El juez del 'caso Púnica' requiere a la Comunidad de Madrid contratos sobre su reputación 'online'

• Eloy Velasco ha enviado a la Guardia Civil a la Administración regional
• Buscaba todos los contratos firmados sobre reputación con dos imputados
• El portavoz regional, Salvador Victoria, negó "rotundamente" los pagos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

El juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Púnica de corrupción, Eloy Velasco, ha ordenado requerir diversa documentación a la Comunidad de Madrid acerca de contratos sobre reputación online por lo que ha ha enviado a la Guardia Civil, según han confirmado fuentes jurídicas.

El instructor quiere todos los contratos públicos sobre reputación en internet que haya firmado cualquier organismo de la Comunidad de Madrid con las empresas de los imputados en esta causa, Alejandro de Pedro Llorca, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, y José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena (Murcia) y exdiputado del PSOE.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un oficio este jueves para que la Unidad Central Operativo (UCO) del instituto armado se persone en varias sedes de la Administración regional -entre las que se encuentra la sede de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, que dirige Salvador Victoria- y se lleve estos contratos.

Según fuentes judiciales, el requerimiento va dirigido al Area de Contratación de la Comunidad de Madrid, la Oficina de Comunicación del Gobierno de la CAM y la Agencia de Informática y Comunicaciones. El requerimiento exige la presencia del secretario judicial.

Según han informado fuentes de la Comunidad a Europa Press, toda la información requerida por el juez ha sido ya entregada a los agentes. De no haber atendido la demanda judicial, la Guardia Civil podría proceder a registrar las citadas sedes.

Entramado de tráfico de influencias

El juez Velasco, que investiga la red de corrupción constituida alrededor del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, señalaba en un auto dictado el pasado 30 de octubre que De Pedro es la "cabeza" de un importante entramado de tráfico de influencias que prestaba "servicios de reputación en internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares.

El magistrado considera que estos "trabajos" abrían a De Pedro la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían "la contratación en otros sectores para sí mismo o para terceros" en lugares como Murcia, León y Madrid.

El auto también señalaba que la empresa de De Pedro ha sido "históricamente" adjudicataria de numerosos contratos públicos en diversos municipios de Madrid y en empresas públicas dependientes de la Administración regional, en la que Granados "ocupó cargos de relevancia". Entre sus clientes entre 2004 y 2013 se encontraba el Ayuntamiento de Valdemoro, cuyo exalcalde José Carlos Boza también está imputado.

El excalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, que ha conocido ante los medios esta orden del juez, ha asegurado en declaraciones a Efe que sus empresas no tuvieron ninguna relación contractual con la Comunidad de Madrid o sus organismos y que se ha dirigido a su abogado para que se lo aclare al instructor.

El pasado lunes, el consejero Salvador Victoria reiteraba que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha "contratado" ni se han "prestado servicios de promoción de la imagen de altos cargos".

"Lo único que existe son servicios ordinarios como en cualquier otra institución pública o privada de seguimiento 'online' de noticias que afectan a la Comunidad de Madrid", señaló antes de apuntar que las informaciones publicadas sobre este asunto son "falsas".