La ley del voluntariado impondrá restricciones para ser voluntario a condenados por maltrato

• El Gobierno aprueba los anteproyectos de ley del voluntariado y del tercer sector
• Condenados por delitos contra menores no participarán en proyectos con ellos

La ley de voluntariado impondrá restricciones a condenados por violencia de género

Una nueva ley impondrá restricciones a los condenados por violencia de género para hacer voluntariado con familias, mujeres y menores, entre otras medidas, y fijará los derechos y deberes de los voluntarios, según el anteproyecto aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, que también ha aprobado el borrador de la ley del tercer sector.

El borrador de la ley del voluntariado, que inicia ahora su fase de informes, fija el régimen jurídico de las personas voluntarias y sus relaciones con las entidades, establece el marco jurídico de la administración, contempla otros ámbitos de voluntariado y tiene en cuenta no sólo la actividad en suelo nacional, sino que abarca también actuaciones en el extranjero.

El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha explicado que la nueva ley pretende que las personas que quieran hacer voluntariado "lo tengan más fácil". "El voluntariado tiene que ser libre, gratuito, no puede sustituir al trabajo remunerado", ha destacado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Mientras, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que estos dos nuevos textos legislativos suponen "un compromiso con la igualdad y la justicia social" y ha destacado el trabajo de seis millones de voluntarios en España.

El anteproyecto sobre voluntariado aprobado este viernes actualiza una regulación de hace veinte años, dotando de cobertura legal y herramientas a esta acción solidaria, mientras que la del tercer sector cubre un vacío ya no existía legislación al respecto.

Los menores de 18 años necesitarán autorización

El borrador del texto sobre voluntariado establece restricciones para quienes quieren desempeñar esta actividad. Así, los condenados por delitos contra menores no podrán participar en proyectos que conlleven contacto con ellos; y los condenados por violencia de género o por violencia doméstica no podrán formar parte de programas que supongan contacto con familias, mujeres o jóvenes.

Además, los menores de 18 años necesitarán autorización de sus padres o tutores legales para poder hacer voluntariado y las personas con discapacidad y mayores "ejercerán su labor en formatos adecuados y en condiciones acordes a sus circunstancias personales, sobre la base de la accesibilidad", conforme explica el departamento que dirige Alfonso Alonso.

También establece normas para las entidades, que deberán estar legalmente registradas, desarrollarán programas de acuerdo con el interés general, podrán contarán con voluntarios sin menoscabo de los trabajadores en plantilla que requiera para su día a día y suscribirán una póliza de seguro que cubra los riesgos de los mismos. Además, tendrán que acreditarles y garantizar su formación e información.

El anteproyecto contempla asimismo restricciones para las administraciones públicas, que favorecerán que sus trabajadores adapten o reduzcan su jornada laboral para la ejecución de actividades de voluntariado, lo que puede significar la suspensión del puesto de trabajo con reserva de plaza o la interrupción de la prestación. No podrán fomentar iniciativas de voluntariado que reemplacen los servicios públicos que están obligadas a prestar.

Por primera vez se regula el tercer sector

Por otra parte, el Consejo ha aprobado el anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social, que afecta a unas 30.000 entidades en España, cuya actividad representa el 2% del PIB y emplea a 636.000 personas.

La iniciativa, define el Tercer Sector de Acción Social como el conjunto de organizaciones de carácter privado, sin ánimo de lucro y surgidas de la iniciativa ciudadana o social que buscan objetivos de interés general a través de la solidaridad y participación. Deberán tener personalidad jurídica e integrar el voluntariado en el desarrollo de sus actuaciones.

A partir de este punto, se concretan sus principios, que son la participación democrática de sus miembros, el carácter altruista, la transparencia en la gestión, la autonomía, la cohesión social, la promoción de la igualdad y la no discriminación y el establecimiento de fines socialmente relevantes.

Asimismo, recoge medidas que involucran a la Administración en la sostenibilidad y promoción de las entidades, que se acogerán no al régimen general de tributación como hasta ahora, sino al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y a los incentivos fiscales al mecenazgo. La administración, además, facilitará el acceso a las fuentes de financiación disponibles, y en esta línea impulsará la responsabilidad social empresarial.

Además, contempla otras novedades, como la incorporación en los planes de estudio escolares de contenidos y referencias al Tercer Sector de Acción Social y a su importante labor.