Los Presupuestos Generales del Estado para 2015, aprobados definitivamente por el Congreso

• Montoro confía que 2015 sea más positivo en términos de creación de empleo
• La oposición critica las cuentas y niega que sean las de la recuperación

Los Presupuestos Generales del Estado para 2015, aprobados definitivamente por el Congreso

El Pleno del Congreso ha dado este jueves la aprobación definitiva a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero después de tres meses de tramitación durante los que se han incorporado 250 modificaciones respecto a su redacción inicial, la gran mayoría de ellas mediante enmiendas del Partido Popular.

Todos los grupos de la oposición han criticado las cuentas y han negado que -como asegura el Gobierno- sean los presupuestos de la recuperación, aseguran que ignoran la crisis que afecta a la mayor parte de la población y consideran que no servirán para reactivar la economía. Además, han coincidido en el carácter electoral de muchas de las medidas incluidas.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha mostrado en su intervención su confianza en que el año próximo sea más positivo en términos de recuperación de bienestar y de empleo. Además, ha señalado que, después de las exposiciones de los portavoces, el Gobierno toma mayor conciencia sobre las dudas de los grupos respecto a la recuperación, el empleo, la desigualdad o las diferentes sensibilidades autonómicas.

Casi todas las enmiendas aprobadas, del PP

También han lamentado que no se hayan tenido en cuenta sus aportaciones y se hayan rechazado casi todas las más de 8.200 enmiendas parciales presentadas.

De hecho, 98 de las 99 modificaciones incorporadas en el Congreso fueron propuestas del PP, y solo los nacionalistas del PNV consiguieron sacar adelante una enmienda, sin contar con los cinco cambios del PSOE introducidos en el texto por un error del PP en las votaciones y que se han eliminado en el Senado.

También eran de los populares casi todas las 150 enmiendas introducidas en el Senado, donde también ha salido adelante algunas de las registradas por los nacionalistas catalanes y vascos. Estas modificaciones de la Cámara Alta son las que se han votado este jueves en el último trámite parlamentario de las cuentas del año próximo.

Los cambios introducidos en el Senado

Entre los cambios más importantes destaca el permiso que se otorga a las comunidades autónomas que cumplan el objetivo de déficitpara que cubran el año que viene todas las vacantes que se produzcan en sus cuerpos policiales, idéntica medida admitida para las policías municipales.

Además, se limita la tasa de reposición en educación para el personal docente no universitario en las comunidades que no cumplan los objetivos de deuda y déficit.

También se definen como actividades prioritarias de mecenazgo algunas acciones llevadas a cabo por la Fundación ONCE y por la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En otras modificaciones se concede 6 millones de euros a las comunidades autónomas para que financien los servicios de justicia gratuita, y se regula el nuevo régimen retributivo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de forma que los desempeñan su cargo con carácter exclusivo percibirán dietas por asistir al Pleno o a las comisiones sin tener derecho a otra remuneración.

Por otro lado, se extienden a todos los entes integrantes del sector público estatal las limitaciones a las emisiones de deuda y operaciones de endeudamiento que ya tenían los organismos públicos.

Además, se elimina la limitación que se quería introducir inicialmente a las aportaciones económicas de las instituciones para la contingencia de jubilación de los trabajadores públicos a través de Entidades de Previsión Social Voluntaria del País Vasco.

Igualmente, se asegura la viabilidad de los parques científicos y tecnológicos cuya titularidad ostenten las administraciones públicas o instituciones públicas sin ánimo de lucro que se hubieran acogido a determinados aplazamientos de devolución de deudas mediante una moratoria para las cuotas (más sus intereses) que vencen en 2015, y se constituye un nuevo crédito por la totalidad del importe de las cuotas a aplazar, con vencimiento a 1 de enero de 2017 y plazo de amortización de hasta 20 años.

Por último, se prevé que las instituciones sanitarias y hospitales cuya titularidad ostenten las administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro que estuvieran acogidas a la moratoria prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a 21 años, junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de 10 años con amortizaciones anuales.

Las cuentas en grandes líneas

Desde que presentó su anteproyecto de ley en septiembre pasado, el Gobierno ha insistido en que este presupuesto apuesta por impulsar el crecimiento al tiempo que sigue apostando por la consolidación fiscal. También ha destacado que más de la mitad del gasto se dirija a políticas de gasto social, entre las que incluye pensiones, protección por desempleo, prestaciones, servicios sociales, fomento del empleo, sanidad, educación, cultura y deportes.

En total, los ingresos tributarios alcanzarán los 186.112 millones de euros, un 3,5% más que la recaudación prevista inicialmente para este año, mientras que los no tributarios llegarán a los 19.876 millones de euros, un 4,2% menos que las previsiones de este año. De esta forma, los ingresos totales no financieros sumarán 133.712 millones, un 4,3% más.

El límite de gasto no financiero se situará en 129.060 millones de euros, un 3,2% menos. Dentro de este techo, el gasto por los intereses de la deuda sumará 35.490 millones de euros, un 5,2% menos. De esta forma, los ministerios, con 34.526 millones de euros, contarán con un presupuesto menor que lo que gastará el Estado en pagar esos intereses de la deuda.

El gasto presupuestado para la política de pensiones en 2015 asciende a 131.658,93 millones de euros, un 3,3% más que el año pasado.

Por otro lado, se destinarán 25.300 millones de euros al pago de prestaciones por desempleo, lo que representa un 14,9% menos en comparación con el gasto inicial de 2014 (29.727 millones de euros). También destaca la caída del 26,5% en la dotación presupuestaria para políticas de vivienda, que asciende a 587,11 millones de euros (799,64 millones en 2014).

Dentro de las partidas con más dotación, las que más crecen son la inversión en I+D+i (6.395 millones, un 4,8% más) y la dotación del Programa de Inserción y Estabilidad Laboral que, con 4.712,11 millones, crece un 16,6% principalmente -según el Gobierno-, por el incremento en las partidas destinadas a financiar las bonificaciones a la contratación: 1.500 millones de euros, un 22,8% más que en 2014).