El Consejo de Estado cree que la velocidad a 130 km/h en autopista puede aumentar los accidentes

• Pide al Gobierno que reconsidere el proyecto de reglamento de circulación
• También rechaza las normas previstas para peatones y ciclistas

El Consejo de Estado cree que la velocidad a 130 km/h en autopista puede aumentar los accidentes

El Consejo de Estado no respalda el aumento de la velocidad a 130 km/h en algunos tramos de autopista y autovía que plantea el Gobierno porque "puede producir una mayor accidentalidad" y "supone una disminución de la conciencia del riesgo por parte de los conductores".

Así lo ha puesto de manifiesto en un informe en el que el organismo no aconseja a la DGT modificar los cambios de velocidad porque "la ciudadanía no los ha demandado" y pide que reconsidere el proyecto de reglamento de circulación porque existen "notables imprecisiones".

Considera también que el paso de 100km/h a 90km/h en carreteras convencionales y de 90km/h a, en muchos casos, 50km/h en la red secundaria "ralentizará necesariamente todos los desplazamientos en España" y "colapsará la circulación en las ciudades".

El Consejo de Estado considera además que "invade las competencias de las entidades locales" y apunta a que, de llevarse a cabo esta norma, será "objeto de una inmediata impugnación por parte de los ayuntamientos".

Cree que los responsables del proyecto, la Dirección General de Tráfico dependiente del Ministerio del Interior, no han tenido en cuenta además las alegaciones presentadas por las diferentes entidades, entre ellos la Dirección General de Carreteras.

Rechazo a las normas para peatones y ciclistas

También el Consejo de Estado cuestiona la intención de Tráfico de introducir un límite máximo a la velocidad de los peatones ("los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano", dice el proyecto), un precepto que podría suponer "la prohibición de correr, un deporte extendido en estos tiempos".

El informe del Consejo de Estado se muestra además contrario a la definición de 'usuarios de la vía' que realiza la DGT, y que puede abarcar a conductores de vehículos y peatones, obligando a éstos a realizar pruebas de alcohol y drogas cuando se hallen implicados en un accidente o cometan una infracción.

A su juicio, esta conclusión es "insostenible", dice, porque los derechos de libertad y seguridad a circular libremente por el territorio nacional y a la intimidad personal se verían dañados "por el simple hecho de que pasear por las vías se sometiera a estas restricciones".

En este sentido, alega que, de llevarse a cabo la norma pretendida "los españoles habrían de abstenerse de participar en fiestas populares o de asistir a bodas y celebraciones en las que se consume habitualmente alcohol, ya que podrían verse sometidos a un control de alcoholemia si, en las inmediaciones, un vehículo sufre un accidente".

Del mismo modo, se refiere a las personas que toman habitualmente medicinas que contengan codeínas, benzodiacepinas, opiáceos o semenjantes, que darían positivo en el test de drogas y que, según el Consejo de Estado, sólo "podrían aventurarse a salir de casa con las correspondientes recetas médicas".

En cuanto a la normativa hacia los ciclistas, el Consejo de Estado la denomina como "notablemente imprecisa" con situaciones que considera "absurdas", como, por ejemplo, fijar límites de velocidad para estos vehículos, cuando no poseen medidores.