El juez envía a prisión al exdirigente de ETA Santi Potros por su implicación en dos atentados

• El etarra se negó a declarar sobre los atentados de los que se le acusa
• Santi Potros fue detenido este lunes y excarcelado hace 45 días
• Los jueces que lo dejaron en libertad piden amparo al CGPJ

El juez envía a prisión al exdirigente de ETA Santi Potros por su implicación en dos atentados

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dictado prisión incondicional para el exdirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, por su implicación en dos atentados perpetrados en 1986 y 1987 en Madrid y Barcelona, sobre los que se ha negado a declarar ante el magistrado.

Andreu ha tomado esta decisión por el elevado riesgo de fuga que existe, que se incrementa por la "inminencia" de la celebración de los juicios por estos atentados, así como por la elevada pena a la que podría ser condenado.

"Dicha posibilidad de elusión de la acción de la justicia -afirma el juez- se presenta también posible por cuanto no deba obviarse que la organización terrorista ETA cuenta aún con activos personales y medios suficientes para procurar la huida y ocultación de sus miembros, tal y como se ha constatado en ocasiones anteriores".

Santi Potros ha sido conducido este martes a Madrid tras su detención de este lunes en Lasarte (Guipúzcoa), donde residía desde que el 4 de diciembre fue liberado por orden de la Audiencia Nacional, que le rebajó la estancia en prisión teniendo en cuenta el tiempo cumplido en Francia en virtud a una normativa europea de acumulación de condenas.

Las dos causas pendientes por las que fue arrestado son el atentado contra el que fue fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba en 1986 en Madrid y la muerte por un coche bomba de Juan Fructuoso Gómez un año después en Barcelona.

Libertad para Potros en virtud de una normativa europea

El histórico dirigente etarra fue detenido este lunes en Lasarte (Guipúzcoa) por su presunta implicación en el atentado contra el que fue fiscal general del Estado Luis Antonio Burón Barba en 1986 y la muerte por un coche bomba de Juan Fructuoso Gómez, un año después.

La Audiencia Nacional dejó en libertad el pasado 4 de diciembre al etarra en virtud a una normativa europea de acumulación de condenas, por la cual se le rebajaba su estancia en prisión teniendo en cuenta el tiempo de pena cumplido en Francia, una excarcelación que ha sido recurrido por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo.

Su arresto se debe a dos procedimientos por los que la Audiencia Nacional ya pidió su extradición a Francia en 1993 y 1997, pero que el país galo finalmente denegó, por lo que, a la luz del convenio europeo de extradición, no se le podía perseguir por esas dos causas hasta que transcurrieran 45 días desde su puesta en libertad.

Pasados esos 45 días, el artículo 14.1 del convenio europeo de extradición de 1957 permite la detención y persecución del procesado por las causas por las que se denegó la entrega una vez ha quedado en libertad y siempre que no haya abandonado definitivamente España.

En los autos de detención, Andreu acusa a Arróspide de ordenar al comando Madrid -que integraban Idoia López Riaño (la Tigresa), Antonio Troitiño Arranz, Jose Ignacio de Juana Chaos y Juan Manuel Soares Gamboa- "dar muerte" a Burón Barba, lo que los terroristas intentaron el 8 de mayo de 1986 en Madrid.

La segunda causa por la que se le ha detenido se refiere al atentado cometido en 1987 por el comando Barcelona de ETA mediante la colocación de un coche bomba al paso de un vehículo de la Guardia Civil en la ciudad condal.

El juez vincula a Santi Potros con este atentado porque cuando fue detenido en Francia se le incautó una lista en la que aparecía el número de matrícula de la placa falsa que fue usada en el coche del atentado, así como una indicación de una fecha próxima a su perpetración.

Injerencias del Gobierno, según los jueces que lo dejaron en libertad

Los magistrados que integran la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su amparo ante las injerencias cometidas por el Gobierno en relación con la excarcelación del etarra Santi Potros que ellos acordaron.

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez, acordó la excarcelación de los etarras Santi Potros y Alberto Plazaola en aplicación de su entendimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de una norma europea.

Tanto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, como los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, criticaron esa decisión en términos que los jueces aludidos consideran no respetuosos con su independencia jurisdiccional.

Por eso piden al órgano de gobierno de los jueces que salga al paso de estas injerencias. Fuentes del CGPJ han informado a Efe de que posiblemente se estudie el asunto en la Comisión Permanente que se celebrará el próximo día 27 de enero y han añadido que la primera decisión será si admitir o no a trámite la queja.

En caso de hacerlo, la Comisión Permanente, el órgano verdaderamente ejecutivo dentro del CGPJ, pedirá alegaciones a jueces y gobierno antes de tomar una decisión.

“Piden al CGPJ que salga al paso de estas injerencias“

No es la primera queja de los jueces en relación con este asunto, ya que el pasado 18 de diciembre trece magistrados de la Sala Penal del Supremo dirigieron un escrito a su presidente (Carlos Lesmes, también presidente del CGPJ) en el que pedían que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pusiera coto a declaraciones como las del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El titular de Interior señaló en una entrevista publicada por el diario La Razón que le parecían "lamentables" las excarcelaciones de presos de ETA, entre ellos Santi Potros, por parte de la Sección Primera de la Audiencia Nacional.

En la entrevista el ministro respondía a la pregunta de si los jueces están prevaricando que "yo no digo eso, pero si eso lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa, quizá en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación".

La decisión de la Sección Primera entró en contradicción con otras de la misma Audiencia Nacional respecto a otros etarras, pues distintas secciones de este tribunal entendieron de manera diferente la aplicación de un acuerdo marco de la U.E. de 2008 desarrollado por una Ley Orgánica española en 2014.

El propio Tribunal Supremo estudió el asunto recientemente y cambió su doctrina, anulando la decisión de la Sección Primera. Al tiempo, Potros ha vuelto a prisión por hechos por los que aún no había sido encausado.

Erkoreka: Llama la atención que el Gobierno anticipe las decisiones judiciales

Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha opinado que "llama la atención" que el Ejecutivo central "acierte con sus vaticinios" sobre decisiones judiciales relativas a presos de ETA. En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, su portavoz ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la detención del exdirigente etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros.

Erkoreka ha mostrado el "asombro" del Gobierno autonómico porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy "se ha erigido en una especie de anticipador de las sentencias que se van a dictar", en especial, las relacionadas con presos de ETA. Como ejemplo, se ha referido al "deseo" mostrado por el Ejecutivo central de que Arrospide vuelva a la cárcel.

"No deja de llamar la atención. ¿Cómo es que consigue acertar en todos sus vaticinios?", ha preguntado Erkoreka, quien ha respondido que la "clave" de esta respuesta la dan los magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, que han denunciado injerencias del Gobierno central en decisiones relativas a internos de la banda terrorista.