Ecologistas critica que la Ley de Montes permite construir en zonas incendiadas

• La ONG cree que se reactiva el riesgo de incendios provocados
• Advierten de que se elimina la obligación de gestionar los bosques
• Ingenieros esperan que ayude a reactivar la economía del monte

Bosque quemado en La Gomera (Islas Canarias).

La organización Ecologistas en Acción ha alertado de que el Proyecto de modificación de Ley de Montes aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, reactiva el riesgo de que se provoquen incendios ya que las comunidades autónomas podrán permitir construir en zonas incendiadas con una de las excepciones que incluye la nueva norma.

La ONG considera la ley "innecesaria y contraproducente" en una nota por no incorporar "mejoras sustanciales para la gestión de los bosques"; por invadir competencias autonómicas al regular la caza y la pesca y porque suponen, a su juicio, "un grave retroceso en la necesaria planificación forestal".

Temor a la construcción en zonas quemadas

Ecologistas explica que la anterior norma, la Ley 43/2003 de Montes, incluía como una de sus principales novedades prohibir el cambio de uso forestal de las zonas incendiadas al menos durante 30 años.

De esta forma, argumentan, se evitaba que se provocaran fuegos con fines especulativos.

El proyecto de Ley de Montes que ha aprobado el Gobierno establece en su artículo 50 que las comunidades autónomas podrán acordar cambios de uso forestal en zonas incendiadas, justificando la existencia de un interés general prevalente y mediante el establecimiento de medidas compensatorias.

Retroceso en la planificación forestal

Por otro lado han criticado que la reforma de la Ley de Montes supone también un "grave retroceso en la exigencia de una adecuada planificación forestal".

Mientras que la ley aún vigente establece que es obligatorio que todos los montes cuenten con un instrumento de gestión, el proyecto actual "elimina dicha obligatoriedad", afirman.

Así, las comunidades autónomas podrán decidir en qué montes privados será obligatorio este instrumento de gestión, según recoge el texto al que ha tenido acceso la ONG.

En la disposición transitoria segunda se amplía a 25 años el plazo para tener un instrumento de gestión forestal, lo que supone en la práctica casi eximirles de dicha obligatoriedad.

Además advierten de que se da un "trato de favor a los aprovechamientos forestales de crecimiento rápido", ya que se les permite gestionar estos cultivos según su propio criterio.

"Con el escaso nivel de planes de gestión forestal aprobados actualmente, esta ley debería establecer incentivos eficaces para lograr un mayor porcentaje de zonas forestales con instrumentos de planificación", concluyen.

Crítica a la regulación cinegética

La ONG también se ha mostrado preocupada por los cambios relacionados con la actividad cinegética: la elaboración de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética; la regulación del reconocimiento de licencias multiautonómicas; la creación del registro de infractores de caza y pesca y las actuaciones sanitarias en especies cinegéticas.

Ecologistas achaca estas medidas "a la importante relación existente entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en general el Partido Popular, con el sector cinegético, al que favorece con estos cambios". "Supone además una invasión en competencias autonómicas", añaden.

Ingenieros esperan mejoras socioeconómicas

El decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Carlos del Álamo, ha expresado que espera que la reforma de la Ley de Montes "sirva para adaptar la situación de los montes a la realidad socioeconómica actual", según recoge Europa Press.

Del Álamo ha celebrado la puesta en valor de los recursos del monte tradicionales como "la madera, la resina o la caza", así como de los servicios ambientales que, a su juicio, "tienen también un valor de mercado". "Todos los ciudadanos comunismos naturaleza que, en gran parte, está constituida por los montes españoles", ha rematado.

Preguntado por el nuevo supuesto "excepcional" de cambio de uso de terrenos incendiados para evitar que incendios provocados puedan impedir actuaciones de interés general, Del Álamo ha advertido de que se trata de una "causa mínima" de incendio y ha añadido que "no es una medida que ensimisma garantice la protección contra incendios". "Es una medida más publicitaria que realista", ha concluido.