La Fiscalía pide once años de cárcel por presunta corrupción para Jaume Matas en el 'caso Nóos'

• Considera que Matas benefició con 2,5 millones públicos al Instituto Nóos
• Horrach pide hasta 8 años de cárcel para cuatro ex altos cargos valencianos
• Solicita seis años para Mercedes Coghen, la exdelegada de Madrid 2016

El exministro y expresidente de Baleares, Jaume Matas.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pide una condena de once años de prisión por el caso Nóos para el expresidente del Govern balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, por varios presuntos delitos de corrupción al beneficiar con unos 2,5 millones de fondos públicos al Instituto Nóos que presidía Iñaki Urdangarin.

Horrach ha solicitado 19 años y 6 meses de prisión para Urdangarin y una multa de 3,5 millones de euros, mientras que ha solicitado al juez que archive la causa respecto a la infanta Cristina aunque pide que la considere responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros.

En el escrito de calificación que ha entregado este martes al juez José Castro, el fiscal solicita la apertura de juicio oral por el caso Nóos contra catorce personas para las que reclama un total de 107 años de cárcel, empezando por los dos principales socios del Instituto Nóos, Urdangarin y Diego Torres; la esposa del segundo, Ana María Tejeiro, que fue responsable de personal del mismo y un hermano de ésta, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable.

Para Matas pide que sea juzgado por presunta malversación de caudales públicos en concurso con un delito continuado de prevaricación y falsedad en documento público (8 años), así como por un delito continuado de fraude a la administración (3 años).

Reclama además 20 años de inhabilitación absoluta para el expresidente, que ya está en prisión condenado por corrupción, y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Para fijar las penas que solicita para Matas, el fiscal ha tenido en cuenta la circunstancia agravante de reincidencia en los delitos de prevaricación, fraude a la administración y malversación.

“Reclama 20 años de inhabilitación absoluta“

El fiscal acusa también al ex director general de Deportes José Luis "Pepote" Ballester, amigo personal de Urdangarin y la infanta Cristina, para quien pide una condena de 2 años de prisión, otros 2 de inhabilitación absoluta y 2 más de inhabilitación para cargo público.

En su caso, para calcular la pena que solicita, el fiscal ha tenido en cuenta la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia porque se puso a disposición del juzgado instructor para ayudar a la investigación, reconociendo su participación en los hechos.

Para el exdirector de la Fundación Illesport de Baleares Gonzalo Bernal, el fiscal pide 8 años de prisión; para el exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, 4 años de cárcel y 9.000 euros de multa, y para el exsecretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet, 5 años y 6 meses de prisión y multa de 9.600, teniendo en cuenta la agravante de reincidencia.

"Farsa orquestada" por Matas

En los hechos que afectan a Baleares, el fiscal considera que la entidad pública desde la que se desviaron fondos al Instituto Nóos fue la Fundación Illesport, cuyo patronato "nunca se reunió, debatió ni adoptó decisión alguna" y cuyas actas de reunión son todas simuladas.

Según Horrach, esta "farsa" fue "orquestada" por Matas "con el fin de aparentar que era dicho órgano quien tomaba las decisiones" cuando era él "quien ostentaba de facto el dominio sobre la gestión del citado organismo".

Illesport e Ibatur adjudicaron contratos públicos a Nóos Consultoría Estratégica amañando el procedimiento, intentando cubrir la apariencia de legalidad; simulando el respeto de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad, falseando el contenido de documentos oficiales y en algunos casos abonando directamente facturas prescindiendo del proceso administrativo, según el ministerio público.

Para adjudicar a Nóos la oficina del proyecto del equipo ciclista Illes Balears (antes Banesto), Urdangarin se reunió en el Palacio de Marivent con Matas y Ballester en septiembre de 2003, relata el fiscal en su escrito.

“El fiscal considera que se desviaron fondos a la Fundación Illesport“

Contratar el servicio de la oficina del proyecto ciclista por el que se abonaron unos 290.000 euros requería un concurso público porque su coste superaba los 12.000 euros, pero no se hizo. Matas se la adjudicó "de forma verbal" a Urdangarin, y se fraccionó el importe en varios contratos públicos con Illesport e Ibatur, continúa Horrach.

Posteriormente, Matas decidió que Illesport contratara al Instituto Nóos para organizar la cumbre de turismo y deporte Illes Balears Forum, imponiendo que se le pagara 1.200.000 euros y omitiendo el procedimiento administrativo en "un atentado frontal a los principios básicos que deben regir la actuación administrativa", según el fiscal.

No existe ningún documento justificando el interés público del evento, ni constan estudio de viabilidad económica o informe jurídico de su legalidad o certificado de que se ejecutó debidamente porque nadie lo fiscalizó ni se pidió justificante alguno.

A juicio del fiscal, en la decisión del expresidente influyó de forma decisiva "la posición social y el área de influencia" de Urdangarin.

Horrach, para quien el precio era "totalmente desproporcionado para el contenido del encargo", ha calculado lo que cobró Nóos del Govern y los gastos en los que incurrió el instituto imputables al Illes Balears Forum de 2005 y considera que la suma global de fondos públicos desviada fue de 736.726,58 euros.

En 2006, tras la suscripción de otro convenio de colaboración con las mismas irregularidades, el Govern pagó 1.085.000 euros, que descontados los gastos asumidos por Nóos (524.725 euros) sirvieron para desviar 618.274,69 euros, según el fiscal.

El Instituto Nóos no realizó parte de los servicios incluidos en el segundo convenio (un plan estratégico y un observatorio permanente) pero se pagaron, ante las reiteradas exigencias de los responsables. Urdangarin llamó al menos cinco veces por teléfono a Ballester a principios de 2007 reclamando el pago, destaca el acusador público.

