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El número dos del Gobierno de Madrid niega pagos a Púnica y la oposición pide explicaciones

  • Victoria niega haber ordenado pago a un empresario detenido en Púnica
  • El País publica la supuesta relación del consejero de Presidencia con la red
  • El PSOE ha pedido su dimisión y UPyD su comparecencia urgente

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El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria
El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria

El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha negado "rotundamente" y "de manera tajante" haber ordenado un pago a uno de los empresarios detenidos en el marco de la Operación Púnica. El PSOE ha pedido su dimisión y UPyD su comparecencia urgente.

Victoria ha salido así al paso de una información del diario El País que apunta a que otro de los detenidos, el exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás, declaró ante el juez que Victoria le ordenó facilitar un pago de 10.000 euros a uno de los empresarios arrestados.

La información señala que este pago se correspondería con trabajos hechos por el empresario para mejorar la imagen en redes sociales e internet de diferentes cargos del Gobierno autonómico, un extremo que el propio Victoria ha desmentido en una comparecencia de coordinación del dispositivo contra las nevadas.

Victoria ha explicado que la empresa de este detenido realizaba, a través de un contrato público, un seguimiento de las informaciones publicadas en las redes sociales y en los medios digitales sobre la Comunidad de Madrid, cuyas facturas por "tensiones de tesorería" dejaron de abonarse desde el mes de mayo de 2014, según recoge EFE.

Orden de paralizar los pagos

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha recalcado que dio la orden de que no se efectuasen los pagos de las cantidades adeudadas una vez tuvo conocimiento de que este empresario había sido detenido en la operación.

Según ha explicado Victoria, la administración regional no tiene ningún tipo de contrato dedicado al fomento de la imagen de su Gobierno ni del presidente, Ignacio González.

Sí existen, ha añadido, contratos que tienen por objeto el seguimiento en redes sociales y en los medios de comunicación digitales de las noticias que afectan a la Comunidad de Madrid.

En concreto, ha apuntado el portavoz, el contrato que recoge la información se viene realizando desde el año 2012 y es "similar", según Victoria, al que hacen otras empresas públicas y privadas, instituciones, clubes de fútbol e incluso medios de comunicación.

"Nada tiene que ver con la producción de la imagen de la Comunidad de Madrid ni del presidente", ha recalcado el consejero de Presidencia, que ha añadido que los pagos derivados de esa relación contractual tienen un "soporte documental" y estaban "fiscalizados" e "intervenidos", con una factura de alrededor de 1.500 euros mensuales más IVA.

Victoria ha reconocido que a partir del pasado mes de mayo se dejaron de abonar las facturas por "tensiones de tesorería" y que la empresa afectada por ese impago derivado de "ajustes presupuestarios" reclamó "en distintas ocasiones", incluso a él mismo.

La empresa pidió el pago de las facturas atrasadas

El consejero ha añadido que la empresa ha reiterado la petición de pago de las facturas atrasadas incluso después de las detenciones de la Operación Púnica, que el Gobierno regional no ha abonado tras haber dado él la orden "personalmente" de que no se pagaran tras la operación.

Tras preguntas de los periodistas sobre supuestas llamadas interceptadas por la Policía a este empresario citadas en la información, Victoria ha evitado pronunciarse sobre informaciones que afectan a terceros en la que no figura su nombre "citado por nombres y apellidos" y cuya "veracidad" no le consta. "No son mensajes ni llamadas que a mí me afecten", ha recalcado Victoria, que ha indicado que "en todo caso" estas cuestiones están bajo secreto de sumario.

El PSOE de Madrid pide su dimisión

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha exigido al presidente regional, Ignacio González, y a su número dos, Salvador Victoria, que este "dimita como vicepresidente y deje su escaño" en la Asamblea tras ser relacionado con la Operación Púnica.

"Tiene que dejar su escaño porque no puede protegerse en el aforamiento para no acudir a los tribunales y declarar como el resto de ciudadanos en este país", ha dicho Gómez.

En su intervención en el acto de homenaje a Enrique Tierno Galván en el cementerio de la Almudena, el secretario general de los socialistas madrileños ha opinado que esta información "salpica directamente al corazón del gobierno del PP" en Madrid, donde existe "una trama de corrupción que ha utilizado el dinero de todos para lavar la imagen del Partido Popular y de sus dirigentes a través de una red corrupta que ha robado y que se ha llevado el dinero de la gente".

UPyD pide "una explicación para los ciudadanos"

El Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid pedirá este lunes la comparecencia urgente del consejero de Presidencia y Justicia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, tras hacerse pública su supuesta relación con la trama Púnica.

La formación magenta espera del número dos del Gobierno en la Comunidad "una explicación a los ciudadanos" y en caso de no obtenerla, "exigirá su dimisión", ha señalado en un comunicado, donde UPyD considera que el aforamiento de Salvador Victoria al ser diputado en la Asamblea de Madrid supone "un claro privilegio".

Para UPyD, el hecho de que Victoria sea aforado "podría impedir que la justicia avance", por lo que entiende que la dimisión "sería necesaria para someterse a los tribunales de la misma forma que los ciudadanos, sin privilegio alguno", informa Europa Press.

Según publica El País, la relación de Victoria con la trama se enmarca en los contratos de ICM que se están investigando en la causa. UPyD recuerda que interpuso en su momento una denuncia en la Audiencia Nacional por presunto delito de tráfico de influencias en un contrato de ICM con PriceWaterhouse.

UPyD cree que a través de este contrato se pudo haber pactado colocar en esta empresa a Lorena López Bayo, mujer del jefe gabinete de Ignacio González; a José Angel Martínez Ferreiro, que es hijo del ex consejero delegado de ICM José Martínez Nicolás; y a Alvaro Alvarez Sánchez, hermano de la gerente del IMIDRA.