Ruz sienta en el banquillo a los dos máximos dirigentes de Caja Castilla-La Mancha

• Abre juicio oral contra el expresidente de la caja, Juan Pedro Hernández Moltó
• También contra el exdirector general de CCM, Ildefonso Ortega
• Impone una fianza de 138 millones a los dos que deberán pagar en 10 días
• Les atribuye delitos de administración desleal y falseamiento de las cuentas
• Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja intervenida en marzo de 2009

Ruz sienta en el banquillo a los dos máximos dirigentes de Caja Castilla-La Mancha

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto juicio oral contra el expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega, y les ha impuesto una fianza solidaria de 138,2 millones que deberán depositar por el "perjuicio económico" que causaron a la entidad.

CCM fue la primera caja española que fue intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009.

En un auto, el juez les atribuye los delitos de administración desleal y falseamiento de las cuentas y les impone esta cuantía de forma solidaria a petición de la acusación ejercida por el Banco de Castilla-La Mancha, que lo reclamó por el perjuicio económico que le pudieron ocasionar el "conjunto de operaciones" investigadas.

El magistrado da diez días de plazo a los dos gestores de la caja para que, atendiendo a la "indemnización interesada" por el Banco Castilla-La Mancha, presten la citada fianza de responsabilidad civil y les advierte de que, si no lo hacen en este plazo, serán embargados.

Piden para ellos hasta cinco años de cárcel

Para ellos, la Fiscalía pidió el pasado 21 de octubre dos años y medio de prisión pero solo por un delito societario de falseamiento de cuentas por emprender una "maniobra contable" con la que reflejaron 30 millones en beneficio en lugar de unas pérdidas de 182 millones de euros.

Sin embargo, no reclamó ninguna responsabilidad civil ni les acusó del delito de administración desleal que sí aprecia Ruz, que en su auto consideraba indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación".

Pasaba entonces a detallar cada una de las operaciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva de las que ya alertó el Banco de España en su pericial, en la que el supervisor encontró "actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil".

Se refería a los créditos a Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Kopan Cartera, T-Solar Global, Renovalia, Residencial Picón, Sersan Integral o Grupo Lábaro, entre otros, por 253,8 millones, siendo la de mayor volumen la de un crédito de 60 millones a Zent Inversiones.

A continuación figuraban dos préstamos de 50 millones cada uno para el empresario Antonio Barco Fernández y para el Grupo de Negocios Urbaja.

Por su parte, el Banco de Castilla La Mancha eleva su petición a cinco años y medio de prisión, y la otra acusación, ejercida por Adicae, la deja en cinco.