El Gobierno niega que los tratamientos contra la hepatitis C estén supeditados al dinero
- Califica de "importante" la elaboración de un plan estratégico para la enfermedad
- Los afectados se reunirán este sábado para pedir "tratamientos para todos"
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la administración de los tratamientos contra la hepatitis C "nunca estará supeditada a causas económicas" gracias a la política farmacéutica y ha recordado que son las comunidades las que tienen que dispensar los nuevos fármacos a los enfermos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha calificado de "muy importante" la elaboración de un plan estratégico para el abordaje de esta enfermedad, cuyo comité de coordinación se reunirá el próximo lunes, presidido por el doctor Joan Rodés, "uno de los hepatólogos españoles de mayor prestigio".
La vicepresidenta ha destacado la necesidad de contar con expertos y de definir una nueva estrategia, ya que en estos asuntos "el criterio científico es mucho más documentado y mucho más eficaz que el criterio político".
Dará respuesta a los nuevos tratamientos
El plan pretende dar respuesta a los nuevos tratamientos sobre la enfermedad, ha explicado Sáenz de Santamaría, quien ha insistido en que el Gobierno quiere "contar con datos fiables, actualizar el acuerdo con conocimientos científicos y asegurar el acceso con criterios clínicos".
Asimismo, ha señalado que en la elaboración de ese plan participarán las comunidades autónomas, las sociedades científicas y las organizaciones de pacientes.
"Es un tema suficientemente serio como para que sean los expertos, por un lado, los que planteen sus conocimientos y las necesidades y, por otro lado, los pacientes presenten sus inquietudes", ha indicado la vicepresidenta.
Nueva marcha para el sábado
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFH) celebrará este sábado en Madrid una marcha hasta el Palacio de la Moncloa para exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que todos los pacientes afectados por el virus sean tratados con los fármacos de última generación que se están autorizando.
La iniciativa, convocada bajo el lema 'Díselo al Gobierno: tratamientos para tod@s', arrancará a las 9:45 horas en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde medio centenar de afectados llevan varias semanas encerrados en señal de protesta, con una carrera solidaria hasta la plaza de Legazpi, desde donde se iniciará la marcha a las 10:00 horas.
Durante su recorrido efectuarán diferentes paradas en Atocha, Cibeles, Callao y el Palacio de la Moncloa, donde leerán un manifiesto y entregarán una carta a Rajoy con sus reivindicaciones.
"Se prevé multitudinaria"
"Tenemos todos los permisos pertinentes y se prevé multitudinaria", ha aseverado a Europa Press el presidente de esta plataforma, Mario Cortés.
Los afectados aseguran que en España se producen 12 muertes diarias por la hepatitis C que podrían evitarse, para lo que exigen un plan nacional que garantice el acceso a los nuevos tratamientos, una partida presupuestaria específica, equidad en el acceso entre comunidades y actuar contra los precios elevados que están fijando las compañías farmacéuticas que los han desarrollado.
"El Gobierno no tiene voluntad política de actuar contra las farmacéuticas y les da todo tipo de prevendas", ha denunciado. Además, Cortés considera insuficiente que el Ministerio de Sanidad esté trabajando en el desarrollo de un Plan Estratégico para el abordaje de la hepatitis C y haya convocado para el lunes a un comité de expertos para definirlo.
“Lo que es urgente es que cojan y den ya la medicación a los enfermos“
"Lo que es urgente es que cojan y den ya la medicación a los enfermos y se habilite una partida extraordinaria para poder pagarlos, lo demás son palabras y falsas promesas", ha insistido el presidente de la plataforma.
Junto a esta iniciativa, la plataforma tiene previsto presentar el lunes en la Audiencia Nacional una querella contra la exministra de Sanidad, Ana Mato, como "responsable" de las más de 4.000 muertes que se han producido en el último año por no financiar los tratamientos que ya había aprobado Europa.