Paralizado el desahucio de una víctima de violencia de género solicitado por su marido

• El hombre tiene una orden de alejamiento de 200 metros
• La comisión judicial ha renunciado al desalojo por la presión de los vecinos
• El TSJA asegura que el desahucio tiene "todas las garantías jurídicas"
• Teléfono de atención a las víctimas de violencia machista: 016

Paralizado el desahucio de una víctima de violencia de género que solicitó su marido

El desahucio de una víctima de violencia de género previsto este viernes en Tarazona, en Zaragoza, solicitado por su marido por ocupación ilegal de su casa, ha quedado suspendido este viernes por la comisión judicial que debía llevarlo a cabo ante la presencia de decenas de vecinos y miembros de la plataforma Stop Desahucios que se oponían.

La mujer, que se llama Rogia y es de origen sudanés, residía con su hija de ocho años en la casa de su marido, sobre el que pesa una orden de alejamiento de 200 metros por presuntos malos tratos.

El Ayuntamiento de Tarazona ha habilitado un piso para que la afectada y su hija puedan ser realojadas hasta que el próximo mes de febrero se celebre el juicio por divorcio.

Denuncia por malos tratos contra su marido

La afectada, de 32 años, según declaraciones recogidas por Efe, considera esto "una pesadilla que es mejor olvidar". Asegura que interpuso una primera denuncia por malos tratos contra su marido en 2008, que retiró porque su hija "era pequeña", y otra segunda en mayo de 2013, a partir de la cual pesa esta orden cautelar de alejamiento.

Rogia considera que "desde el principio, la juez tenía que ver la situación" en la que está y no decidir echarle de casa, a raíz de una denuncia que interpuso su marido, aprovechando "que había ido a Sudán para buscar a su hija", que estaba con la familia materna.

El matrimonio se casó en Sudán y primero vino el esposo a España y más tarde, hace nueve años, ella. Ambos tienen una niña que estaba con la familia de ella en Sudán, porque "siempre había problemas" con su marido de "malos entendidos y discusiones", ha dicho.

La mujer ha declarado que "ni siquiera" ha tenido la oportunidad de "hablar con la juez o tener un abogado" para defenderse del lanzamiento, que le fue comunicado en varias ocasiones a su domicilio, pero que ella no recibió porque, según ha defendido, había ido a Sudán "para buscar a su hija".

En estos momentos no tiene trabajo y su marido no le pasa pensión alguna, por lo que subsiste con una prestación social de poco más de 400 euros.

El próximo lunes espera que le comuniquen "cuántos días" tiene para abandonar la casa, en la que vive con su hija, y trasladarse a un piso que le facilitará el ayuntamiento de Tarazona a la espera del juicio de divorcio.

Stop Desahucios ve una "victoria temporal"

Fernando Escribano, de Stop Desahucios de Tarazona, ha dicho a Efe que se ha producido "una pequeña victoria temporal" y que la comisión judicial ha renunciado al desalojo al considerar que no tenían dotación policial suficiente ante la presencia de casi un centenar de personas ante la puerta de la vivienda.

Este caso ha generado una gran expectación en la localidad y en la vivienda, un bajo situado en el número 6 del Grupo de Viviendas Inmaculada, se han concentrado numeros medios de comunicación, ante los que los representantes de la plataforma Stop Desahucios han lamentado que desde hacía dos meses han intentado sin éxito buscar una salida para esta situación.

Rogia ha estado hasta el último momento, con el apoyo de la plataforma, viendo la forma de que se paralizara el desahucio en el juzgado, que ahora, tras esta suspensión, deberá fijar una nueva fecha.

El desahucio tiene "todas las garantías jurídicas"

Ante la expectación que el caso ha provocado, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha explicado en una declaración que el desalojo que se iba a llevar a cabo salvaguarda "todas las garantías jurídicas".

El tribunal precisa que el lanzamiento ordenado por el juzgado, jurídicamente denominado "desahucio en precario" y que ha sido paralizado de forma temporal, fue ordenado ya que la "demandada ocupa la casa sin autorización legal alguna".

También asegura que, cuando la mujer presentó en 2013 la denuncia por malos tratos, la jueza dictó una medida cautelar en la que acordaba una orden de alejamiento sobre su esposo, en la que "no hacía mención a la hija" de 8 años del matrimonio, que residía en Sudán por entonces.

Aclara que tampoco se le adjudicó la vivienda, ni se estipuló pensión alguna, ni para la madre ni para la hija, y que la titular del juzgado de instrucción de Tarazona envió diversas citaciones a la mujer, que salió un "tiempo" de España, para que se personara en el juzgado con el fin de seguir adelante con el procedimiento de desahucio y no respondió.

La juez ignoraba su paradero

La juez ignoraba su paradero, hasta el punto que fue puesta en rebeldía, señala el TSJA, que resalta que la mujer ni compareció, ni pudo solicitar asistencia jurídica gratuita, una petición que hizo en noviembre "cuando habían finalizado los plazos legalmente establecidos para ello".

La orden de protección a víctimas de malos tratos supone que la víctima tiene la obligación de comunicar al juzgado cualquier cambio, recuerda el alto tribunal aragonés, que precisa que este caso no entra en los supuestos establecidos en el convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación de Municipios y Provincias, para desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias o por impago de rentas de alquiler.

Se trata del tercer lanzamiento ordenado judicialmente habiéndose suspendido hasta el momento los tres, uno el 19 de septiembre, el 28 de noviembre y 12 de diciembre.