Un dirigente peronista denuncia al secretario de Seguridad en relación con el caso Nisman
- Pide que se investigue su llegada a la casa del fiscal antes que el juez
- El Gobierno considera que Nisman pudo ser engañado al poner la demanda
- Las asociaciones israelitas piden que se aclare con prontitud y diligencia
El Gobierno de Cristina Fernández en Argentina sigue haciendo frente a denuncias públicas y críticas tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que acusaba a la mandataria de encubrimiento en la causa del atentado contra un centro judío en Buenos Aires en 1994.
La última denuncia ha llegado del dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, quien ha pedido que se investigue la presencia del secretario de Estado de Seguridad, Sergio Berni, en el domicilio de Nisman antes de la llegada de la juez de guardia.
Mussa ha demandado a Berni por la posible comisión de delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "encubrimiento de homicidio", según el texto de la denuncia.
Nuevas manifestaciones
Tras la publicación de la denuncia íntegra del fiscal Nisman contra Cristina Fernández, los argentinos han vuelto a salir a la calle para pedir verdad y justicia.
Una multitud se ha concentrado este miércoles en Buenos Aires frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) para exigir que no se paralice la investigación del atentado que hace 20 años dejó 85 muertos y aclarar las dudas que rodean la muerte del fiscal.
"No están esclarecidas las causas de la muerte del fiscal Nisman y dicho esclarecimiento resulta ser hoy un imperativo de máxima prioridad para toda la sociedad", ha enfatizado el presidente de la AMIA, Leonardo Jmlenitsky, durante el acto.
“No vamos a permitir que muera otro fiscal“
"No vamos a permitir que vuelva a morir otro fiscal, no vamos a permitir que los acosen y les digan lo que tienen que hacer", ha remarcado, por su parte, el presidente de la Asociación y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Julio Schlosser.
Mientras la presidenta continúa sin aparecer en público, el Ejecutivo ha insistido en cuestionar la denuncia de Nisman contra Fernández por negociar un supuesto "plan criminal de impunidad" con Irán para los presuntos autores del atentado.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, considera que el fiscal fue engañado al creer en los datos que le suministraron para formular la denuncia y que, según el Gobierno, provendría de espías recientemente relevados de sus cargos.
Más sombras que certezas
Los avances de la investigación siguen arrojando más sombras que certezas sobre la muerte de Nisman. La misma presidenta argentina ha afirmado que no cree que sea un suicidio.
Este miércoles se ha conocido que el cerrajero que accedió al apartamento del fiscal aseguró que la puerta de servicio no estaba cerrada con llave y que podría haberla abierto "cualquiera" con un alambre.
También ha trascendido que los servicios de emergencia no pudieron acceder en un primer momento al apartamento porque los guardas de seguridad del edificio lo impidieron.
Asimismo, la justicia investiga una huella y una pisada localizadas en uno de los pasillos del edificio tras descubrir un tercer acceso a su vivienda. Según fuentes judiciales, el pasillo comunica el piso del fiscal con otro en un sector en el que están ubicados los equipos de aire acondicionado.
El juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, ha pedido protección especial para Luis Yrimia y Ramón Allan Bogado, dos personas citadas en la denuncia de Nisman, con presuntas conexiones con la Secretaría de Inteligencia (SI) y supuestos participantes del plan para encubrir a los acusados iraníes del atentado.