Uber tilda de "desproporcionada" la orden de cierre del sitio web y continuará con sus servicios

• Subraya que ha tenido conocimiento por los medios de la decisión
• Señala que "trata de frenar la propuesta de nuevos servicios tecnológicos"

La aplicación de Uber abierta en un móvil junto a una parada de taxistas en Barcelona.

Uber, compañía que pone en contacto a usuarios y conductores a través de una aplicación en internet, ha calificado de "desproporcionada" la decisión judicial que ordena el cierre del sitio web y ha avanzado que continuarán ofreciendo sus servicios hasta que tengan la notificación oficial.

En un comunicado, Uber ha subrayado que ha tenido conocimiento por los medios de comunicación de la decisión del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid así como del auto previo que ordenaba el cese de actividades del sistema Uber en todo el territorio nacional.

Según Uber, la decisión judicial es "desproporcionada y discriminatoria" pero, además, "trata de frenar la innovación y la propuesta de nuevos servicios tecnológicos en España".

En los últimos días, el juzgado de lo Mercantil número dos de Madrid ha enviado a las empresas de telecomunicaciones que dan servicio a Uber y a las compañías que gestionan sus pagos la orden de que dejen de prestar servicios a la plataforma de transporte compartido. Esta decisión es consecuencia del auto del 9 de diciembre, que prohibía la actividad de Uber en todo el territorio nacional.

Señala que viola la CE

En el comunicado remitido este sábado a los medios, Uber ha expresado su sorpresa por la "celeridad excesiva" con la que han actuado determinados operadores de telecomunicaciones ante "tan inusual y desproporcionado" requerimiento.

Además, ha hecho hincapié en que, a su juicio,  la sentencia viola la Constitución española "y el artículo 6 y 13 de la Convención europea de los Derechos Humanos, que garantizan a los acusados el derecho de una defensa judicial justa".

Por ello, han concluido que la resolución cautelar del juzgado de lo Mercantil de Madrid entra en conflicto con las leyes europeas, en particular con los principios de libertad de prestación de servicios.