El exdirector de la CAM dice que el presidente propuso que los altos cargos cobraran extras
- Los emolumentos llegaron a través de sociedades participadas por la caja
- La Fiscalía sostiene que se crearon para superar los límites retributivos
El exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad ha explicado que la entidad decidió a partir de 2004, a propuesta de su entonces presidente, el fallecido Vicente Sala, ampliar sus áreas de negocio a través de sociedades participadas, entre las que se encontraba Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), lo que permitía redondear el sueldo de los altos cargos.
López Abad ha contestado durante más de dos horas a las preguntas formuladas por el fiscal, las acusaciones y defensas, y ha insistido en que las retribuciones no eran altas y "estaban infinitamente alejadas" del máximo legal establecido por el Gobierno en su reforma del sistema financiero lanzada en 2012, y que fija un máximo de 50.000 euros para los consejeros de las entidades participadas por el FROB.
Según el fiscal, que pide una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 90.000 euros para López Abad, éste "buscó la fórmula para superar límites retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos". Con la intención de "cercenar los límites económicos establecidos por los estatutos", creó la sociedad TI que debía funcionar como comisión de control de todas las empresas participadas por la caja.
"Un burdo instrumento" para cobrar más
En opinión de la Fiscalía, este órgano fue "un mero y burdo instrumento" ideado por López Abad para permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM "cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa sobre cajas de ahorro y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones".
López Abad ha defendido no obstante que el proyecto partió de un informe presentado por Towers Perrin a la Comisión de Retribuciones de la caja, creada en 2004. La consultora presentó un primer documento sobre las prácticas de retribución de bancos y cajas y recomendó "una retribución fija y/o variable, en forma de dieta, que es el estandar en todas la empresas del IBEX".
La propia consultora propuso que los miembros de los órganos de Gobierno entraran en los consejos de administración de empresas participadas para acceder de este modo a remuneraciones que no podían cobrar en la caja, a consecuencia de los límites legales establecidos.
Aprobada por el consejo de administración
La propuesta fue presentada por el entonces presidente a los miembros del consejo de administración, que dieron su aprobación. Suponía -ha dicho- el desarrollo de áreas de actividad a través de estas empresas asociadas, que tenían conocimientos de mercado especializados en sectores como seguros o inmobiliaria.
La iniciativa representaba "replicar el sistema de gobierno de la caja" en estas participadas, ha agregado el acusado que ha puesto de manifiesto que la Comisión de Control de la CAM "tenía perfecto conocimiento" de las decisiones adoptadas que, además, contaban con informes que avalaban su "legalidad".
También ha asegurado que la iniciativa no contó con la autorizacion del Banco de España porque no era necesario pero que el organismo supervisor "nunca" realizó "comentario alguno sobre este tema".
López Abad ha criticado durante su declaración el sistema de dietas, que ha calificado como un concepto "obsoleto, arcaico y trasnochado" y ha precisado que, en la actualidad, las compañías optan por compensar a sus directivos a través de retribuciones fijas.
Las dietas "irregulares" eran adecuadas, según sus beneficiarios
Mientras, los miembros de la Comisión de Control de CAM que cobraron dietas supuestamente irregulares en una de las participadas de la caja han defendido que sus retribuciones, que alcanzaron casi 1,5 millones, eran "adecuadas" porque su labor no era "pasiva", como sostiene Anticorrupción.
Esta tarde han declarado como partícipes a título lucrativo varios de los 18 miembros del citado órgano, que a su vez integraban la Comisión de Control de la participada Tenedora de Inversiones, donde percibieron las citadas dietas "sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones", según el fiscal.
Sin embargo, todos ellos han explicado que esas remuneraciones eran razonables y adecuadas a su labor en TI, que era diferente a la que desempeñaban en CAM y "necesaria", ya que analizaban de forma personalizada proyectos e inversiones de la compañía que en la caja sólo se estudiaban "de forma global".
Las reuniones de los dos órganos eran el mismo día y, en todo caso, su trabajo contaba con el aval del Consejo de Administración de la extinta caja alicantina y de su Asamblea General.