El Gobierno Vasco plantea a ETA otra verificación para un desarme "rápido"

• El Ejecutivo de Urkullu lamenta que ETA no haya avanzado en su desarme
• Este plan es una respuesta al último comunicado de los actuales verificadores

El lehendakari, Iñigo Urkullu, el pasado 10 de diciembre.

El Gobierno Vasco ha criticado el modelo de desarme escogido por ETA, sin calendario y con una verificación cuestionada, y le ha propuesto un procedimiento para un desarme "rápido y efectivo" con una nueva comisión de verificadores con participación del propio Ejecutivo autonómico.

En un comunicado, la Presidencia del Gobierno Vasco ha respondido a la declaración de la denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV) en la que avala el proceso de sellado del armamento de la banda y manifiesta su convicción de que la banda seguirá avanzando hacia su desarme completo.

Sin embargo, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha considerado que después de más de tres años del anuncio de cese definitivo de la violencia por parte de ETA, "no se ha avanzado en el desarme" y "esto no es aceptable" porque "tiene un alto coste social y político que ha de pagar la sociedad vasca en forma de injusta hipoteca".

El Gobierno vasco ha asegurado que ya estaba al corriente de la situación de "estancamiento" del proceso que a su juicio refleja el informe de la CIV difundido este domingo, y aunque ha manifestado "respeto y apoyo a los buenos oficios" de este grupo, apenas una hora después ha emitido una valoración muy diferente.

Cinco pasos

Según el Gobierno de Vitoria, "un proceso de sellado de armas sin verificación efectiva y sin calendario conocido no tiene valor". Por ello, ha propuesto a ETA otro modelo de desarme, basado en cinco pasos, que arrancaría con una aceptación por parte de ETA de "los buenos oficios" de otro comité compuesto por agentes sociales, internacionales y del Gobierno Vasco.

El siguiente paso conllevaría la obligación de que ETA estructurara "en un plazo de tiempo comunicado el depósito de todas sus armas y explosivos y en un número de almacenamientos localizables y seguros para la población".

Paralelamente, el Gobierno Vasco propone la constitución de un Comité para el Desarme compuesto por miembros del Foro Social que se ha reunido con el Comité Internacional de Verificación, así como por agentes internacionales y representantes del Gobierno Vasco. El Ejecutivo vasco propone también solicitar el apoyo del Parlamento Vasco para este comité.

En cuarto lugar, el procedimiento marcado por el Gobierno Vasco establece que ETA entregaría la localización de sus almacenamientos de armas y explosivos a la representación de la sociedad vasca en el Comité para el Desarme.

El quinto y último paso sería el de la entrega de esta información al Comité para el Desarme, que lo pondría a su vez en manos del Gobierno Vasco "para que éste actúe como legalmente proceda".

Referencia a la izquierda abertzale

El Ejecutivo vasco ha emplazado a ETA a asumir esta propuesta porque "representa la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca" y ha opinado que "un desarme unilateral, ordenado, verificado y efectivo tendría efectos positivos en la sociedad vasca, en la política y en el proceso de paz y convivencia".

"Permitiría a esta sociedad pasar página de una forma definitiva, favorecería nuevas dinámicas de diálogo político y parlamentario, y crearía condiciones favorables para un cambio en la política penitenciaria y en la situación de los presos y de sus familias", ha considerado.

Además, "liberaría al sector socio-político de la izquierda abertzale de una buena parte del lastre de su pasado y facilitaría su incorporación normalizada al juego político", ha añadido.

La CIV

A falta de iniciativas previas del Gobierno vasco en este sentido, la Comisión Internacional de Verificación se constituyó el 28 de septiembre de 2011 para verificar "el alto el fuego permanente, general y verificable" declarado por la banda ETA el 10 de enero de 2011 y la subsiguiente declaración de "final definitivo de la violencia" del 20 de octubre de 2011.

La CIV, que nunca ha tenido apoyo del Gobierno esapañol e incluso fue citada a declarar en la Audiencia Nacional, ha confirmado que ETA ha cumplido con su compromiso de cesar todo tipo de asesinatos, atentados, amenazas y extorsión en estos tres últimos años.

Esta comisión está integrada por Ronnie Kasrils, ex ministro de Inteligencia y viceministro de Defensa de Sudáfrica; Chris Maccabe, ex director político de la Oficina de Irlanda del Norte del Reino Unido y ex Jefe de Regímenes Penitenciarios de Irlanda del Norte; y Ram Manikkalingam, profesor en la Universidad de Ámsterdam y ex asesor del presidente de Sri Lanka para las negociaciones con los Tigres tamiles.

También participan Satish Nambiar, ex vicejefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de la India y Jefe de Misión de la Fuerza de protección de las Naciones Unidas en la ex Yugoslavia en 1992 y 1993, junto a Fleur Ravensbergen, subdirectora del Dialogue Advisory Group y Aracelly Santana, ex representante Adjunta del Secretario General de las Naciones Unidas y Jefa Adjunta de Misión, Misión de las Naciones Unidas en Nepal (UNMIN).