El exdiputado Daniel Fernández niega un contrato "a dedo" en su declaración en el 'caso Mercurio'

• La defensa del exdiputado del PSC ha solicitado la nulidad de las escuchas
• El exdiputado del PSC y el exalcalde de Sabadell están imputados
• Se investiga una supuesta contratación "a dedo" en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac

El exdiputado PSC, Daniel Fernández, llega al TSJC por el juicio del caso Mercurio.

El exdiputado del PSC Daniel Fernández ha asegurado este miércoles en el juicio por una pieza separada del caso Mercurio que no tenía "ningún interés" en contratar "a dedo" a una ex alto cargo del tripartito en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac y que él se limitó a dar su opinión cuando le pidieron su colaboración, porque "al final quien manda es el alcalde", ha añadido.

Fernández, que afronta una petición de dos años de cárcel y seis de inhabilitación por tráfico de influencias en el juicio que ha comenzado este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha negado a reconocerse en las escuchas telefónicas en que se sustenta la acusación por usar presuntamente su influencia política para imponer la contratación de la ex alto cargo, amañando un concurso público.

Pese a que a lo largo de su interrogatorio se han reproducido, a petición del Fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo, tres conversaciones intervenidas, el exdiputado y ex número dos del PSC se ha negado a reconocer "voces y contenidos" de las escuchas telefónicas, después de que su defensa ha planteado la nulidad de esas pruebas, una cuestión que el tribunal resolverá en sentencia.

Fernández ha negado que presionara a la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, también imputada en la causa, para que contratara a la exalto cargo del tripartito Carmina Llumà, a instancias del alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, como sostiene la fiscalía.

Los que "mandan" son los alcaldes

El exsecretario de Organización del PSC ha asegurado durante su interrogatorio que la "tradición cultural" del PSC es que los alcaldes del partido "pesan mucho" y en los temas que afectan a su municipio los que "mandan" son los alcaldes "y no hay interferencias posibles".

"Puede haber retóricas, discursos, palabras huecas, pero al final el que manda es el alcalde", ha remarcado Fernández, que ha admitido que en sus conversaciones con Bustos llevó a cabo una "escenificación y teatralización" para aparentar que tenía más poder del que realmente atesoraba en el PSC, por una "cuestión de relaciones internas en el partido".

Fernández ha explicado que todo se remonta a un correo electrónico que recibió el 2 de marzo de la concejal Carmen Porro, que en nombre de la alcaldesa le pedía una reunión en "demanda de colaboración", por lo que se reunió con María Elena Pérez el 16 de marzo.

En esa reunión, según Fernández, Pérez le pidió su colaboración para que le ayudara a buscar a una persona idónea, experta en urbanismo y en el ámbito jurídico, para que se encargara de reordenar el urbanismo de Montcada, una población que es nudo viario y ferroviario y que por lo tanto es de las que sufre "más problemas urbanísticos de Cataluña".

Fernández ha alegado que siempre pensó que se trató de un cargo de confianza, de libre designación, por lo que se limitó a dar voces -especialmente en el Ayuntamiento de Barcelona- y posteriormente, cuando la alcaldesa le preguntó por la idoneidad de Llumà, a darle su opinión positiva, porque tenía un currículum "potentísimo".

Ante el tribunal, Fernández ha recordado que cuando Pérez le preguntó su opinión sobre Llumà -que estaba casada con un colaborador de Bustos-, él le confesó que si alguien podía fichar a una especialista con su currículum "es como si le tocara la lotería".

El exdiputado no reconoce las escuchas

"Yo no tenía ningún interés en colocar a Llumà en ningún sitio", ha repetido varias veces Fernández durante el interrogatorio, en el que cada vez que el fiscal le hacía oír una conversión intervenida replicaba sosteniendo que no reconocía el documento, con frases como "en esta grabación que no reconozco" o "en esta escucha que sigo sin reconocer".

Fernández ha admitido que cuando la alcaldesa Pérez le dijo, en una reunión que mantuvieron el 18 de mayo de 2012 en la sede central del PSC, que tenían problemas para contratar a Llumà -ya que habían convocado un concurso público y la empresa de recursos humanos externa la había declarada No apta-, no entendió nada, porque pensó que se trataba de una plaza de libre designación, al ser un cargo de confianza.

No obstante, ha asegurado que, pese a que en una de las escuchas le dijo a Bustos que llamaría a Pérez para exigirle que contactara con la empresa de recursos humanos para que cambiaran el "No apta" por el "Apta", finalmente no lo hizo.

Según el fiscal, Pérez se acabó reuniendo con las responsables del proceso de selección, que modificaron el "No apta", lo que facilitó finalmente el fichaje de Llumà.

La defensa pide que se anulen las escuchas

Por su parte, la defensa del exdiputado del PSC Daniel Fernández y del exalcalde de Sabadell Manuel Bustos ha pedido este miércoles que se anulen como pruebas las escuchas telefónicas en una pieza separada del caso Mercurio que investiga la supuesta contratación "a dedo" de una ex alto cargo del tripartito en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, en Barcelona.

El letrado, Cristóbal Martell, argumenta que dichas escuchas son ilegales y considera que la investigación ha estado dirigida "manu militari" por los Mossos sin apenas control judicial. Por ello, ha pedido que se expulsen del proceso las escuchas telefónicas, que son claves para sustentar la acusación.

Tras deliberar esta petición, a la que se ha opuesto la Fiscalía, la sala del TSJC ha acordado resolver en sentencia la nulidad o no de estas escuchas, lo que, de estimarse, podría acabar afectando el recorrido judicial de las más de 50 piezas del caso Mercurio que aún siguen abiertas.

Martell ha solicitado la nulidad de la prueba, en el trámite de cuestiones previas al inicio del juicio contra el exdiputado del PSC Daniel Fernández, el exalcalde de Sabadell Manuel Bustos, su hermano y exconcejal Francisco Bustos y la alcaldesa de Montcada, Maria Elena Pérez.