El fiscal pide 6 años y 10 meses de cárcel para dos ex altos cargos de CiU por el 'caso Pretoria'

• También solicita multas de entre 13,7 y 10,3 millones de euros
• Para el presunto líder pide 8 años de cárcel y multas que suman 22,6 millones

El ex alto cargo de CiU Macià Alavedra, en una imagen de archivo.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este lunes penas de seis años y 10 meses de cárcel para los ex altos cargos de CIU durante la presidencia de Jordi Pujol: el exsecretario de la Presidencia Lluis Prenafeta y el exconsejero de Economía Macià Alavedra, por el caso Pretoria de corrupción urbanística en Barcelona, así como multas que suman 13,7 millones de euros para el segundo de ellos y 10,3 millones para el primero.

En su escrito de calificación, Anticorrupción pide también 8 años de cárcel y multas que suman 22,6 millones por diversos delitos para el presunto líder de esta trama el exdiputado socialista Luis García, 'Luigi', y seis años y diez meses de cárcel y multa de 4,1 millones para el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz.

Además reclama el decomiso de las ganancias obtenidas de forma ilícita a través de esta trama: 5,8 millones de euros a Prenafeta y a Luigi, respectivamente, y 3,2 a Alavedra y 1,1 a Muñoz.

La Fiscalía ha emitido su escrito de calificación después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz propusiera el pasado 18 de diciembre llevar a juicio a 11 imputados en esta trama, que se calcula defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

Además de los ya citados, la Fiscalía pide 3 años y 6 meses de cárcel y multa de 9,4 millones por blanqueo para María Lluisa Mas Crussels (esposa de Prenafeta), la misma pena de prisión que para el testaferro Philip MacMahan; tres años para Manuel Carrillo; dos años y nueve meses para Manuel Valera; dos años y seis meseS para Gloria Torres, un año para Manuel Dobarco (exedil en Santa Coloma) y once meses para José Singla.

Considera probadas las operaciones urbanísticas

La Fiscalía, al igual que Ruz, considera probado que entre 2001 y 2009 se ejecutaron en Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona "una serie de operaciones urbanísticas que proporcionaron a los acusados la obtención de cuantiosos e ilícitos beneficios y comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial"

En las citadas operaciones desempeñó un papel fundamental "Luigi", diputado autonómico del PSC entre 1980 y 1988 y "conocido en todo el entorno empresarial dedicado al ámbito inmobiliario y de la construcción por su papel de 'conseguidor'".

Según la Fiscalía, era "notoria la relación e influencia que ejercía sobre los cargos públicos integrantes de los órganos decisorios de las adjudicaciones públicas de esos municipios" y los empresarios interesados en alguna de dichas adjudicaciones tenían asumido que para obtenerlas debían contar con su autorización.

En esta estrategia contó además con "la indispensable colaboración del acusado Manuel Valera Navarro,  hombre de su confianza que figuraba como administrador en la mayoría de las sociedades controladas" por Luigi.

Dentro del círculo de relaciones que éste mantenía con los cargos públicos de las localidades en las que se desplegó esta trama destaca la que le unía con Bartomeu Muñoz, que era de tal intensidad que Luigi "tomaba muchas de las decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Santa Coloma y que Muñoz "asumía como propias, percibiendo por ello cuantiosas e ilícitas comisiones".

"Estrecha relación con Jordi Pujol"

En cuanto a la actividad delictiva desplegada en San Andrés de Llavaneras y Badalona, fue crucial, según la Fiscalía, el papel desempeñado por Prenafeta y Alavedra, quienes mantenían "una estrecha relación personal con el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol".

Ambos, "sabedores de la facilidad con la que se movía Luis Andrés García en estos municipios" y de la "influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña, se concertaron con el anterior, planificando y ejecutando el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones".

Ello "les permitió recibir ilícitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron las adjudicaciones en estos municipios".

Precisa que Prefaneta y Alavedra contaron con la colaboración de sus esposas en la obtención de las ganancias ilícitas y en su ocultación a la Hacienda Pública. Para ellos utilizaron "un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios 'off shore' y diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas" a través de las cuales canalizaron estos fondos que, en ocasiones, invirtieron en la adquisición de diferentes activos financieros.

Todos ellos fueron detenidos, junto a otras cuatro personas, en una operación policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009. Entre multas y decomisos, Anticorrupción pide un total de 93 millones de euros para los once imputados, a los que acusa de los delitos tráfico de influencias y cohecho, ambos cometidos por particular y funcionario, y blanqueo de capitales.