La Fiscalía pide 42 años de cárcel para Bárcenas y 110 para Correa por el 'caso Gürtel'

• Para el líder de la trama, Francisco Correa, solicita la pena máxima de prisión
• Anticorrupción pide que Esperanza Aguirre declare como testigo
• También solicita mantener al PP y a Ana Mato como partícipes a título lucrativo

La Fiscalía solicita 42 años de prisión para Bárcenas y 110 para Correa por la trama 'Gürtel'

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 42 años y medio de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas por los hechos de la "primera época" de la trama Gürtel, desde 1999 a 2005, causa en la que el juez instructor Pablo Ruz mantiene a 42 imputados, entre ellos el líder de la red Francisco Correa para el que pide la máxima pena, 109 años y diez meses.

En el escrito de acusación, de 512 folios, presentado en la Audiencia Nacional, Anticorrupción pide mantener en este proceso al PP y a la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a título lucrativo en los beneficios de la trama Gürtel, y solicita además que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre declare en el juicio como testigo.

Para el PP, la Fiscalía pide por tanto en concepto de responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo en los beneficios obtenidos por Gürtel en los Ayuntamientos de Pozuelo de Alcorcón y Majadahonda 328.440 euros, y a Mato, 28.468 euros por lucrarse supuestamente de los regalos que la trama hizo a su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alcorcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, quien también figura entre los 42 imputados en esta pieza.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 42 años y medio de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas por los hechos de la "primera época" de la trama Gürtel, desde 1999 a 2005, causa en la que el juez instructor Pablo Ruz mantiene a 42 imputados, entre ellos el líder de la red Francisco Correa para el que pide la máxima pena, 109 años y diez meses.

En el escrito, al que ha tenido acceso RTVE.es, las fiscales Concha Sabadell y Concha Nicolás reclaman la siguiente mayor pena, 85 años y medio, para el considerado número dos de la trama, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, y para el contable de la red, José Luis Izquierdo, solicitan 43 años y 8 meses.

"Ocultación" a Hacienda de más de 40 millones

La Fiscalía señala que Correa "desplegó" entre 1999 y 2009 una "continua actividad" dirigida a la "ocultación" a Hacienda de más de 40 millones de euros procedentes de operaciones ilícitas.

Así, el considerado como cabecilla de la trama creó, según Anticorrupción, un entramado societario al que denomina "grupo Correa", para lo que contó con la "esencial colaboración" de cargos públicos a los que "compensaba con pagos y regalos en especie".

Para ello, Correa y el supuesto número dos de la trama, Pablo Crespo, según señala el fiscal, se sirvieron de una "trama de facturas ficticias" y de una "caja B" con la que sufragaban los "sobornos" a las autoridades públicas.

Dicha caja B se nutría supuestamente, según explica el escrito, de cobros en efectivo a clientes del "grupo Correa" por servicios reales "sin emitir factura" y de las comisiones que Correa recibía por su labor de intermediación ante empresas de terceros en adjudicaciones públicas.

Correa y Crespo convenían con sus proveedores la emisión de facturas por importe superior al real, "cuyo excedente o importe total revertía en la caja B" de Correa, una vez se habían retirado los fondos de las cuentas bancarias de las empresas del grupo.

Para la creación de la estructura societaria de la trama contaron, según el fiscal, con varios asesores, entre ellos, el acusado Luis de Miguel Pérez.

"Estrecha relación" con miembros del PP

Según el fiscal, los acusados obtenían las adjudicaciones públicas, vulnerando las normas de contratación, a través de un entramado societario de empresas de viajes y organización de eventos, que también utilizaron para ocultar pagos a funcionarios y para los gastos personales de Correa.

Francisco Correa se "apropió de fondos públicos" aprovechando su "estrecha relación" con algunos miembros del Partido Popular y tejió así la "red de influencias" que "afectó" a las comunidades autónomas de Madrid, Valencia y Castilla y León.

En concreto, en la Comunidad de Madrid, el fiscal se refiere a la "fundamental participación" del acusado Alberto López Viejo, exviceconsejero de Presidencia y exconcejal de Deportes, para quien ha solicitado 46 años de cárcel y que devuelva a la Comunidad de Madrid 430.228 euros: 341.430 euros por el sobrecoste de los facturado entre 2004 y 2008; 1.891 por la duplicidad del acto de colocación del Belén de 2005 y por duplicidad en la factura de tres atriles 86.976.

Mientras, en los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, el cabecilla de la trama contó, entre 2001 y 2005, con la participación de sus respectivos alcaldes, los también acusados Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda. En cuanto a los dos exalcaldes madrileños imputados en esta pieza, la Fiscalía pide 50 años y 10 meses para Ortega; y 15 años y 4 meses para Sepúlveda.

En cuanto a la comunidad de Castilla y León, Correa contó, según el escrito, con la "esencial participación" del diputado del PP por Segovia Jesús Merino y del gerente del PP Luis Bárcenas.

Las fiscales también se refieren a la investigación sobre la Sociedad Municipal de Turismo y Actividades Recreativas de Estepona, en Málaga, entre 2001 y 2003, incluida en la pieza que motiva de este escrito, en particular, por la "intervención" del también acusado Ricardo Galeote, exconcejal de este municipio.

Pide penas de prisión para Sanchís y Lapuerta

En cuanto al papel de los cargos públicos en la trama, la Fiscalía menciona como las "prácticas más habituales" la de "dividir" los servicios disminuyendo de esa forma la cuantía del contrato, y "permitir" que el "personal del "entorno societario" elaborase los pliegos de los expedientes de contratación.

En relación al extesorero del PP Luis Bárcenas, el escrito señala que se apoderó "como mínimo", entre 1999 y 2005, de 299.650,61 euros de la caja B del PP para después ingresarlos en cuentas bancarias abiertas en España y en Suiza.

Según las fiscales, Bárcenas incorporó a su patrimonio recursos del PP cuya administración tenía encomendada como gerente junto al que fuera entonces tesorero, entre febrero de 1993 y junio de 2008, el también imputado Álvaro Lapuerta.

Además de Bárcenas, en esta pieza también están imputados los extesoreros del PP Ángel Sanchís, para el que la Fiscalía pide 8 años por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad y blanqueo, y Álvaro Lapuerta, para el que reclama 3 años por apropiación indebida y reclama 24 años y un mes de cárcel para la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

A todos estos imputados les acusa de decenas de delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad, contra la Hacienda Pública, cohecho, malversación, apropiación indebida y, en el caso de Bárcenas y su mujer, estafa procesal en grado de tentativa por tratar de justificar sus cuentas en Suiza con facturas falsas de supuesta compra venta de cuadros.

La Fiscalía señala además a 25 responsables civiles por estos hechos, entre ellos el PP y Ana Mato y varias empresas.