Oriol Pujol se niega a declarar por presunto cohecho en una trama derivada de las ITV
- El exdiputado de CiU se niega a declarar por "consejo" de su abogado
- El fiscal cree que utilizó sus "múltiples influencias" en operaciones mercantiles
El exdiputado de CiU en el Parlament de Cataluña, Oriol Pujol, se ha negado este lunes a declarar ante la juez que lo había citado como imputado en un caso derivado de la trama de las ITV. El exsecretario general de CDC, uno de los seis hijos del expresidente Jordi Pujol objeto de una investigación, está imputado por presuntos delitos de cohecho y falsedad documental, al haber utilizado supuestamente su influencia política en varias operaciones empresariales, entre ellas varias deslocalizaciones de empresas.
El exdiputado ha justificado su decisión por "consejo" de su abogado, según fuentes judiciales recogidas por Europa Press, y ha alegado que ya había declarado dos veces como imputado por el caso ITV ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), cuando aún tenía condición de aforado.
También su mujer, Anna Vidal, y el empresario y amigo del político, Sergi Alsina, imputados en la investigación se han acogido a su derecho a no declarar, alegando los mismos motivos que Oriol Pujol.
Ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre si él y su esposa son inocentes, el único hijo del expresidente de la Generalitat que se dedicó a la política ha añadido un lacónico "claro que lo somos", mientras se disponía a subirse a la moto que lo ha llevado a los juzgados.
La juez cree que el exdiputado convergente cobró entre los años 2008 y 2012 un total de 499.060 euros a través de las facturas que su esposa, Anna Vidal, facturó a la empresa de Alsina por trabajos de asesoramiento que la magistrada considera eran ficticios y que servían para enmascarar los pagos ilegales.
El fiscal cree que utilizó "sus múltiples influencias"
El fiscal, Fernando Maldonado, sostiene que Alsina contrató a la mujer de Pujol para trabajos de asesoramiento en operaciones empresariales entre 2010 y 2012, pero que en realidad quien cobraba era Pujol por su "inestimable" colaboración y uso de su posición.
Según la tesis del fiscal, Oriol Pujol presuntamente "facilitó el acceso" al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a altos cargos de la consejería del ramo, entre otros.
El fiscal cree que los servicios que realmente pagaba Alsina eran presuntamente los que prestaba Oriol Pujol, "quien utilizaba sus múltiples influencias políticas en beneficio propio y de los otros dos imputados".
El importe total de las facturas giradas y cobradas por Vidal por los servicios aparentemente contratados y no prestados en los años 2008, y de 2010 a 2012 fue de 499.060 euros, según la Fiscalía.
Operaciones de compañías en Barcelona
Una de las operaciones en las que se contrató a Alsina y en las que presuntamente simularon la participación de Anna Vidal fue la venta de la planta de Sharp en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona.
El que supuestamente hizo las gestiones fue Oriol Pujol: hablando con los dueños de uno de los interesados en la compra, facilitando el acceso al presidente de la Generalitat, el director de la Agencia Tributaria Catalana y altos cargos de la Consejería, y lo hizo "coordinando llamadas y actuaciones con el imputado Sergi Alsina, o incluso fijando la estrategia de comunicación del éxito de la operación".
"Gracias a la labor fundamental del imputado Oriol Pujol, la operación mercantil para la que fue contratada la empresa del imputado Sergi Alsina, tuvo el éxito esperado", concluye el fiscal.
Alsina también fue contratado para crear un parque de proveedores de Seat en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) y promover una carpa en las instalaciones de la firma en Martorell (Barcelona); una vez más, Vidal "se limitó a aportar información manuscrita con apuntes y referencias, al margen de copiar elaborada por otras personas, carente de valor".
Recalificación de terrenos
Fue Oriol Pujol quien "intervino directa o indirectamente ante el alcalde de Martorell para la consecución de los fines perseguidos": la recalificación de terrenos para uso industrial en las proximidades de la planta y la adjudicación con concurso público restringido de la carpa.
Según el fiscal, en el caso de Yamaha --que decidió trasladar en 2011 sus activos-- la sociedad contrató a Alsina, y la participación de Pujol también benefició a los acusados: facilitó contactos con altos cargos de la Consejería y el director de la Agencia Tributaria Catalana.
Por otra parte, Sony había decidido trasladar sus activos, para lo que contrató también a Alsina para ayudarle a buscar un comprador; en esta operación, también contactó, al menos, con el director de la Agencia Tributaria Catalana "a fin de obtener beneficios fiscales para la operación".
La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, citará en días posteriores a declarar a nueve testigos; entre ellos, al presidente de la Diputación de Barcelona y alcalde de Martorell, Salvador Esteve; al presidente del Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (Ctesc), Lluís Franco, y a varios empresarios.