Urdangarin descarta un pacto con la Fiscalía y defiende su "absoluta inocencia" en el 'caso Nóos'

• Lo ha dicho su abogado a la salida de los juzgados de Palma
• El Ministerio Público pide 19 años y medio para el duque de Palma

El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en una imagen de archivo

El abogado de Iñaki Urdangarin ha descartado este lunes que su defendido vaya a alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso Nóos, y ha insistido en su "absoluta inocencia".

El letrado del duque de Palma, Mario Pascual Vives, ha hecho estas declaraciones a los medios a su salida de los juzgados de Palma, donde este lunes se ha reunido con el juez instructor, José Castro, y con el magistrado Manuel Penalva, que investiga por su parte la grabación de la infanta Cristina durante su comparecencia como imputada el 8 de febrero de 2014.

La Fiscalía reclama 19 años y medio de cárcel para Urdangarin y Manos Limpias, acusación popular en la causa, hasta 26 años y medio.

El letrado ha señalado que ha mantenido un encuentro con ambos jueces para hablar de "trámites procesales", eludiendo entrar en detalles sobre lo abordado con ellos.

El pago de la fianza es "imposible"

Preguntado por la fianza civil de 14,9 millones de euros que Castro impuso a Urdangarin a raíz de los perjuicios económicos derivados de la presunta trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda, el abogado ha señalado que por ahora el pago es "imposible" puesto que se trata de una "fortuna".

La cantidad se enmarca en el total de 61,3 millones de euros que el juez reclama en responsabilidades civiles a los 17 acusados de la causa, y de los cuales 2,6 millones los exige a la Infanta Cristina.

Los inculpados, desde el momento en que a todos ellos se les haya notificado la petición -efectuada el pasado 22 de diciembre-, disponen de 20 días para hacer frente a las fianzas. La infanta Cristina ya efectuó el ingreso de 587.000 euros, cantidad solicitada por la Fiscalía.

En caso de no hacer efectivo el pago, el juez les pedirá que designen bienes de su patrimonio de cara a su embargo hasta cubrir las cantidades fijadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).