El Congreso aprueba la reforma del Código Penal con la oposición en contra

• Sale adelante con la mayoría absoluta del PP que ve la reforma "imprescindible"
• UPN se abstiene y los demás grupos votan en contra lanzando duras críticas
• La prisión permanente revisable es uno de los puntos más polémicos

El Congreso tramita el Código Penal y el control económico de los partidos

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con la mayoría absoluta del PP con el apoyo de UPN, la reforma del Código Penal que introduce en España la prisión permanente revisable, reduce las penas de los piquetes de las huelgas y fija penas de cárcel para los dirigentes políticos que acepten donaciones ilegales superiores a 500.000 euros.

La Cámara Baja ha dado luz verde, con 186 votos a favor, la abstención de Foro Asturias y el rechazo de los demás grupos, a este proyecto legislativo para su remisión al Senado. En caso de introducirse mejoras, el texto volverá al examen del Congreso.

Toda la oposición ha clamado contra la introducción en el ordenamiento jurídico español de la prisión permanente revisable, un eufemismo, a su juicio, para no hablar de "cadena perpetua".

El nuevo Código Penal sigue la senda de otros países europeos en la aplicación de esta pena, que podrá ser impuesta en casos de excepcional gravedad, como el homicidio del rey o su heredero, de jefes de Estado extranjeros, genocidio, asesinatos en serie, cometidos en el seno de una organización criminal o contra menores de 16 años o personas especialmente vulnerables.

Las penas serán revisadas, tras el cumplimiento de 25 a 35 años, para verificar si el pronóstico es favorable a la reinserción social. Los jueces examinarán si debe mantenerse la prisión cada dos años de oficio o a petición del recluso, si bien puede no dar curso a nuevas solicitudes durante un año.

Más castigo para la corrupción

El Código Penal dificulta además el acceso la libertad condicional a los corruptos que no hayan reparado el daño causado, fija en 500.000 euros la cuantía para imponer cárcel por financiación ilegal -salvo que sea extranjero que será de 100.000- y mantiene el límite de 120.000 euros para hablar de fraude fiscal.

Las personas que participan en "estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos" al margen de la ley serán castigadas con una pena de prisión de uno a cinco años de cárcel, con independencia de la cuantía de la comisión.

Entre otras novedades, el nuevo Código Penal castiga "la explotación sexual" contra los animales (zoofilia) y obliga al Gobierno a informar cada seis meses al Congreso de los indultos concedidos y denegados.

El texto mantiene también la figura del delito de coacción a la huelga que la oposición ha pedido derogar, si bien se incluyen penas no privativas de libertad -multas- y se reducen los tipos tanto para los empresarios como para los piquetes, que tendrán penas más elevadas que los primeros.

La oposición ha denunciado la "desproporcionada dureza" de los tipos referidos a manifestaciones y reuniones, al tiempo que ha acusado al PP de beneficiar a sus "amigos", los defraudadores y delincuentes de cuello blanco. "Con este Código Penal, Luis Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP. Si repasa sus papeles nadie ha dado más de 500.000 euros, es una desfachatez", han expresado.

Reforma "imprescindible" para el PP

Al término del debate, el ministro de Justicia ha tomado brevemente la palabra para destacar que la reforma es "propia de los tiempos actuales" y ante las críticas por la falta de consenso, ha avanzado que el texto puede "seguir mejorando" en el Senado.

El diputado del PP Leopoldo Barreda ha calificado de "imprescindible" la reforma del Código Penal. "Hay que tener mucha cara señores socialistas para descalificar ésta reforma porque en 2010 no hicieron nada y no me digan que no había corrupción", ha expresado Barreda, para señalar que su propuesta mantiene la responsabilidad penal de los partidos y prohíbe a los corruptos contratar con la Administración Pública.

En relación a la prisión permanente revisable, ha explicado que no sólo el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado han avalado esta pena, sino que es "la propia sociedad la que exige que no sea igual matar a uno que a veinte".

Críticas de todos los grupos

En el debate, la oposición ha criticado duramente la reforma tanto por su fondo, que consideran "represivo, populista e innecesario", como por su forma, al denunciar un "atropello" en su tramitación, lo que ha sido negado por el PP que ha recordado que el texto se ha sometido al mismo recorrido parlamentario que la reforma de 2010 a instancias del PSOE.

La incorporación de la prisión permanente revisable, la elevación de la edad de consentimiento sexual que pasa de los 13 a los 16 años, así como la "escasa" e "insuficiente" regulación del paquete de medidas de lucha contra la corrupción han centrado las críticas de los grupos a la reforma.

Poco antes de que el PP denunciara la "destructiva e irresponsable" posición de los demás grupos, el diputado del PSOE Julio Villarrubia ha criticado el aumento "generalizado" de las penas, su "dureza desproporcionada" y que la devolución del dinero no sea un requisito inexcusable para dar la libertad condicional al corrupto.

Los grupos han lamentado que la prisión permanente revisable supone un obstáculo a la reinserción del penado. "Es totalmente incompatible", ha señalado Villarrubia, que ha alertado del carácter "imprevisible" de esta figura.

"El PP quiere que se pudran porque no cree en la reinserción social", ha denunciado Gaspar Llazamares de la Izquierda Plural. "No hay nada revisable en esa prisión permanente, es un monumento a la chapuza", ha agregado.

Desde CiU no tienen dudas. "Es una cadena perpetua y por eso estamos en contra", ha subrayado la diputada Montserrat Surroca. "Es imposible resocializar", ha remachado Emilio Olabarría (PNV).

Rosa Díez (UPyD) se ha dirigido al ministro de Justicia -presente en el debate- para preguntarle si no le "ha entrado alguna duda" ante una medida que tiene el rechazo social y de la inmensa mayoría de expertos, así como de la fiscal general del Estado y de toda la oposición de la Cámara.

En relación a la corrupción, los grupos han considerado "insuficientes" las nuevas medidas incorporadas al Código Penal.