Pide hasta 8 años para cuatro ex altos cargos valencianos

El fiscal solicita penas de 6 a 8 años de prisión para cuatro ex altos cargos de la Comunidad Valenciana por presuntos delitos de corrupción al beneficiar con 3,5 millones de fondos públicos al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin, y exonera al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.

De la trama valenciana pide que se abra juicio contra el exsecretario de Turismo de la comunidad, Luis Lobón; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Jose Manuel Aguilar; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y la que fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, Elisa Maldonado.

Para Lobón, Vela y Maldonado pide 8 años de cárcel (6 por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con los delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento público y 2 por fraude a la administración), así como 15 de inhabilitación absoluta y 8 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Para Aguilar reclama una condena de 6 años (4 años por malversación en concurso con prevaricación y 2 por fraude), 15 años de inhabilitación absoluta y 8 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

“Horrach exonera al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau“

Según el fiscal, Urdangarin coincidió en un acto público con la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y le comentó los proyectos del Instituto Nóos. Posteriormente concertó citas con la alcaldesa y con el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Uno de ellos tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela el 29 de enero de 2004.

Semanas después, ambos representantes políticos aceptaron la propuesta de celebrar foros de turismo y deporte, los Valencia Summit, "en atención básicamente a que Iñaki Urdangarin era yerno del rey" y ordenaron a sus respectivos subordinados que la recibieran y analizaran para determinar si era factible legalmente.

Los distintos responsables valencianos optaron por la fórmula del convenio de colaboración "elegida para orillar deliberadamente la Ley de Contratos de la Administración Pública" (LCAP) para obviar la realización de un concurso público y el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, y poder beneficiar directamente al Instituto Nóos, indica el fiscal.

Según ha revelado la instrucción, no se abrió procedimiento de contratación, ni se investigó la solvencia del Instituto Nóos, no se encargó informe jurídico sobre la legalidad del procedimiento de contratación elegido ni se cotejaron precios.

Eligieron la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (Cacsa) para firmar los convenios para evitar controles previos de fiscalización y limitaciones presupuestarias, asegura Horrach.

El convenio en la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (Ftvcb), Cacsa y el Instituto Nóos, de septiembre de 2004, daba cobertura administrativa formal al acuerdo verbal y los representantes políticos "se concertaron para eludir dolosamente la aplicación de la LCAP y beneficiar de forma fraudulenta al Instituto Nóos", indica.

Convenios de colaboración

El primer Valencia Summit fue en octubre de 2004 y costó 1.044.000 euros. El fiscal ha calculado los gastos imputables al foro por parte del Instituto Nóos, en 194.436 euros, por lo que la cantidad de la que presuntamente se apropiaron los responsables de la entidad asciende a 849.563,19 euros.

En octubre de 2005 se firma un segundo convenio de colaboración para otro Valencia Summit, con las mismas irregularidades, por otros 1.044.000 euros y además obtuvieron patrocinios privados. El fiscal estima que los gastos imputables a Nóos son de 375.672,71 euros. Calcula que se apropiaron de 1.158.512 euros.

Para la tercera edición del Valencia Summit, el convenio es de mayo de 2006, por otros 1.044.000 euros. Restados los gastos, el fiscal considera que los responsables de Nóos se apropiaron de 868.365,09 euros.

El fiscal detalla que en abril de 2007, dado que la Sindicatura de Cuentas de Valencia había puesto de manifiesto la falta de justificación de la contratación de 2004, Vela ordenó a Maldonado que elaborase un informe técnico de justificación para incorporarlo al evento de 2006. Fue redactado en abril de 2007, pero con fecha de un año antes.

Además, en 2005 el entonces presidente Camps aprobó que se realizara la candidatura valenciana a los Juegos Europeos según se la propusieron Urdangarin, Torres y un empresario, sostiene Horrach

Tras el acuerdo verbal, se firmó el convenio. El Instituto Nóos ingresó 382.203,7 euros de la Generalitat Valenciana en 2006, por el proyecto de candidatura a celebrar los Juegos Europeos.

La Generalitat rechazó facturas por 1.983.479,27 euros presentadas por el Instituto Nóos por no estar justificada la realización del servicio objeto de las mismas y por simulación de servicios mediante facturas falsas, indica el ministerio público.

Trama madrileña del 'caso Nóos'

Asimismo, pide 6 años y medio de prisión para la ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016 Mercedes Coghen por beneficiar fraudulentamente con unos 114.000 euros de fondos públicos a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), que presidía Iñaki Urdangarin.

“El fiscal considera que Coghen hizo "dejación deliberada de sus funciones"“

El fiscal considera que la entidad dependiente del Ayuntamiento de Madrid concedió a la Fdcis 114.000 euros en concepto de donaciones simuladas.

La Fdcis fue recibiendo pagos mensuales de la Fundación Madrid 2016 desde octubre de 2007 y, aunque al menos desde junio de 2008 Torres y Urdangarin dejaron de prestar el servicio de lobby y asesoramiento pactado, la entidad madrileña siguió pagando hasta septiembre de 2009.

El fiscal considera que Coghen hizo "dejación deliberada de sus funciones" y no solicitó justificación alguna a la adjudicataria sobre el destino de los fondos que se transferían mensualmente.

Torres desvió parte de esos fondos a un entramado empresarial ficticio de su propiedad. Por los hechos que afectan a la Fundación Madrid 2016, el fiscal únicamente acusa a Coghen y pide el archivo de la causa para el ex director general de la entidad Miguel Ángel de la Villa y su ex director financiero Gerardo Corral.