El Tribunal de Cuentas pide regular el vacío legal del 'crowdfunding' político

• Podemos fue la única formación analizada que usó esta forma de financiación
• El órgano da el visto bueno a las cuentas de los partidos en las europeas
• Aconseja también controles para que elijan a los proveedores más baratos

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, durante una comparecencia en el Congreso.

El Tribunal de Cuentas recomienda regular la financiación colectiva de partidos políticos mediante plataformas digitales, el llamado crowdfunding, tras fiscalizar los gastos de las formaciones que se presentaron a las elecciones europeas, entre ellos Podemos, el único de los que, según el organismo, usó este método de captación de fondos en esos comicios.

Se trata de una de las cinco recomendaciones que el órgano fiscalizador incluye en su Informe de Fiscalización de las contabilidades electorales de las Elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo de 2014, aprobado el pasado 20 de diciembre y hecho público este lunes por la institución. [Texto íntegro en PDF]

Al constatar que este sistema de captación de recursos privados "no está expresamente contemplado en la legislación actual sobre financiación de los partidos políticos", el tribunal pide que "sea regulado, cubriendo el vacío legal que existe en esta materia".

Problemas de identificación de donantes

Expresamente, alude a las "dificultades" que este sistema presenta "en relación con la identificación" de la procedencia" del dinero, a la hora de saber quiénes hacen aportaciones a la entidad política que acude a los comicios.

Podemos, la formación liderada por Pablo Iglesias que irrumpió en el Parlamento Europeo con cinco eurodiputados, es el único de los diez partidos o coaliciones que obtuvieron escaño a los que el Tribunal se refiere en este apartado.

Al analizar sus finanzas, el Tribunal de Cuentas constata que la contabilidad de Podemos "presenta incoherencias formales" en los estados financieros, de manera que existe "un descuadre entre los recursos declarados y los gastos electorales contraídos", si bien esta circunstancia no ha impedido acometer la fiscalización.

En concreto, sobre los fondos obtenidos por este método señala que hay 57 pequeños ingresos, por un valor total de 886 euros, que no están completamente identificados, así como otro aislado de 48.261 euros.

Otras recomendaciones

El propio informe señala que Podemos alegó que este problema obedece a dificultades en el diseño de su plataforma de financiación. Con todo, el órgano presidido por Ramón Álvarez de Miranda concluye que no procede reducir las subvención electoral que le corresponda percibir a esta formación política y a ninguna otra, a pesar de que en todos los casos se detectaron diversas irregularidades.

Además de la recomendación sobre el "crowdfunding", que en el ámbito empresarial ya es objeto de un proyecto de ley en tramitación parlamentaria, el Tribunal de Cuentas propone a partidos y coaliciones que "limiten los gastos realizados a los imprescindibles para acometer la campaña electoral" y que se doten de sistemas de control interno para seleccionar las ofertas económicas más ventajosas en operaciones importantes.

Finalmente, plantea adecuar los límites de gastos publicitarios a los nuevos soportes, como la prensa digital e internet, regular adecuadamente el destino de los recursos privados que no cumplen con los requisitos legales y completar el régimen sancionador.

En el Congreso también se está tramitando (desde el pasado febrero) una ley orgánica de control de las finanzas de los partidos.

Los partidos gastaron 37,5 millones en las elecciones europeas

Los partidos políticos declararon gastos por importe de 37,5 millones de euros en las pasadas elecciones europeas del 25 de mayo, 17,4 de ellos destinados al envío de propaganda electoral.

De acuerdo con el informe del Tribunal, el PP fue el partido que justificó más gastos, un total de 11,3 millones de euros, seguido por el PSOE, con 11,1 millones, y La Izquierda Plural, con 5,8 millones de euros.

Podemos declaró gastos por importe 134.196 euros, pero no subvencionables, al no corresponder a envíos de propaganda electoral, pues no los utilizó.

Ninguno de los diez partidos o coaliciones que justificó sus gastos superó los límites previstos en la normativa electoral y el Tribunal no ha pedido reducir la subvención que les corresponde por la ley.