El CGPJ no ampara a los jueces que denunciaron "injerencias" tras la excarcelación de 'Santi Potros'

• Cree que no atacaron su independencia porque se emitieron tras la decisión
• Sí considera que las críticas del Gobierno suponen un "exceso no justificado"

El Consejo General del Poder Judicial ha negado su amparo a los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional, que se lo solicitaron ante lo que consideraron injerencias del Gobierno frente a su decisión de excarcelar a los etarras Santiago Arrospide Sarasola, 'Santi Potros', y Alberto Plazaola, en aplicación de una norma europea.

La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces se ha reunido con la petición de amparo en su orden del día y la ha negado aunque en ese mismo acuerdo los vocales han incluido una crítica a las declaraciones hechas desde el Ejecutivo lamentando públicamente la excarcelación de Potros.

En concreto el acuerdo del CGPJ considera "un exceso no justificado" las críticas a los jueces del Gobierno, pero rechaza el amparo porque se aquellas críticas produjeron después de excarcelado Potros, de modo que no podían influir en la decisión a tomar por los magistrados afectados.

Rechazado el amparo por tres votos a dos

La decisión de negar el amparo ha sido adoptada por tres votos contrarios al amparo (los del presidente Carlos Lesmes y los magistrados Juan Manuel Fernández y Gerardo Martínez Tristán) frente a dos favorables a concederlo (los de los vocales progresistas Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas).

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez, acordó la excarcelación de los etarras 'Santi Potros' y Alberto Plazaola en función de cómo entendían ellos que debía aplicarse la jurisprudencia del Tribunal Supremo y un acuerdo marco de la Unión Europea.

“Los jueces acusaron a Sáenz de Santamaría, Fernández-Díaz y Rafael Hernando de "pertubar" su independencia“

Los solicitantes acusaron en su escrito a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, de pretender "perturbar" su "independencia" jurisdiccional.

No es la primera queja de los jueces en relación con este asunto, ya que el pasado 18 de diciembre trece magistrados de la Sala Penal del Supremo dirigieron un escrito a su presidente (Carlos Lesmes, también presidente del CGPJ) en el que pedían que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pusiera coto a declaraciones como las del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Críticas a los jueces

El escrito recuperaba las declaraciones que Sáenz de Santamaría realizó el pasado 5 de diciembre, en las que aseguraba que "la ley es muy clara y el criterio de la Sección Primera no cabe en esta ley". "Queremos decírselo también a las víctimas: esto no se puede hacer como lo ha hecho la Sección Primera de la Audiencia Nacional. Lo tenemos muy claro", aseguró.

Fernández Díaz, por su parte, señaló en una entrevista el 7 de enero que la decisión judicial era "lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente". "Conforme a la ley, no podían haber tomado una decisión como esta. Alguien puede pensar que esa decisión se ha tomado deliberadamente con el objetivo de no ajustarse en cuanto a su aplicación de lo que dice la ley sino a la voluntad de los que han adoptado la decisión", añadió.

Además, Hernando calificó de "injustas" estas resoluciones judiciales y afirmó: "No se entiende que en la Audiencia Nacional haya una sección que está a favor de aplicar una doctrina judicial de una determinada forma que siempre es favorable a los terroristas.

La decisión de la Audiencia, anulada por el Supremo

La decisión de la Sección Primera entró en contradicción con otras de la misma Audiencia Nacional respecto a otros etarras, pues distintas secciones de este tribunal entendieron de manera diferente la aplicación de un acuerdo marco de la U.E. de 2008 desarrollado por una Ley Orgánica española en 2014.

El propio Tribunal Supremo estudió el asunto recientemente y cambió su doctrina, anulando la decisión de la Sección Primera. Al tiempo, Potros ha vuelto a prisión por hechos por los que aún no había sido encausado.