La Fiscalía se querella contra Camps por presunta malversación con el Gran Premio de Fórmula 1

• También contra la exdirectora de Canal 9 Lola Johnson y el expiloto Aspar
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El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps en una foto de archivo.

La Fiscalía Anticorrupción de Valencia se ha querellado contra el expresidente de la Generalitat y diputado en las Corts Francisco Camps por presunta malversación, prevaricación y delito societario por la compra de la empresa Valmor, organizadora de grandes premios de Fórmula 1 en Valencia, por parte del Consell, según ha confirmado el propio Ministerio Público.

La Fiscalía se ha querellado también contra la ex secretaria autonómica de Comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Johnson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar. La querella se presentó este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSCV).

En concreto, el fiscal encargado de la investigación estima que con la operación de la compra de Valmor se pudo haber incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario, con lo que se ha querellado contra Camps, Johnson y Aspar y solicita que se les llame a declarar como imputados.

El ministerio público ha descartado inicialmente dirigir su querella también contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que fue el que firmó la compra de Valmor, al estimar que las supuestas irregularidades se cometieron durante la confección y firma del aval, en un momento en el que la Presidencia del Consell la ocupaba Francisco Camps.

Presuntas irregularidades en la confección de la operación

Así, las supuestas irregularidades se ceñirían a la confección que se hizo desde el Gobierno valenciano de Camps para que la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva adquiriese la totalidad de las participaciones sociales de Valmor para organizar el evento deportivo por un precio simbólico de un euro -cuando la empresa privada arrastraba una deuda de más de 34 millones de euros, según la oposición- y con una cláusula que impedía exigir responsabilidades a los empresarios de Valmor. 

Johnson justificó en su momento esta acción en que era un plan de reorganización del sector público que iba a permitir a la Generalitat concentrar la gestión de los eventos deportivos relacionados con el motor y, así, poder plantear de una forma más eficaz la externalización parcial de los eventos. 

Sin embargo, para EUPV y PSPV, esta acción supuso un quebranto económico para el erario público puesto que una empresa pública de la Generalitat asumió todas las deudas de una empresa privada con entidades financieras y proveedores, y eximiendo a los vendedores de cualquier responsabilidad.