El ministro no ha puesto ningún ejemplo pero actualmente hay casos como el Palma Arena, con más de una veintena de piezas separadas, entre ellas el caso Nóos, que lleva el mismo instuctor, o como el caso de los ERE que llega en su totalidad la juez Mercedes Alaya.

Con la reforma que plantea el Gobierno, "cada delito generará una instrucción singular de forma que se acorten los plazos y haya sentencias" en plazos más cortos que en la actualidad.

No obstante, las piezas podrán acumularse "si concurren circunstancias tasadas y cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte lo más aconsejable", según informa el Gobierno en nota de prensa.

Los corruptos tendrán que devolver el dinero

La nueva ley de Enjuiciamiento Criminal, que aún tiene que pasar toda la tramitación parlamentaria, regula el llamado "proceso de decomiso autónomo" que tiene como objeto "lograr recuperar aquellos bienes que el corrupto o el sentenciado ha podido detraer del dinero público o beneficiarse de su actividad delictiva", según ha explicado Sáenz de Santamaría.

Además, el anteproyecto amplía a un máximo de dos años la intervención de las comunicaciones, entre las que se incluyen mensajes SMS y correo electrónico, según confirmaron a Europa Press fuentes gubernamentales. Esto facilitará la actuación de los jueces de lo penal, en particular de los jueces de la Audiencia Nacional, que en ocasiones deben apoyar medidas de investigación que no tienen hoy en día un soporte en nuestra legislación.

La nueva ley pretende también generalizar la llamada segunda instancia judicial en el proceso penal, de forma sean los Tribunales Superiores de Justicia los que revisen en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y que sea la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional la que se ocupe de las dictadas por este tribunal.

La figura del fiscal instructor, aparcada

El Ejecutivo no ha incluido finalmente en la reforma la figura del fiscal instructor, eje principal de la propuesta del predecesor de Catalá en el Ministerio de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por falta de tiempo para la tramitación de la reforma, según las fuentes parlamentarias citadas por Efe. Apenas queda un año de legislatura y un periodo de sesiones completo, de febrero a junio de 2015.

El Gobierno socialista también planteó esta reforma para que fueran los fiscales y no los jueces instrucciones los que investigaran los casos pero aquella propuesta tampoco llegó a buen puerto.

El anteproyecto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros es la primera reforma que presenta el titular de Justicia, Rafael Catalá, quien se ha comprometido a sacar adelante en lo que resta de legislatura una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial -antes de que termine el año- y a impulsar el Código Penal, que lleva más de un año parado en el Congreso.

Interior podrá intervenir comunciaciones sin autorización judicial

Otra novedad que figura en el anteproyecto se aplica al capítulo de la interceptación de comunicaciones, y establece que el Ministerio del Interior podrá decidir, por razones de urgencia, la intervención de las comunicaciones de todo tipo en la investigación de delitos de especial gravedad (por ejemplo, en casos de organizaciones criminales, terrorismo o delitos contra menores) sin pedir autorización previa a un juez, como sí es necesario en la actualidad.

En virtud de esta reforma, si el ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad, acuerdan una "medida de investigación pertinente",  pueden ordenar la intervención antes de comunicárselo al juez, lo que tendrán que hacer antes de 24 horas. Después, el juez tendrá que resolver en un plazo máximo de 72 horas si confirma o revoca la intervención practicada.