La Fiscalía aprecia "sólidos indicios delictivos" contra Camps en la gestión de la Fórmula 1

• Ve al TSJCV competente para investigar si hubo malversación y prevaricación
• Destaca que Camps fue quien negoció directamente con Ecclestone
• También ordenó que el Consell fuera el avalista y a Johnson firmar el contrato
• Lee el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre Francisco Camps [.pdf]

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, y el presidente regional, Francisco Camps, en la presentación del G. P. de Valencia en 2008.

La Fiscalía Anticorrupción considera que debe ser el Tribunal Superior de Justicia valenciano el que conozca la querella presentada contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, aforado como diputado autonómico por el Partido Popular, por la gestión de la Fórmula Uno en Valencia al existir "sólidos indicios delictivos" de prevaricación y malversación.

La propia Fiscalía interpuso el pasado mes de diciembre una querella contra Camps, la ex secretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar por la compra de la empresa Valmor Sports por parte del Consell en diciembre de 2011 para poder seguir celebrando el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia

La delegación valenciana de la Fiscalía ha remitido hora un escrito de 37 páginas a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, recogido por Efe, donde concluye que "de los hechos concretos relatados, apoyados en las diligencias practicadas, se desprenden indicios concretos de la posible existencia de hechos delictivos que pueden imputarse" a Camps.

Para la Fiscalía "se cumplen los requisitos fácticos y normativos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos".

El GP de Valencia fue iniciativa de Camps

Estos delitos, explica el delegado en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción, Vicente Torres, derivan del hecho de que Camps negoció "directamente" con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, los contratos para la celebración del GP en el circuito urbano de Valencia; fue también quien ordenó que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011 y quien ordenó a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa.

El fiscal destaca que la iniciativa para celebrar el GP "parte de Camps", según lo han declarado tanto el expiloto Adrián Campos como la jefa de Protocolo del Circuito del Motor, y además fue quien negoció todas las condiciones "incluidas las económicas".

“El expresidente de la Generalitat valenciana negoció todas las condiciones "incluidas las económicas"“

De hecho, apunta que así lo manifestó el propio Ecclestone, quien afirmó que la idea la "sugirió" Camps, con quien discutió la idea de utilizar un circuito urbano y quien le organizó una reunión en Valencia con presencia de la alcaldesa. Asimismo, recuerda una reunión con el expresidente en Londres en junio de 2006, sin especificar el contenido.

El 26 de septiembre de ese mismo año, de acuerdo con el patrón de la Fórmula 1, hubo un encuentro en el Palau de la Generalitat con Barberá y Camps, que ya le llevó un "contrato de promoción proyecto carrera", que se firmó en junio de 2007 con Valmor Sports.

Aspar, "muy amigo" del expresidente

Además, recoge el fiscal, Camps fue quien dijo a Ecclestone, a través de una asesora, con quién debía contratar el 16 de mayo de 2007: Valmor Sports, del expiloto Jorge Martínez Aspar, de quien una testigo dijo que era "muy amigo" del expresidente y organizaba antes de los grandes premios cenas privadas con los patrocinadores en su Motor Home, a las que solían asistir tanto Camps como el expresidente de las Corts Juan Cotino.

Aspar afirmó que "desde el principio" sabía que quien iba a organizar el GP era la empresa pública Circuito del Motor. El contrato entre ambas partes se celebró en marzo de 2008.

“El fiscal señala que hubo una apariencia de contrato entre particulares, pero el Gran Premio lo organizaba una empresa pública“

Para el fiscal, todos estos hechos, que incluyen una apariencia de contrato entre particulares cuando era una empresa pública la que iba a organizar el evento, constituyen un delito de prevaricación administrativa y malversación.

Tras el GP de 2008, al ver Valmor que no había obtenido el beneficio esperado, acudió a la Generalitat para volver a pedir ayuda económica. Ahí fue donde Camps "nuevamente" asumió el papel protagonista en el contrato entre esta empresa y la Sociedad Proyectos Parques Temáticos (SPTCV), quien el 31 de julio de 2009 asumió única obligación de pagar el canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".

El fiscal recalca que, en este caso, "la voluntad personal de una autoridad o funcionario público no puede constituirse en fuente normativa ni sustituir las disposiciones del ordenamiento jurídico, puesto esto supone un choque frontal" con los principios de la Constitución. Asimismo, señala que, de acuerdo con la Intervención General del Estado, este contrato tendría nulidad por no existir una "verdadera reciprocidad de prestaciones".

Aval de la Generalitat

De esta forma, fue la Generalitat "la que pagó el canon anual de 2009, 2010 y 2011, liberando a los socios de Valmor Sports de esta obligación por decisión personal de Francisco Camps".

“Tras pagar el canon de 2009-2011, la Generalitat asume el papel de avalista que tenía Bancaja“

Por último, en el contrato de 19 de julio de 2011, la Generalitat pasó a ocupar el papel lugar de avalista que tenía Bancaja, tras la negociación "directa" de Ecclestone con Camps, quien ordenó la firma "de manera urgente", con lo que incumplió "de manera flagrante" toda la normativa en materia de avales.

Señala el fiscal que "la urgencia vino dada porque Francisco Camps dimitió al día siguiente y supuso además que persona no determinada en ese momento, en atención a esa urgencia, tuviera que falsificar la firma del director de la SPTCV en ese momento, Nicolás Figueras".

La orden de hacerlo es "obvio" que partía de Camps y la que firmó fue la entonces consellera de Turismo, Lola Johnson, quien "carecía de competencia" para hacerlo al contravenir la Ley de Hacienda Pública y la normativa en materia de avales. Para el fiscal, se saltó "de manera grosera" el ordenamiento jurídico.