Nuevo tributo a la extracción de hidrocarburos para compensar a CC.AA. y ayuntamientos

• El impuesto lo pagarán las empresas que exploten los yacimientos
• Los titulares de suelos de yacimientos recibirán un 1% de la producción
• El objetivo, vencer la resistencia a las prospecciones y al fracking
• El Consejo de Ministros modifica de esta forma la Ley de Hidrocarburos

La Ley de Hidrocarburos compensará a CCAA y Ayuntamientos

El Gobierno ha aprobado este viernes la creación de un nuevo tributo para gravar la "exploración y explotación" de hidrocarburos en España, según ha anunciado el ministro de Industria, José Manuel Soria, que ha precisado que "tendrá como hecho imponible el valor de la producción de los combustibles que se extraigan" y que beneficiará a comunidades y ayuntamientos.

El impuesto lo pagarán las empresas que exploten los yacimientos. Una parte de la recaudación revertirá en las comunidades autónomas y entidades locales donde tengan lugar dichas prospecciones, si bien el titular de Industria no la ha especificado. En caso de producirse en el mar, irá a la región más próxima, según el ministro.

Este nuevo impuesto podría suponer un incentivo para superar las reticencias de las autoridades autonómicas ante las prospecciones -caso de Canarias, por ejemplo- o a dar permisos para extraer petróleo con la técnica de la fractura hidráulica, el fracking -caso, por ejemplo, de Cantabria o Navarra-.

El cambio normativo llevado a cabo por el Consejo de Ministros introduce además que los propietarios de los suelos en los que se desarrollen yacimientos de hidrocarburos reciban -además de la compensación por la expropiación- una retribución equivalente a un 1% del valor de producción anual mientras dure la extracción.

Esta medida forma parte de las novedades introducidas en el anteproyecto de ley que modifica la Ley de Hidrocarburos, que también "incrementa" el canon de ocupación que ya pagan las operadoras autorizadas para hacer las prospecciones o explotaciones.

Las prospecciones de Repsol revertirían en Canarias

De esta manera, la eventual carga fiscal proveniente de las prospecciones petrolíferas que Repsol desarrolla en aguas cercanas a Canarias revertirían en esta comunidad.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el objetivo de este cambio normativo es que la carga tributaria "pueda repartirse para dotaciones entre comunidades autónomas, ayuntamientos y titulares de los suelos" donde se produzcan los hallazgos.

Según indicaron a Efe fuentes del Ministerio de Industria el pasado mes de noviembre, una de las razones que justifican este cambio normativo es cambiar la distribución de los beneficios económicos derivados de los yacimientos petrolíferos para acercarlos más al territorio, con el objetivo de suavizar el rechazo que la concesión de permisos de exploración ha levantado en algunas zonas, como Canarias, Cantabria, Andalucía o Navarra.

De hecho, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha afirmado que esta modificación de la Ley de Hidrocarburos "es una cortina de humo para distraer de lo sustancial". "Los recursos naturales de Canarias no están en venta y el único hecho cierto que hay es que el Gobierno del PP le hecho una bajada del impuesto de sociedades a las petroleras. Eso es lo único cierto que hay", ha subrayado.

Las comunidades se resisten al fracking y a las prospecciones

El decidido apoyo del Gobierno a la búsqueda de hidrocarburos en España -el ministro de Industria, José Manuel Soria, insiste una y otra vez en la necesidad de reducir la dependencia casi total que el país tiene del crudo y el gas extranjero- ha chocado de frente con la oposición de parte de la ciudadanía y, en ocasiones, también de las comunidades autónomas.

Las protestas ecologistas y vecinales contra esta técnica, que consideran puede contaminar los acuíferos y provocar terremotos, se han multiplicado en las zonas con mayores recursos potenciales.

De hecho, los gobiernos de Cantabria y Navarra han llegado a prohibir esta técnica en sus territorios -algo recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, al entender que no tienen competencias para ello-, mientras que la Generalitat de Cataluña ha endurecido los requisitos para aplicarla.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha defendido este viernes desde Perú que "el Gobierno no incentiva el fracking, en absoluto".