Las víctimas del accidente de tren de Santiago denuncian ante el Parlamento Europeo

• Por vulneración de la normativa de seguridad y publicidad engañosa
• Las denuncias han sido registradas en la sede de la UE en Madrid

El tren Alvia que realiza el mismo recorrido que el accidentado el 24 de julio, a su paso por el punto del descarrilamiento un mes después.

La plataforma que reúne a las víctimas del accidente de tren de Santiago ocurrido en julio de 2013 ha presentado este viernes dos denuncias ante el Parlamento Europeo (PE). Consideran que se incumplió la normativa europea sobre seguridad ferroviaria y que el Estado español "engañó gravemente" a los ciudadanos al considerar que se les vendió como alta velocidad un tren que no contaba con los sistemas de seguridad propios de la misma.

Una veintena de miembros de la Asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha acudido a la Oficina de la Unión Europea en Madrid, en el Paseo de la Castellana, para apoyar la interposición de ambas denuncias, acompañados por varias diputadas de Izquierda Unida, UPyD y BNG.

Mientras algunos miembros de la plataforma registraban la denuncia, el resto ha permanecido en la puerta de la sede de la institución europea tras una pancarta con la leyenda "81 fallecidos y más de 140 heridos en alta velocidad. Exigimos verdad, justicia y responsabilidades políticas: PP, PSOE, ADIF y Renfe".

Denuncia por "publicidad engañosa"

La asociación denuncia al Estado español por publicidad engañosa por "engañar gravemente" a los ciudadanos respecto a la seguridad de la alta velocidad, diciendo que contaba con la última tecnología y sistemas de conducción automática (ERTMS).

"Pero el tren lo único que tenía de alta velocidad era la velocidad, que además dependía de una única persona", según ha explicado Teresa Gómez Limón, portavoz de la plataforma y diputada en la Asamblea de Madrid por el grupo de no adscritos, ya que tras el accidente abandonó el PP.

También denuncia a España por incumplir la normativa europea, ya que al poner en marcha ese línea con esos trenes "no se hizo una evaluación de riesgos" ni se verificó su seguridad tras la desconexión del sistema ERTMS en 2012, ni tampoco consta la homologación del convoy.

"Todo está cerrado y absolutamente oscuro y nos vamos a Europa para ver si tenemos más suerte y son más democráticos, porque aquí no se cumplen las más mínimas normas de democracia", ha resumido Gómez Limón.

“En España no hay luz sobre el asunto“

En la misma línea, Javier García Municio, padre de un joven de 27 años fallecido en el siniestro, ha dicho que denuncian en Europa porque en España "no hay luz sobre el asunto" y ha asegurado: "Es una batalla larga y estamos dispuestos a resistir hasta el final, porque yo incineré a mi hijo pero no van a incinerar la verdad".

García ha anunciado que han decidido hacer un documental sobre la tragedia que ahora tratan de financiar mediante crowdfunding o micromecenazgo. Ya han elegido productora y ahora esperan recaudar el dinero necesario.

Las denuncias se enviarán a Bruselas

La misma sensación que las víctimas han expresado las diputadas de IU Caridad García, de UPyD Elvira García Piñeiro y del BNG Ana Miranda Paz, que han coincidido en que, además de la responsabilidad penal que pueda tener el conductor del tren, si así lo determina el juez, hay que dilucidar las responsabilidades políticas.

La tres han criticado que el PP haya "vetado" en varias ocasiones una comisión de investigación en el Congreso sobre el accidente y han dicho que seguirán prestando su apoyo a los afectados.

Ana Miranda, portavoz del BNG en Europa, ha explicado que la denuncias interpuestas se enviarán a Bruselas y entrarán en el orden del día de la Comisión Europea dentro de tres o cuatro meses, dándose una resolución para el próximo verano, previsiblemente.

Miranda, que ha sido eurodiputada del BNG y lo será en la próxima legislatura, ha anunciado que el presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, Michael Cramer, ya le ha expresado su apoyo en este sentido.

La Comisión Europea puede abrir procesos de infracción por incumplimiento de la normativa y exigir resarcimientos, según Miranda.